Contratos bajo la lupa: cuatro estados responden por empresas ligadas al entorno de Taddei

Las investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de material electoral con empresas vinculadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas comenzaron a generar respuestas en los organismos electorales de distintos estados.

Hasta ahora, los institutos de Sonora, Veracruz, Querétaro y Oaxaca han fijado postura sobre los señalamientos relacionados con compañías que han sido vinculadas con el entorno de Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

El caso tomó relevancia luego de que se documentara que empresas de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas recibieron más de mil millones de pesos desde 2014 por contratos con al menos 13 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

¿QUÉ SE INVESTIGA SOBRE LAS EMPRESAS LIGADAS AL CLAN TADDEI?

Las investigaciones apuntan a un posible esquema de contratación en el que varias compañías habrían simulado competencia para obtener adjudicaciones de organismos electorales.

De acuerdo con información publicada por EL UNIVERSAL, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también identificaron operaciones en entidades como Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Campeche, Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas.

Los señalamientos incluyen posibles vínculos entre funcionarios electorales y personas relacionadas con las empresas investigadas. Sin embargo, las responsabilidades deberán establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

SONORA Y QUERÉTARO CONFIRMAN REQUERIMIENTOS DE LA ASF

En Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana confirmó que recibió una solicitud de información de la ASF sobre contratos de material electoral.

Su consejero presidente, Nery Ruiz Arvizu, aseguró que el organismo prepara la documentación y sostuvo que auditorías anteriores no detectaron observaciones relacionadas con las irregularidades señaladas. También manifestó su disposición a colaborar con nuevas revisiones.

Por su parte, la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz Rodríguez, reconoció contratos con dos empresas investigadas durante los procesos electorales de 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024.

La funcionaria indicó que actualmente no existen contratos vigentes con esas compañías y afirmó que las adjudicaciones se realizaron mediante licitaciones nacionales. También confirmó que la ASF solicitó información sobre los procedimientos.

VERACRUZ NIEGA CONTRATOS RECIENTES CON LAS COMPAÑÍAS

En Veracruz, el secretario ejecutivo del OPLE, Luis Fernando Reyes Rocha, negó que durante su gestión, iniciada en enero de 2023, se hayan otorgado contratos o adjudicaciones directas a las empresas señaladas.

Además, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta suplantación de identidad y falsificación de firma en un supuesto poder notarial.

No obstante, los registros del organismo muestran contratos con Litho Formas por más de 210 millones de pesos en 2024 y otros superiores a 250 millones en 2025. El funcionario sostuvo que la última contratación con empresas vinculadas al caso ocurrió en 2018.

OAXACA REGISTRA CONTRATOS POR MÁS DE 190 MILLONES

El caso de Oaxaca presenta otro escenario. Entre 2021 y 2024, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana otorgó más de 190 millones de pesos en contratos mediante adjudicaciones directas a compañías investigadas por la ASF y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Entre ellas figura Corporativo ZEG, que recibió contratos por 32 millones y 36.09 millones de pesos.

Las contrataciones fueron cuestionadas por el entonces titular del Órgano de Control Interno, quien denunció posibles irregularidades en los procedimientos de adjudicación.

Las respuestas de los cuatro organismos muestran distintas situaciones contractuales y administrativas. Mientras las revisiones continúan, las autoridades fiscalizadoras deberán determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.