Zar antidrogas de Estados Unidos va en contra de funcionarios corruptos de México
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Con relación al caso de Rocha Moya y los funcionarios de Sinaloa, Sara Carter señala posible persecución en contra de políticos que colaboren con el cártel
El 13 de junio, Sara Carter, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, también conocida como la ‘zar antidrogas’, amenazó a las autoridades de México que tengan lazos con el crimen organizado.
Las amenazas de la zar antidrogas ocurren dentro del contexto político donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 10 funcionarios de Sinaloa de haber colaborado con el crimen organizado, específicamente con el de Los Chapitos.
En una conferencia de prensa de la American Thought Leaders, Sara Carter afirmó que quienes estén colaborando con el narcotráfico estarán en la mira del presidente Donald Trump y su administración presidencial. Reiteró que esto se acentúa en contra de los 10 funcionarios ya señalados, donde se incluye al gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
‘Podemos hacerlo, en primer lugar, porque el gobierno mexicano, como muchos de los gobiernos de nuestro hemisferio, sabe que el presidente Donald Trump cumple lo que dice’ amenazó Sarah Carter.
Durante el informe de prensa, la zar antidrogas, quien pospuso su reunión con la presidenta de México, aseveró que las amenazas se dirigen a quienes no cooperen con las investigaciones en contra del crimen organizado. Previamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el siguiente paso para combatir al cártel será por tierra.
Por su parte, Sara Carter destacó los avances en colaboración que se han mostrado en la actual administración de México.
‘Vimos avances significativos en México, especialmente contra Nemesio Oseguera Cervantes y el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando pudimos actuar contra “El Mencho”. Lo hicimos mediante nuestro trabajo de inteligencia, pero aprovechando la colaboración de la Guardia Nacional mexicana’ comentó Carter.
Actualmente, los 10 funcionarios que fueron acusados por Estados Unidos no fueron extraditados por las autoridades de México, ya que consideraron que las pruebas no eran suficientes. Sin embargo, tres de los funcionarios, Gerardo Mérida Sánchez, Enrique Alfonso Díaz Vega y Marco Antonio Almanza Avilés, se entregaron voluntariamente para ser juzgados por las autoridades estadounidenses.
