La CEAV cumple más de un año sin comisionado, víctimas sufren desinterés y abandono

Desde hace más de un año la comisión responsable de atender a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el país o de delitos que necesitan ser compensados y reparados no tiene una persona que la encabece, ni tampoco un encargado formalmente designado. Pese a que desde marzo comparecieron los aspirantes, en el Senado no hay fecha para que las designaciones se lleven a cabo.

Mientras tanto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) continúa operando inercialmente con múltiples problemas estructurales: procesos excesivamente burocráticos y complejos, más de 450 amparos emitidos en su contra por violar los tiempos que la ley de víctimas establece, rezagos en más tres mil resoluciones de atención a víctimas, falta de personal y al mismo tiempo despidos, colaboradores que trabajan por outsourcing, multas por incumplimiento de sentencias, entre otros.

Hay casos ocurridos desde hace años como el de las víctimas de los granadazos en Michoacán o el de los padres de la Guardería ABC que según sus abogados siguen sin poderse cerrar de manera adecuada.

“Hay un claro desinterés y abandono. Muchos asuntos se quedaron parados precisamente porque la comisión de victimas decía que no tenía comisionado y no había quien firmara. Luego se quedó un encargado que también renunció entonces obviamente esto trajo como consecuencia que se retrasara aún más la emisión de resoluciones de compensación o reparación de daño por violaciones a derechos humanos”, dijo Reyna Velasco, abogada especializada en casos de atención a víctimas.

Animal Político buscó a la CEAV para preguntar el nombre de la persona que actualmente se hace responsable de la dirección y operación de dicha comisión. Como respuesta, la comisión no proporcionó el nombre de nadie en específico, y solo señaló que “los directores generales” de cada área son responsables de las funciones que la norma señala. Esto sin que la operación del organismo se haya visto afectada.

Y sobre el despido de funcionarios, la CEAV reconoció oficialmente que “han existido cambios en la plantilla”, pero dijo que el objetivo es buscar perfiles “más profesionales” y que se trabaja en cubrir las vacantes actuales.

También se buscó al Senado de la República para conocer si ya existe una fecha establecida para la elección del próximo titular de la CEAV. La respuesta oficial fue que aún no pues el procedimiento de votación es por cédula y, por lo tanto, está sujeto a que se pueda realizar una sesión presencial cuando la pandemia lo permita.

Renuncias y escándalo

La última comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas en el país fue Mara Gómez Pérez quien solo duró poco más de seis meses en dicho cargo. Su renuncia, presentada en junio de 2020, se dio tras dos semanas de fuertes protestas por parte de familiares de personas desaparecidas que exigían su sustitución debido a la falta de resultados.

Al momento de dimitir Gómez Pérez acusó que la función de la CEAV se había “pervertido”, que su diseño original pensado en una atención integral a las víctimas, se había convertido en una estructura meramente clientelar, y que las auditorías practicadas a las gestiones anteriores habían revelado numerosos hechos de posible corrupción.

En ese contexto la comisionada acusó en una carta dirigida al Senado que las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador profundizarían la crisis institucional en la CEAV poniendo en riesgo la viabilidad de su operación.

“No se puede transformar una institución y atender eficazmente las responsabilidades que le competen si no se cuenta con el apoyo necesario, tanto económico como institucional”, dijo la comisionada.

Tras la salida de Mara López, la junta de Gobierno de la CEAV eligió como encargado de despacho a Andrés Vázquez, con la finalidad de que ocupara dicho cargo mientras se desarrollaba el proceso para elegir a un nuevo titular de la institución. Sin embargo, el pasado 4 de enero dicho funcionario también presentó su renuncia, sin que se detallaran las razones de ello.

En marzo, nueve meses después de la salida de la última comisionada, en el Senado de la República se llevó a cabo la comparecencia de los tres aspirantes a ocupar dicha posición: Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Claudia Lilia Cruz Santiago y Luis Fernando Rosas Ramírez.

Lo que sigue es la elaboración y presentación del dictamen en el cual se selecciona al candidato ganador y se presenta para su aprobación en comisiones, y luego ante el pleno.

Esto es justamente lo que no ha ocurrido ni hay fecha para ello. Tampoco ha sido mencionado como una prioridad por ninguno de los legisladores.

Los candidatos que participaron en el proceso dijeron no tener claro cuándo habrá una decisión sobre ello.

Animal Político buscó a la oficina del Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, para conocer algún avance sobre el procedimiento. La respuesta es que el proceso está a cargo de la comisión de Gobernación que preside la senadora de Morena, Mónica Fernández.

La senadora, por su parte, respondió a este medio que su comisión ya elaboró el dictamen sobre la idoneidad de los tres candidatos, y ahora toca a la mesa directiva convocar a una sesión presencial para que el procedimiento pueda continuar. Sin embargo, dado que tiene que ser una sesión presencial esto no ha podido materializarse pues hay restricciones sanitarias.

“Nosotros ya hicimos la parte que nos correspondía y lo enviamos a la mesa directiva. Lo que toca ahora es que el tema se aborde en una sesión presencial porque esta elección requiere votación mediante cédula, en urna transparente y papeleta. La comisión permanente que es la que opera ahora no está facultada para eso y tenemos que esperar a que inicie el periodo ordinario el 1ro de septiembre”, dijo la senadora.

