Investiga EU a funcionarios de la 4T en trama de lavado de dinero y drogas: Riva Palacio

Cuatro agencias de Estados Unidos investigan a funcionarios del gobierno federal mexicano debido a una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas, reveló este miércoles el periodista Raymundo Riva Palacio, en su columna de VANGUARDIA.

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“La trama involucra a mafias rusas y rumanas, a más de una decena gobiernos, a cárteles de las drogas mexicanas, a guerrillas colombianas, a funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al embajador en Canadá y ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y un agente de inteligencia venezolano con ciudadanía mexicana, en una operación tricontinental de lavado de dinero y drogas.

“Esto no es un thriller, sino una realidad que supera la ficción y que forma parte de una investigación de cuatro agencias de Estados Unidos, que descubrieron en el hackeo de millones de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la punta de la madeja”, señala Riva Palacio.

De acuerdo con el texto, en esta indagatoria participan la CIA, el FBI, la Agencia para el control del Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego, así como por el Departamento de Seguridad Territorial.

Las indagatorias versan sobre un complejo entramado que presume lavado de dinero con epicentro en San Juan, Puerto Rico, debido a la laxitud de sus controles financieros, no obstante, esta red que tendría ramificaciones importantes en Cancún, Punta Cana (República Dominicana), Los Roques (Venezuela), y en menor medida Belice, Colombia, Nicaragua, Brasil y Panamá, tiene como propósito financiar la llamada revolución bolivariana y acciones terroristas.

“Las agencias estadounidenses comenzaron la investigación en 2019 siguiendo las rutas del lavado de dinero, pero hasta que aparecieron los Guacamaya Leaks el año pasado, como se llama al hackeo que realizó un grupo misterioso a la Secretaría de la Defensa Nacional, se alcanzó a ver su dimensión”, consideró Riva Palacio.

Los personas afines a la 4T que están bajo la mira de las autoridades norteamericanas son: Juan Manuel Calderón Jaimes, nombrado en marzo de 2019 por el presidente como cónsul general en Puerto Rico, y Jorge Luis Brizuela Guevara, a quien se conoce en Quintana Roo como el venezolano, que se presenta como empresario.

Calderón Jaimes, a quien identifican como un diplomático de carrera, previo a su encargo en Puerto Rico, fue agregado de Asuntos Políticos y de la Sección Consular de la Embajada de México en Venezuela, en donde de acuerdo a los informes de la Defensa considerados por Riva Palacio, fue “cooptado” por los servicios de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, Brizuela Guevera es señalado como “agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional” del gobierno de Nicolás Maduro.

Además, se le considera -de acuerdo con el texto de Riva Palacio que a su vez menciona informes de inteligencia militar- como enlace entre los miembros de la mafia rumana en Cancún y los servicios de inteligencia venezolanos, así como el gozne entre el entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y “organizaciones criminales trasnacionales”.

“Otro correo enviado por un coronel de inteligencia mexicano en Belice el 31 de enero de 2022 sobre las operaciones financieras del Belize Bank Limited, mencionó a Brizuela Guevara como el arquitecto de una estructura a través de varios bancos beliceños hacia Puerto Rico con transferencias de ciudadanos mexicanos, beliceños, guatemaltecos, colombianos y rumanos, que servían para ‘movilizar recursos de procedencia ilícita de las estructuras financieras de organizaciones criminales mexicanas’”, publicó el columnista de VANGUARDIA.

En la columna se hace mención de un correo del 24 de febrero en donde se señala que menciona que Calderón Jaimes le comunicó al subsecretario para Asuntos Latinoamericanos y del Caribe, Maximiliano Reyes, que “existe información muy delicada que indica que Joaquín (N) está usando Facebank para sus operaciones”.

Riva Palacio contextualiza señalando que Facebank es un banco venezolano que forma parte de las instituciones que son sujetas a la investigación de las agencias estadounidenses sobre el presunto lavado de dinero.

Además menciona que “Joaquín” es Joaquín Leal, propietario de la empresa mexicana Libre Abordo, que a mediados de 2020, junto con una empresa asociada, Schlager Business Group, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar ayudando a Venezuela a evadir sanciones de esa nación mediante el comercio con petróleo venezolano.

Un correo de la Defensa del 22 de noviembre de 2019, revela la existencia de dos contratos entre México y Venezuela, denominados “Petróleo por Alimentos”, donde le daban 210 mil toneladas de maíz -aparentemente de los faltantes del fraude en Segamlex- y mil cisternas de agua potable, a cambio de dos millones de barriles de petróleo diario, que se incrementó a 30, que fueron transportados por las dos empresas mexicanas, que se convirtieron en los principales clientes de la empresa petrolera venezolana.

“La conexión Puerto Rico no parece estar lejos de ser dada a conocer, en todos sus detalles, por las autoridades estadounidenses, donde la vertiente mexicana de todo este entramado criminal va a surgir. Hay un número no precisado de funcionarios del gobierno de López Obrador involucrados, aunque por la vigilancia que tiene inteligencia militar sobre la cancillería mexicana, se presume que la mayoría puedan encontrarse en esa dependencia. Pero no son los únicos”, concluye Riva Palacio.