Juez federal ordena investigar denuncia de tortura de líder criminal relacionado con el caso Ayotzinapa

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/ 27 enero 2024

La demanda de amparo fue interpuesta por Casarrubias Salgado desde el penal donde está detenido, ofreciendo pruebas de presunta tortura

Un juez federal ha emitido una orden a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar las acusaciones de tortura presentadas por Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal “Guerreros Unidos” y vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La demanda de amparo contra tortura fue interpuesta por Casarrubias Salgado dentro del penal donde se encuentra detenido. En su escrito, ofreció pruebas de los presuntos actos de tortura y solicitó al juez Sexto de Distrito de Amparo en el Estado de México que se investigara el posible delito cometido en su contra.

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El juez de amparo, al responder a la demanda, señaló que la facultad de investigar y perseguir delitos recae en el Ministerio Público y las autoridades policiales, no en el juez. Sin embargo, dada la gravedad de las denuncias, el juez ordenó que se informara a la FGR para que, en el ejercicio de sus atribuciones, determinara si iniciaba una investigación independiente, imparcial y exhaustiva.

BUSCAN INVESTIGACIÓN SOBRE POSIBLE TORTURA DE SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO

La orden busca esclarecer el origen y naturaleza de las presuntas afectaciones a la integridad personal de Sidronio Casarrubias Salgado, así como identificar y procesar a los responsables, según indicó el juez. Se enfatizó que esta investigación no implica prejuzgar sobre la existencia o inexistencia de los actos de tortura, ya que eso será motivo de análisis en la sentencia del juicio constitucional.

Además, el juez estableció un plazo de tres días para que Casarrubias aclare a la autoridad que él considera responsable de la tortura, ya que en su demanda mencionó a la Comisión Nacional de Seguridad, institución que ya no existe.

Es importante destacar que el juez subrayó que la falta de exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de llevar a cabo dichos exámenes e iniciar la investigación correspondiente.

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