Fernández reconoció que el proceso para elegir al titular de la CEAV ha sido complejo, y que la situación se ha retrasado más por la pandemia sanitaria. No obstante, dijo tener confianza en que en los próximos meses pueda finiquitarse este nombramiento.

La crisis estructural

En febrero pasado este medio reveló que los pagos a las víctimas por reparaciones de daño (que opera y autoriza la CEAV) habían disminuido más de un 80 por ciento. Esto coincidía además con el problema de muchos funcionarios de la propia comisión que laboran sin contrato, y con el creciente número de amparos emitidos en su contra por no cumplir con sus obligaciones legales.

Los diagnósticos que el Senado recibió sobre la situación de la comisión con motivo de las comparecencias de los aspirantes a dirigir dicho organismo confirmaron que existe una crisis estructural en la CEAV.

Por ejemplo, hasta el cierre del año pasado existía un rezago de 3 mil 279 solicitudes de acceso al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) a través del cual se reconoce oficialmente a una persona o personas como víctimas de un caso de violaciones a derechos humanos o de un delito federal. Este retraso es grave dado que sin el ingreso al RENAVI no procede ningún otro tipo de apoyo, compensación ni reparación.

A ello se suma la burocracia en los trámites y que se manifiesta, por ejemplo, en los retrasos para emitir notificaciones las cuales pueden tardar incluso meses. No son pocos los casos en donde la Comisión ha perdido, además, parte de la papelería de los expedientes, situación que obliga a las víctimas a volver a realizar trámites y retardar por años todos los procedimientos.

Las víctimas requieren de un asesor jurídico (abogado) que acompañe no solo sus procesos penales sino también en todo lo relacionado con las disposiciones de la ley General de Víctimas. Para ello la CEAV cuenta con asesores, sin embargo, estos se encuentran rebasados por las cargas de trabajo. Ello sumado a que su salario es hasta tres veces inferior al de un defensor público federal.

Hay ocasiones en que la lentitud en los procedimientos es responsabilidad de otras instituciones que integran el Sistema Nacional de Víctimas. Por ejemplo, en materia de salud hay medidas que corresponde realizar al INSABI, pero no lo hace. Lo mismo pasa en casos de violaciones a derechos humanos donde es la institución responsable la que debería asumir las reparaciones, pero la CEAV carece de mecanismos para hacer que ello se cumpla.

En ese contexto la comisión asume un papel de entidad de apoyo subsidiario, pero al no tener la infraestructura suficiente ni los procedimientos adecuados, se termina revictimizando a las personas que buscan atención.

Prueba de ello es que hasta el cierre de 2020 la comisión ya acumulaba 453 juicios de amparo abiertos en su contra por víctimas que han tenido que recurrir a los jueces ante la falta de respuesta o solución a distintos procedimientos por parte de la CEAV.

“En el mismo 2020, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenía 38 multas contra su titular por un monto de 328 mil 468 pesos, a causa del incumplimiento de las sentencias de un juez a favor de los perjudicados. Multas que ante la falta de un titular en la CEAV tampoco se pueden ejecutar”, indica el diagnóstico.

El organismo adolece al mismo tiempo de falta de esquemas específicos de atención de acuerdo con los tipos de delitos y violaciones a derechos humanos que enfrenta. Y es que no es lo mismo atender un asunto de una violación grave a derechos humanos que otro de negligencia en un servicio médico, sin embargo, los planes o estrategias muchas veces son los mismos.

Otro problema es el desgaste institucional que existe en los centros de atención integral que tiene la CEAV en el país y donde el personal no ha recibido un proceso de atención y contención psicológica pese a la magnitud de los casos que acompañan y al riesgo en que en muchas ocasiones también se exponen.

“No existen herramientas de protección para el personal que en algunos casos tiene que realizar diligencias que pone en riesgo su seguridad” indican los diagnósticos.

A esta situación se suma la fragilidad en las condiciones laborales de los propios colaboradores de la CEAV. Funcionarios que laboran sin contratos, o que sí cuentan con ellos, pero solo por periodos cortos de tres meses, situación que genera inestabilidad e incertidumbre.

Un ejemplo de ello es la Unidad de Género donde exfuncionarias que trabajaban ahí confirmaron que tan solo en este año se ha removido a personal que de por sí ya colaboraba vía outsourcing.

“La operación de la comisión se encuentra al borde del colapso” dijo Mara Gómez la última comisionada de la CEAV antes de dejar su puesto. Criticó que más del 60 por ciento de su personal no se encontraba contratado con una base, y que su continuidad se encontraba en riesgo luego de que se promovieran medidas de austeridad que afectaban su operación.

De hecho, en el último año, el presupuesto de la CEAV disminuyó de 855 millones de pesos en 2020 a 843 millones de pesos en 2021. A ello se sumó la eliminación del fideicomiso a través del cual se manejaba el fondo para el pago de ayudas y reparaciones a las víctimas. Ahora, dicho recurso se controla directamente desde la Secretaría de Hacienda.

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