Exigen 37 ONG al SAT no obstaculizar labor social

Para frenar la revocación de autorizaciones para recibir donativos, las 37 organizaciones que integran la red Manifiesta tu Ciudadanía solicitaron un diálogo urgente de alto nivel con autoridades federales, ante el endurecimiento de criterios fiscales que —advierten— pone en riesgo la operación de las ONG en México.

En un oficio presentado este martes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Bienestar y el Servicio de Administración Tributaria, las ONG pidieron establecer una mesa de trabajo para “construir soluciones conjuntas que permitan cumplir con la ley sin obstaculizar el trabajo social”.

David Pérez Rulfo, integrante del Comité Ejecutivo de la red, expone a EL UNIVERSAL que hoy en día existe un trato duro y muy complejo hacia las ONG, “porque cada vez más, a través de misceláneas fiscales, nos hacen muy complicado el cumplimiento de todos los requerimientos fiscales. Podría decir que las donatarias autorizadas son más reguladas que los casinos, los bares y las empresas de apuestas”, sostiene, al evidenciar la carga normativa que enfrentan frente a otros sectores.

Pérez Rulfo advierte que los primeros signos de esta situación comenzaron a observarse desde 2019.

“Desde los primeros meses empezamos a registrar tropiezos. Se cancelaron apoyos, desapareció el Indesol [Instituto Nacional de Desarrollo Social], que era nuestra ventanilla de relación con el gobierno, y el diálogo prácticamente se cerró”, explica.

Y dice que, desde entonces, las disposiciones fiscales y antilavado han aumentado la complejidad operativa para organizaciones de todos los tamaños.

El integrante de Manifiesta tu Ciudadanía comenta que la problemática no se limita a organizaciones que hayan incumplido, sino que alcanza a instituciones con décadas de experiencia.

“Tenemos organizaciones de 30 o 35 años que participaron en la construcción de la Ley de Fomento de 2004 y hoy enfrentan sanciones que nos parecen excesivas”, señala.

En ese contexto, denuncia una “disparidad en el trato” frente a otras personas morales del ámbito económico.

”Para nosotros no hay un juicio previo ni una posibilidad clara de defensa; simplemente se nos informa que la autorización ha sido revocada”, afirma.

Agrega que esa situación genera incertidumbre jurídica y complica la operación cotidiana, desde la obtención de recursos hasta la continuidad de proyectos sociales.

”Me ha tocado acompañar procesos de cierre. Hay personas que dicen ‘si ayudar cuesta tanto trabajo, mejor lo dejo’”, relata.

De forma personal, estima que al menos 15 organizaciones han bajado la cortina desde 2019 por falta de recursos, exceso de carga administrativa o inviabilidad operativa.

El panorama, agrega, es aún más preocupante si se considera que el número de organizaciones de la sociedad civil en México no ha crecido en los últimos 15 años.

”Se crean y desaparecen, algunas son revocadas; es un espacio cada vez más complejo”, resume.

De mantenerse la tendencia, insiste, cada vez menos personas optarán por crear asociaciones para ayudar, lo que impactará directamente a poblaciones vulnerables.

”Estamos hablando de instituciones que trabajan en beneficio de terceros, no de autobeneficio”, enfatiza, al referirse a niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes y comunidades que dependen de estos apoyos. Pese a ello, reitera que la postura de la red es privilegiar el diálogo.

“No somos una organización de confrontación; buscamos una interlocución técnica, con propuestas y con disposición a construir soluciones”, menciona.

Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), advierte que debilitar a la sociedad civil organizada tiene efectos directos en la capacidad del país para enfrentar problemas estructurales.

”Toda sociedad democrática necesita mucha sociedad civil organizada”, sostiene.

Bucio subraya que estas organizaciones son clave para disminuir la inseguridad, la pobreza y la desigualdad, así como para fortalecer el tejido social y atender a los grupos más vulnerables.

”Para mejorar la relación entre los distintos grupos sociales, cuidar el medio ambiente y atender a quienes más lo necesitan se requiere más sociedad civil organizada, no menos”, enfatiza.

Resalta que el cumplimiento de obligaciones fiscales debe contribuir al fortalecimiento del sector.

“Las obligaciones deben ayudarnos a cumplir mejor con nuestras finalidades sociales”, dice, al llamar a construir una relación más directa con las autoridades, basada en la confianza, el cumplimiento mutuo y el fomento efectivo a las actividades de las organizaciones.

Hace unas semanas, el SAT publicó la revocación de la autorización para recibir donativos a más de 100 ONG porque “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y las regulaciones del SAT, si la organización no recupera su autorización en un plazo de 12 meses, se encuentra obligada por ley a destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada.

En el listado difundido se incluyen organizaciones como Mexicanos Primero, creada en 2005 y enfocada en la promoción del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes; México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), especializado en temas de desarrollo económico y competitividad.

Mexicanos Primero ha elaborado más de 20 estudios desde 2009 a la fecha, de los cuales algunos de los más importantes son (Mal)Gasto: Estado de la Educación en México (2013), una investigación crítica sobre cómo el presupuesto educativo no siempre se traduce en mejores aprendizajes debido a la ineficiencia y la opacidad; Ahora es cuando (Metas 2012-2024), documento que estableció una hoja de ruta con indicadores específicos para transformar la educación básica en un periodo de 12 años.

Y también La Escuela que Queremos, un diagnóstico sobre los retos del sistema educativo y las metas necesarias para lograr una educación de calidad.

Por su parte, la ONG México Evalúa ha difundido importantes investigaciones, entre las que destacan su informe anual Hallazgos, en el que monitorea la consolidación del Sistema de Justicia Penal, midiendo impunidad en delitos graves como homicidio y feminicidio; evalúa las políticas de seguridad nacional y mecanismos para prevenir la corrupción en la administración pública, y a través de investigaciones como Fallos de Origen ha dado a conocer las deficiencias en los registros de homicidios y la manipulación de datos en fiscalías.

En tanto, las investigaciones del Imco se centran en ejes clave como economía, mercado laboral, energía y género.

Dato

* 15 ONG han bajado la cortina desde 2019 en México, según estima David Pérez Rulfo.