El mayor caso de huachicol fiscal en México llega a manos de la Suprema Corte
La petición de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborde el caso más importante de huachicol fiscal del que se tenga registro público fue tomada por el Ministro Irving Espinosa
El Gobierno federal pidió ayer a la Corte su intervención extraordinaria para mantener viva la acusación por contrabando de 21.5 millones de litros de diésel, imputado en 2025 al empresario Edgar Marín Meza Moreno, que está en riesgo de ser cancelada por una falta de coordinación entre la FGR, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
El SAT solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción para aclarar si el Gobierno puede impugnar, mediante un amparo, la sentencia de un tribunal colegiado de apelación de Xalapa, que el pasado 13 de noviembre revocó el auto de vinculación a proceso contra Meza.
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”El asunto reúne características especiales que justifican que el Alto Tribunal conozca del mismo, a fin de fijar un criterio unificador que se incorpore al orden jurídico nacional para dar certeza, tanto al fisco federal como a los contribuyentes, respecto de las facultades de la autoridad hacendaria”, dice la solicitud de atracción, fechada el 23 de enero.
Pese a que el SAT no está legitimado para solicitar la atracción, el pasado 2 de marzo el Ministro Irving Espinosa hizo suya la petición, que por tanto será sometida a votación del Pleno de la Corte para resolver si acepta o no el caso.
En abril de 2025, la anterior integración de la Corte aprobó jurisprudencia que autoriza a la Secretaría de Hacienda para promover amparos en procesos penales por delitos fiscales.
El Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito revocó el auto contra Meza, dueño de la empresa Impulsora de Productos Sustentables S.A.P.I. porque la FGR no dio intervención en el caso a la ANAM, que en 2022 asumió todas las funciones en materia aduanera que antes tenía el SAT.
La Corte, por tanto, podría considerar que el caso es relevante para aclarar si la ANAM tenía que haber participado en todos los delitos relacionados con aduanas que se han imputado desde esa fecha.
El Caso Atlantic Bay implica al menos cuatro decomisos de combustibles o derivados de combustible en puertos mexicanos como sucedió en octubre de 2019 en Tuxpan, Veracruz, cuando se hallaron 21.5 millones de litros de diésel automotriz.
Posteriormente, en 2025, se hallaron 10 millones de litros de huachicol fiscal en Tampico, Tamaulipas, en el buque Challenge Procyon.
En marzo de ese año se hallaron 8.89 millones de litros de diésel automotriz en Ensenada, Baja California, y en julio 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilados en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.
Grupo REFORMA publicó ayer que, según la imputación contra Meza, entre el 4 y el 18 de octubre de 2019, el buque Atlantic Bay introdujo al País 28.7 millones de litros de diésel por el puerto de Tuxpan, pero sólo se declaró la importación de 7.2 millones de litros.
Por tanto, Impulsora de Productos Sustentables solo pagó 46.1 millones de pesos de impuestos, provocando un daño al erario que el SAT calculó en 173 millones de pesos por IEPS, IVA y derechos de trámite aduanero.
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Si bien el presunto contrabando se concretó a principios del anterior gobierno, fue hasta el 3 de julio de 2025 cuando la FGR presentó la imputación contra Meza Moreno.
Impulsora de Productos Sustentables fue creada en 2013 para aprovechar la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto y se convirtió en la proveedora de Interjet, aunque para finales de 2021, ya le debía mil 191 millones de pesos a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
En tanto, el diésel importado en el buque fue vendido por Gunvor Group, multinacional de materias primas con sede en Suiza bloqueada el año pasado por el Departamento del Tesoro.
