Investiga FGR a cinco futbolistas del Club Santos de Torreón por fraude fiscal de 7.4 mdp
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Las carpetas de investigación ya fueron iniciadas de manera individual con base en denuncias de la Procuraduría Fiscal de la Federación
El fraude fiscal de directivos y jugadores del Club Santos de Torreón ya pasó al plano penal.
La Fiscalía General de la República investiga a cinco futbolistas y ex futbolistas del Club por defraudación fiscal que, en conjunto, asciende a 7.4 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) no pagado.
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Las carpetas de investigación ya fueron iniciadas de manera individual con base en denuncias de la Procuraduría Fiscal de la Federación.
En la mayoría de los casos son consecuencia de los pagos simulados de salarios por los que Alejandro Iraragorri, presidente de Grupo Orlegui, se encuentra actualmente prófugo de la justicia.
De acuerdo con informes hacendarios, Jesús Antonio Molina Granados, también ex jugador de América y Chivas, ya retirado, es indagado por un supuesto fraude al fisco de 2.3 millones de pesos de ISR no pagado.
A Ulises Alejandro Dávila Plascencia, quien recientemente militó en clubes de Australia y Nueva Zelanda y actualmente no tiene equipo, se le investiga por una presunta defraudación fiscal de 2 millones por el mismo impuesto.
La indagatoria a Néstor Alejandro Araujo Razo, hoy jugador del América, es por una supuesta defraudación de 1.5 millones.Mientras que la carpeta de investigación contra Néstor Calderón Enríquez, “El Avión”, jugador ya retirado, es por 880 mil pesos y la de José Javier Abella Fanjul, jugador en activo del equipo lagunero, es de 747 mil pesos.
La FGR ya solicitó a jueces de distrito en la Ciudad de México la autorización para obtener la información bancaria de los jugadores y ex jugadores, mientras que al Centro Federal Pericial Forense le pidió elaborar un dictamen contable sobre los movimientos financieros.
Conforme a los datos obtenidos, la FGR también pidió a la Agencia de Investigación Criminal requerir a distintas dependencias los informes necesarios para ubicar los domicilios de los investigados.
