Legisladores del PRI, PAN Y MC exigen una investigación patrimonial contra Carlos Ulloa, director de Birmex

Legisladores del PRI, PAN y MC en las cámaras de Diputados y Senadores exigieron una investigación patrimonial contra Carlos Ulloa, director general de Birmex, quien compró dos departamentos de contado por un valor total de 22.4 millones de pesos en un periodo de tres años y registró 19 viajes en los últimos cuatro años a destinos como Nueva York y Miami, en Estados Unidos; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, y Medellín, Colombia, entre otros.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, dijo que resulta necesaria la intervención de autoridades fiscales y sanitarias, pues administrar medicamentos, vacunas, dispositivos, material de curación y pruebas diagnósticas es una labor que requiere transparencia.

”Mientras millones de familias se enfrentan a recetas incompletas, tratamientos interrumpidos y gastos de bolsillo, cualquier señal de opacidad o de fallas en las compras públicas mina la confianza ciudadana, como ha ocurrido con Birmex. En este caso, no se trata de prejuzgar la vida privada o pública de un funcionario, se trata de exigir transparencia, verificable, responsabilidades si las hubiera, y resultados medibles un abasto efectivo en cada clínica y hospital del país”, expuso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, exigió la apertura de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Lo publicado hoy en EL UNIVERSAL debe traducirse en controles concretos, como la investigación patrimonial y administrativa, independiente con debido proceso, publicación de resultados y, de acreditarse irregularidades en la institución, dar sanciones efectivas. Queremos ver un tablero nacional de abasto actualizado periódicamente por institución, entidad federativa, hospital, clave e inventario; debe diferenciar los medicamentos: recibidos, los distribuidos y los efectivamente surtidos al paciente”.

”Este reportaje pone siempre a la vista la corrupción, que, a decir de la Cuarta Transformación, es inexistente”, expresó.

Por su parte, Ernesto Sánchez, diputado del PAN e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, anunció que llevará el caso ante dicho órgano legislativo.

El congresista albiazul advirtió que el tema no es un hecho aislado, sino el retrato de un sistema.

“Lo que revela esta investigación no es la conducta de un sólo funcionario, es la forma de operar de todo un clan en el poder: llegaron prometiendo austeridad y hoy acumulan departamentos de contado, viajes por medio mundo y patrimonios que ningún sueldo público alcanza a explicar. No hacen falta acusaciones, basta con hacer la aritmética”, señaló el legislador panista.

Subrayó la gravedad de que estos señalamientos se concentren, una y otra vez, en las áreas más sensibles para la gente: “Es el mismo clan del oficialismo que le dice a los niños con cáncer y a los enfermos crónicos que ‘no hay presupuesto’, mientras los encargados de que las medicinas lleguen a los hospitales viven como millonarios. Eso no es la Cuarta Transformación que le vendieron al pueblo: es la vieja política disfrazada de honestidad”, afirmó.

Sánchez aseguró que exigirá a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que se avale un punto de acuerdo para la apertura de una indagatoria por parte de la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Desde el Congreso vamos a exigir que la Secretaría Anticorrupción, la UIF y las fiscalías investiguen a fondo el presunto enriquecimiento inexplicable, sin protegidos y sin excepciones. El discurso de que ‘no somos iguales’ se les cae con cada declaración patrimonial que no cuadra. El combate a la corrupción no puede seguir siendo una consigna para las mañaneras; tiene que ser un hecho, con nombre, apellido y expediente”, concluyó.

Este jueves, El Gran Diario de México dio a conocer que entre 2020 y 2023 Carlos Ulloa, director general de Birmex, compró de contado dos departamentos por un valor total de 22.4 millones de pesos.

En su declaración patrimonial, el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX detalla que en 2020 adquirió de contado un departamento con un valor de 7.4 millones, y dos años después compró, nuevamente de contado, otro departamento con un valor de 15 millones de pesos.

Al respecto, la senadora del PRI, Claudia Anaya, destacó que desde 2020 hay observaciones de la ASF que sólo en 2023 alcanzaron un monto de más de mil millones de pesos: “A él no le alcanza para comprar esos departamentos, o sea él tiene que explicar de dónde, porque todo el mundo tiene derecho a comprar una propiedad. La situación es que ellos se han vuelto ricos de manera inexplicable. Que nos indiquen por favor cuál es su fuente de ingresos, porque si vemos lo que se están comprando y si vamos a ver las observaciones de la auditoría, que no han comprobado cantidades exorbitantes, aquí hay montos de 89 millones, 46 millones, o sea, ¿qué les pasa?”.

“Yo no critico que alguien se haga de un bien inmueble, no crítico que alguien salga de vacaciones, lo que sí que tus ingresos tienen que coincidir con tus gastos. Es una obligación si trabajas en la administración pública”, recalcó.

Por su parte, la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, coincidió en que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, tendría que entrar en acción, “aunque lo peor de todo es que no va a pasar nada”.

”Ahora ya no hay autonomía en ningún órgano, ellos solitos se fiscalizan, solitos se revisan, la transparencia la tienen en sus manos, ellos serán los que te pueden dar o no la formación y bajo ese escenario se vuelve muy complicado para cualquier ciudadano, para cualquier periodista, tener información que le permita indagar y tener claridad en las cosas”, indicó.

Advirtió que el director de Birmex tendría que dejar su cargo y está obligado a dar una explicación pública, “porque además de todo no ha dado resultados en su función. Por eso te digo que es una burla para los mexicanos”.

Finalmente, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, afirmó que este caso es una muestra y un ejemplo más de la lista de incongruencias que ha distinguido al gobierno de la 4T.

”Es la muestra de la distancia que existe entre lo que dicen y lo que hacen, entre el discurso y la realidad, hablando de funcionarios de este gobierno de la Cuarta Transformación, porque ves que un día sí y el otro también nos estamos encontrando con este tipo de situaciones que tanto condenan en el discurso”.

La legisladora resaltó que tener dinero no es un delito, pero el delito es no tener forma de demostrar el origen de ese recurso.

“Entiendo que esa es la tarea de la Secretaría de Buen Gobierno, que es la que se debe de encargar de confirmar que este patrimonio sea lícito. Para eso hacemos las declaraciones, no es un tema de colección, es un tema de ponerlo en manos del gobierno para que el gobierno corrobore los orígenes de lo que forma parte del patrimonio de los funcionarios”, sentenció.