Liconsa bajo la lupa: ASF detecta pagos irregulares por 45 millones y señala operaciones en Coahuila

El manejo de los recursos destinados a la compra de leche nacional por parte de Liconsa quedó nuevamente bajo escrutinio. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por 45 millones 101 mil 448 pesos en operaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2023, entre ellas pagos a productores que no cumplían las condiciones para recibir el precio de garantía y operaciones que carecieron de documentación suficiente.

El expediente corresponde a la Auditoría de Cumplimiento Forense 2023-2-08VST-23-0235-2024, practicada sobre las erogaciones del Programa de Adquisición de Leche Nacional.

La revisión tuvo como propósito verificar que las compras, contratos, pagos y registros de Liconsa se hubieran realizado conforme a la legislación aplicable.

La ASF revisó una muestra de 4 mil 176 millones de pesos, equivalente al 62.3 por ciento de los recursos reportados como pagados por Liconsa en los capítulos correspondientes a materiales, suministros y servicios durante 2023. La muestra comprendió mil 547 proveedores y centros de acopio.

El resultado fue la identificación de 45.1 millones de pesos pendientes de aclarar, además de siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, cuatro pliegos de observaciones, cinco recomendaciones y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

EL PROBLEMA DE LOS PRODUCTORES QUE NO PODÍAN RECIBIR EL PRECIO DE GARANTÍA

Uno de los principales hallazgos de la auditoría tiene que ver con las reglas para acceder al precio de garantía de la leche.

De acuerdo con la ASF, Liconsa realizó pagos por 35 millones 267 mil 300 pesos a productores que habían rebasado el límite máximo de vacas en ordeña permitido para ser considerados pequeños o medianos productores y, por tanto, para recibir ese beneficio.

La irregularidad se distribuyó entre tres entidades: Coahuila, Chihuahua y Jalisco.

En términos prácticos, el problema detectado por los auditores no fue simplemente que algunos productores tuvieran más ganado, sino que, al superar el límite establecido en las reglas de operación, dejaban de reunir una de las condiciones para recibir el precio de garantía, pese a lo cual Liconsa continuó efectuando pagos.

Y es precisamente en Coahuila donde aparece uno de los montos más importantes.

COAHUILA: 14.9 MILLONES BAJO OBSERVACIÓN

La ASF concentró parte de su revisión en el Centro de Acopio de San Pedro, Coahuila, donde durante 2023 Liconsa tenía registrado un universo de 39 productores personas físicas dentro del contrato LICONSA/CADQ/001323/2023.

A través de ese contrato, Liconsa reportó pagos por 377 millones 175 mil 700 pesos por la adquisición de leche fresca.

Sin embargo, al revisar las operaciones, los auditores encontraron que Liconsa había pagado 14 millones 915 mil 592.57 pesos a 12 proveedores que, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 19 de agosto de 2023, habían rebasado el límite máximo de vacas en ordeña.

Los proveedores fueron identificados en el informe público mediante claves —R2.26, R2.27, R2.3, R2.28, R2.29, R2.52, R2.23, R2.1, R2.7, R2.4, R2.2 y R2.6—, por lo que sus nombres no fueron hechos públicos en el documento de auditoría.

La ASF concluyó que esos productores no eran acreedores al precio de garantía, de acuerdo con las reglas de operación del programa y con el Manual de Procedimientos para la Adquisición, Recepción y Pago de Leche Nacional de Liconsa.

Pero el problema no terminó ahí.

Los auditores también detectaron que otros 10 proveedores entregaron en el Centro de Acopio de San Pedro cantidades de leche que rebasaban el límite máximo de litros por vaca establecido por las reglas del programa.

Además, Liconsa no pudo proporcionar toda la documentación que acreditara la recepción de leche correspondiente a parte del periodo revisado, incluyendo boletas o dictámenes de recepción y tickets emitidos por la báscula.

¿QUIÉN ESTABA A CARGO DE COAHUILA?

Aquí aparece uno de los puntos políticamente relevantes del expediente.

Durante el periodo revisado, la responsable del Programa de Abasto Social de Liconsa en Coahuila era Alma Rosa Garza del Toro. El propio repositorio oficial de Liconsa la identifica como subgerente del Programa de Abasto Social Coahuila. Su currículum institucional señala que cuenta con una licenciatura en Sociología y una maestría en Enseñanza Superior.

La documentación de la ASF confirma que la funcionaria intervino en la operación relacionada con el Centro de Acopio de San Pedro. Durante la auditoría, la ASF registró la participación de la titular del Programa de Abasto Social Coahuila y recogió sus explicaciones sobre el mecanismo mediante el cual se verificaba que los productores fueran pequeños y medianos.

