Desecha Suprema Corte 6 de cada 10 denuncias por irregularidades

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó seis de cada diez denuncias que fueron interpuestas contras sus trabajadores por supuestas omisiones o actos irregulares.

De enero de 2023 a la fecha se dio trámite a mil 130 expedientes, a los que se sumaron 27 que estaban en trámite al 31 de diciembre de 2022, señala el informe final de la gestión de la ministra presidenta Norma Piña Hernández.

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Del total de mil 158 asuntos que ingresaron ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), egresaron mil 081 a través de la emisión de mil 096 determinaciones, debido a que de 15 asuntos se emitieron resoluciones.

De esas mil 096 determinaciones, en 666 asuntos -el equivalente al 60.7%- se desecharon las denuncias o se emitió un acuerdo de incompetencia; 22 más se tuvieron por no presentadas; en siete casos se concluyó de manera anticipada la investigación; en 38 se determinó la conclusión y archivo de la investigación; y en otros 363 se elaboró el informe de presunta responsabilidad administrativa.

“Se dio prioridad a la atención de los asuntos relacionados con acoso laboral, sexual o cualquier otra forma de violencia sexual y de género. En estos casos, se dio intervención a la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género para brindar acompañamiento y atención especializada a las personas presuntamente afectadas”, menciona el informe.

Un balance realizado por el diario Excélsior indica que sólo en 34 casos fueron decretadas medidas cautelares, tanto para la revictimización de las personas supuestamente afectadas, como para la protección de testigos y se permita el desarrollo de la investigación.

Durante los dos años con ocho mese de la presidencia de Norma Piña fueron impuestas 36 sanciones derivadas de procedimientos de responsabilidad administrativa.

Nueve castigos fueron amonestaciones privadas y se presentaron seis amonestaciones públicas; también determinaron siete inhabilitaciones, cuatro suspensiones, tres sanciones económicas y tres apercibimientos públicos.

“Además, se realizó la anotación de 11 registros de personas servidoras públicas a quienes se consideró responsables de faltas administrativas, pero respecto de las que la autoridad resolutora se abstuvo de imponer sanción”, explican en el informe.

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En el reporte resaltan que robustecieron las vías para facilitar la presentación de denuncias por corrupción, como el buzón electrónico de denuncias, que está vinculado con el Sistema Electrónico de la Suprema Corte.

Con esta modificación se presentó un aumento significativo de las denuncias, ya que se tuvieron mil 130 expedientes, mientras en los primeros cinco años de funcionamiento de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas se contabilizaron 919.

Con información de Excélsior