Gobierno de Sheinbaum va por registro de celulares; podrán intervenir líneas

La Cámara de Diputados recibió este jueves dos iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el combate al crimen.

La iniciativa para expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación Inteligencia en materia de seguridad pública propone crear un modelo primordialmente preventivo que permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recolectar, procesar y aprovechar información en tiempo real, relacionada con riesgos y amenazas a la seguridad pública.

TE PUEDE INTERESAR: Califica Riva Palacio como ‘un error táctico’ de Claudia enviar a Rutilio Escandón como cónsul en Miami

La iniciativa establece que el titular de la SSPC, actualmente Omar García Harfuch, podrá requerir a las instituciones de seguridad públicas y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública, contenida en registros vehiculares y de placas, datos biométricos, datos telefónicos, registros públicos inmobiliarios, y de personas morales y catastros.

Asimismo, registros fiscales, registros, de armas de fuego, de comercio, de inmuebles, de prestadores de servicios de seguridad privada, de padrones de personas detenidas y sentenciadas, y en todos aquellos casos de donde pueda extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones.

También podrá disponer la aplicación de medidas de inteligencia y contrainteligencia con el objeto de detectar, neutralizar, contrarrestar y combatir las acciones de delincuentes, organizaciones y grupos criminales locales, regionales, nacionales y transnacionales.

El sistema se conformará a partir de la conexión de los sistemas de investigación y de inteligencia de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (a través de la Guardia Nacional), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías y procuradurías de los estados.

Asimismo, las secretarías de seguridad pública de los estados, los centros penitenciarios federales, estatales y municipales; la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y registros públicos de catastros, entre otros.

El sistema, que deberá iniciar en un plazo no mayor a 180 días desde la entrada en vigor de la ley, será empleado para obtener información, documentos, grabaciones, videograbaciones, testimonios y otros insumos que puedan ser aportados como pruebas y evidencias para la investigación de delitos, en particular los de alto impacto.

La finalidad es obtener mapas, radiografías y organigramas de bandas y organizaciones criminales, así como incidencia delictiva por localidades, municipios y estados, regiones y zonas prioritarias, de interés estratégico y transnacionales.

”Con su operación se pretende identificar tendencias, patrones y probabilidad de manifestación de fenómenos delictivos. Asimismo, genera productos de inteligencia para la elaboración de estrategias y la ejecución de operaciones por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, refiere la iniciativa.

Crea el registro nacional de usuarios de telefonía móvil, que permitirá intervenciones.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, que dará acceso total a las instituciones de Seguridad Pública, las cuales podrán hacer uso de ella para “obtener datos de prueba”, a fin de combatir delitos como extorsión y secuestro.

”A fin de combatir algunos de los delitos que más lastiman a la población, como el secuestro o la extorsión, se prevé la operación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, cuyo diseño sea respetuoso de los derechos humanos y garantice, entre otros, el derecho a la privacidad”, señala la propuesta en la exposición de motivos.

Dicha ley también obligaría a todas las instituciones de seguridad pública a compartir y actualizar diariamente la información que generen en el ámbito de su competencia, “de manera desagregada, constante, permanente, veraz y verificada”; actualiza el catálogo de registros nacionales.

Por primera vez, se regulan los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno, los que estarán obligados a compartir y actualizar a diario las bases de datos de su sistema de gestión de incidentes.