Garza del Toro explicó a los auditores que esa verificación se realizaba mediante elementos como la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), el aretaje, visitas a los establos y la documentación utilizada para incorporar a los productores al Padrón Nacional de Productores de Liconsa.

La propia ASF también dejó asentado que, durante una visita al Centro de Acopio de San Pedro, la funcionaria señaló que le correspondía la transferencia de la leche adquirida mediante el contrato LICONSA/CADQ/001323/2023 hacia el proveedor ILAS México, encargado de la maquila.

De acuerdo con su explicación, la conciliación y el pago al proveedor correspondían a la Gerencia Estatal de Chihuahua.

Este punto resulta relevante porque permite separar las distintas etapas de la operación: Coahuila tenía responsabilidades en la recepción y transferencia de la leche, mientras que otras áreas de Liconsa intervenían en la conciliación, procesamiento y pagos.

Por ello, el señalamiento de una irregularidad en los pagos no significa automáticamente que la funcionaria responsable del programa sea jurídicamente responsable del daño observado. Esa determinación corresponde a las investigaciones administrativas correspondientes.

EL VÍNCULO POLÍTICO DE ALMA ROSA GARZA

Garza del Toro no es una funcionaria sin antecedentes políticos.

Su propio currículum de Liconsa registra que anteriormente trabajó para Morena como enlace federal del Distrito 4 entre 2015 y 2018 y que posteriormente participó en la organización civil Que Siga la Democracia.

Además, medios locales y nacionales han documentado que su hermana, Claudia Garza del Toro, fue dirigente estatal de Morena en Coahuila y posteriormente ocupó una posición en la estructura federal de Bienestar.

En febrero de 2023, cuando Claudia Garza del Toro asumió la titularidad de la Delegación de Bienestar en Coahuila, Alma Rosa Garza del Toro asumió la conducción de Liconsa en el estado. El nombramiento fue reportado entonces por medios locales como un caso que generó cuestionamientos políticos por el parentesco entre ambas funcionarias.

La investigación periodística publicada por Peniley Ramírez, recientemente, sobre el caso Liconsa identifica a Alma Rosa Garza y a Eduardo Valdés como los funcionarios del Programa de Abasto Social Coahuila relacionados con las irregularidades por 14.9 millones de pesos.

Es importante precisar, sin embargo, que el informe público de la ASF no menciona por nombre a Alma Rosa Garza ni a Eduardo Valdés como responsables de esos 14.9 millones. La auditoría describe las operaciones, identifica al área responsable y señala las irregularidades; la identificación nominal de los funcionarios aparece en la documentación de investigación citada por el trabajo periodístico.

EDUARDO VALDÉS: OTRO NOMBRE DEL EXPEDIENTE

Otro nombre que aparece relacionado con la estructura de Liconsa es Eduardo Valdés Mendoza.

El propio repositorio documental de Liconsa registra que en 2022 se otorgó un poder general a Eduardo Valdés Mendoza y Tomás Brito Lara.

Asimismo, documentación contractual de Liconsa muestra que el área del Programa de Abasto Social Coahuila tenía una participación formal en la administración de contratos. En uno de los instrumentos revisados por la dependencia aparece Alma Rosa Garza del Toro como área administradora del contrato.

La investigación periodística basada en documentación de la Secretaría de Agricultura señala a Garza y Valdés como subgerentes del Programa de Abasto Social Coahuila relacionados con las operaciones observadas por 14.9 millones de pesos.

La existencia de estos nombres dentro de la estructura administrativa no constituye por sí misma prueba de responsabilidad penal o administrativa. Lo que debe determinarse es quién autorizó, verificó, procesó y finalmente permitió cada uno de los pagos observados.

UN PROBLEMA DE CONTROLES INTERNOS

El caso de San Pedro también revela una falla más amplia en los mecanismos de control de Liconsa.

La ASF encontró que 18 proveedores de los centros de acopio de San Pedro, Coahuila y Chihuahua rebasaron el límite máximo de vacas en ordeña permitido para ser considerados pequeños o medianos productores. También detectó expedientes de productores que no contaban con documentación vigente, como RFC, comprobante de domicilio o CURP.

Esto plantea una pregunta central: ¿cómo continuaron los pagos si la propia dependencia tenía mecanismos para verificar la condición de los productores?

La respuesta de la administración de Liconsa ante los auditores fue que la condición de los productores se verificaba mediante la UPP, el aretaje, visitas a establos y la documentación incorporada al padrón.

