Fiscalía de CDMX informa resultados de peritaje por explosión de pipa en Iztapalapa
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“Los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente”, estableció la fiscal
El saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionadas dejó la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre, en el Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, tragedia que, de acuerdo con las investigaciones, fue provocada por el exceso de velocidad y la pérdida de control del conductor, así como por omisiones de la empresa operadora.
A tres meses del siniestro, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, informó sobre los avances de la indagatoria.
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La fiscal general de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, detalló que el vehículo perdió el control al incorporarse a una curva, se impactó contra los muros de contención y provocó la fractura del tanque, una fuga masiva de gas y un incendio de gran magnitud. Además de las víctimas mortales y lesionados, ocho personas estuvieron expuestas al hecho sin presentar lesiones físicas, aunque con posibles secuelas psicológicas.
ASÍ FUE COMO SE DESARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN
En las investigaciones participaron 16 especialidades forenses y se emitieron más de 270 dictámenes. Las autoridades analizaron la vía de circulación, la unidad involucrada, los sistemas mecánicos, las imágenes de videovigilancia y la topografía del lugar para establecer las causas y deslindar responsabilidades.
“Esto permitió reconstruir con precisión qué pasó, como pasó y cuáles fueron las causas del siniestro”, explicó Alcalde. Asimismo se señaló al conductor de la pipa como el responsable inmediato del accidente.
“Desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muro”, indicó.
Asimismo, las evidencias técnicas apuntan a que la empresa operadora incumplió diversas obligaciones que generaron condiciones de riesgo y que “pudieron haber incidiendo en la ocurrencia del accidente”, entre ellas la falta de capacitación adecuada al operador en conducción segura de materiales peligrosos, manejo de curvas elevadas, protocolos de emergencia y procedimientos ante fugas de gas LP, así como la omisión en la supervisión de las jornadas de conducción, tiempos de descanso, límites de horas al volante y factores de cansancio.
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Finalmente, la fiscal precisó que “los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente, la infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables”.