Jóvenes Construyendo el Futuro sigue sin corregir diversas irregularidades

“Jóvenes Construyendo el Futuro opera de buena fe, con reglas, supervisión y controles que permiten identificar la ausencia de capacitación o cualquier tipo de irregularidad para aplicar las sanciones pertinentes”, dijo Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa nuevamente la operación de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), el programa insignia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y ahora encontró irregularidades equivalentes a 28.1 millones de pesos.

Si bien es cierto que la cantidad observada dentro de la Cuenta Pública 2020 es mínima si se compara con el presupuesto de 24,628 millones de pesos ejercidos para este fin en el año revisado, no deja de llamar la atención las fallas persistentes en la supervisión, pues han sido señaladas en reiteradas ocasiones, tanto por la ASF como por diversas asociaciones civiles.

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Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que tiene como fin vincular a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan con centros laborales para su capacitación, con el fin de facilitar su empleabilidad en el futuro. A cambio les entrega una beca equivalente a un salario mínimo, que en el periodo revisado por la ASF fue de 3,748 pesos mensuales.

Hace un año la ASF ya había señalado varios de los problemas nuevamente detectados.

Éstas son algunas de las irregularidades persistentes detectadas en la última entrega de la Cuenta Pública:

Se entregaron apoyos a 38 personas registradas como beneficiarias que fallecieron entre 2019 y 2020. El probable daño de esto equivale a 351,720 pesos.

Se benefició con el seguro médico del IMSS de 3 a 12 meses a 17,283 personas de las que no se demostró que estuvieran vinculadas a un centro laboral inscrito en el programa. El impacto de esto equivale a 3.2 millones de pesos.

Se le dio una beca a 1,315 personas que ya recibían apoyo de la SEP por estar inscritos en algún programa de educación superior, por lo que no cumplían con los requisitos para pertenecer a JCF. El posible daño de esta acción equivale a 19.6 millones de pesos.

Se le otorgaron pagos a 41 personas que al mismo tiempo de la capacitación estaban registrados como funcionarios públicos en el ISSSTE. El probable daño es de 153,400 pesos.

Se le otorgaron pagos a 71 personas que ya eran trabajadores de las empresas en las que se capacitaron y que estaban dados de alta en el IMSS. El impacto de esta acción es de 1 millón de pesos.

Se les pagó la beca a 252 beneficiarios que también estaban dados de alta en los centros de trabajo como tutores de los becarios. El posible daño de esta acción equivale a 2.2 millones de pesos.

Se les pagó la beca a 106 personas que estaban inscritas en el sistema como representantes de los centros laborales registrados para participar en el programa. El impacto de esta acción equivale a 1.5 millones de pesos.

En al menos 10,848 filiales de los centros de trabajo dados de alta no se respetaron los límites de becarios establecidos en las reglas de operación del programa, por lo que se solicitó a la STPS que inicie las investigaciones para definir las posibles sanciones administrativas para los funcionarios que no supervisaron esta falla.

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Todas las irregularidades mencionadas anteriormente, señala la ASF, denotan deficiencias en los mecanismos de control en la validación de los requisitos, así como de la supervisión y actualización de la información de los beneficiarios, debido a que no se comprueba si éstos estudian o trabajan, antes de otorgarles el apoyo e impide verificar el cumplimiento del objetivo del programa.

Para ser justos, no se puede ignorar que la STPS ha reforzado los mecanismos de supervisión del programa después de los hallazgos presentados en años anteriores, la misma ASF reconoce algunas de estas acciones en su nuevo informe, y es parte de los compromisos asumidos por la Secretaria del Trabajo en la cita que abre este espacio, el pequeño detalle es que es una declaración de hace un año, precisamente en respuesta a las observaciones de la Auditoría, pero de 2019.

De esta manera, la gran interrogante sigue siendo si estos controles son suficientes para frenar acciones que opacan el objetivo general del programa. Todo parece indicar que no lo han sido.

Con información de medios