Sin embargo, la ASF encontró que, a pesar de esos controles, se realizaron pagos a productores que excedían los límites establecidos.

El problema, por tanto, no se limita a un error aislado: también apunta a posibles deficiencias en la actualización de padrones, supervisión de productores, validación de información y controles previos al pago.

LOS OTROS FOCOS ROJOS: CHIHUAHUA Y JALISCO

El expediente adquiere mayor dimensión cuando se observan conjuntamente las irregularidades detectadas en los tres estados.

En Chihuahua, Liconsa pagó 4 millones 532 mil 424.33 pesos a productores que también habían rebasado el límite máximo de vacas en ordeña y, por tanto, no cumplían las condiciones para recibir el precio de garantía.

Pero en Chihuahua apareció además un hallazgo particularmente delicado: Liconsa pagó 1 millón 26 mil 900 pesos a dos proveedores que, de acuerdo con información obtenida del Registro Nacional de Población e Identidad, habían fallecido durante 2023.

Uno murió el 5 de febrero y el otro el 4 de marzo, mientras que los pagos correspondieron a periodos posteriores a sus respectivas defunciones.

La operación estaba relacionada con el contrato LICONSA/CADQ/001376/2023, correspondiente al Centro de Acopio del Programa de Abasto Social Chihuahua.

Ese contrato aparece firmado por Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora de Morena Andrea Chávez, quien se desempeñaba como gerente estatal de Liconsa en Chihuahua. El repositorio oficial de Liconsa también registra su firma en contratos de la dependencia.

En Jalisco, por su parte, la ASF encontró que Liconsa pagó 15 millones 819 mil 300 pesos a personas que también habían rebasado el límite máximo de vacas en ordeña.

A ello se suman 8 millones 807 mil 200 pesos relacionados con casi seis millones de litros de leche cuya recolección y traslado no pudieron ser acreditados documentalmente.

45 MILLONES POR ACLARAR Y SIETE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

Al sumar las distintas observaciones, la ASF determinó que quedaron pendientes de aclarar 45 millones 101 mil 448.38 pesos.

La auditoría concluyó el 5 de febrero de 2025 y generó siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, además de cuatro pliegos de observaciones.

Esto significa que el expediente no debe interpretarse como una sentencia contra los funcionarios mencionados. La ASF documentó hechos y promovió acciones para que las autoridades competentes determinen las responsabilidades correspondientes.

Precisamente por ello, uno de los aspectos que requiere mayor transparencia es conocer qué ocurrió con esas investigaciones después de que la ASF entregó sus resultados.

Una investigación periodística publicada recientemente señala que, de acuerdo con documentación interna de la Secretaría de Agricultura, los procedimientos relacionados con estas irregularidades no habían llegado todavía al área encargada de determinar responsabilidades y que algunas de las posibles faltas tendrían como límite de prescripción el año 2030.

EL EXPEDIENTE QUE AHORA DEBE ACLARARSE

El caso Liconsa presenta tres niveles distintos que deben evitar confundirse.

El primero son los hechos documentados por la ASF: pagos por 35.2 millones de pesos a productores que excedían el límite permitido de vacas en ordeña; 14.9 millones de pesos específicamente observados en el Centro de Acopio de San Pedro, Coahuila; 4.5 millones en Chihuahua; 15.8 millones en Jalisco; pagos por más de un millón de pesos a dos productores fallecidos y 8.8 millones de pesos relacionados con leche cuya recolección y traslado no pudieron acreditarse.

El segundo nivel son las responsabilidades administrativas, que todavía deben ser determinadas por las autoridades competentes.

Y el tercero es el componente político: en Chihuahua aparece el hermano de una senadora de Morena; en Coahuila, una funcionaria que tuvo actividad política en Morena y es hermana de una exdirigente estatal del partido; y en Jalisco, funcionarios que también estuvieron al frente de la operación estatal.

Por ello, la exigencia de transparencia no tendría que limitarse a señalar a un partido o a una persona.

Lo que corresponde ahora es conocer qué funcionarios tenían facultades de autorización y supervisión en cada contrato, qué medidas tomó Liconsa después de las observaciones de la ASF, cuánto dinero ha sido recuperado, cuántos procedimientos administrativos continúan abiertos y si alguno de los funcionarios señalados ha sido sancionado.

Mientras esas preguntas permanezcan sin respuesta, los 45.1 millones de pesos pendientes de aclarar seguirán siendo uno de los principales pendientes en la fiscalización del Programa de Adquisición de Leche Nacional.