Los Chapitos utilizan a estas cinco familias para lavar dinero

El millonario negocio de drogas sintéticas que se le atribuye a Los Chapitos no está construido por un solo apellido. Para producir fentanilo y metanfetamina y colocar sus ganancias en la economía formal, los herederos de Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, se apoyaron en diversas familias sinaloenses que operaron como proveedoras de precursores químicos y lavadoras de dinero.

En este trabajo ampliamos la información que originalmente dio a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero podrían ser muchas más estructuras.

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Durante las últimas dos décadas, los Guzmán, junto con las familias Núñez, Marín, Favela y Zamudio, construyeron un entramado empresarial legal de desarrollos inmobiliarios, constructoras, hoteles, agrícolas, plataformas de criptomonedas, firmas químico-farmacéuticas, gasolineras y comercios minoristas distribuidos en varias ciudades de los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco y Baja California.

Los integrantes de estas familias conforman una amplia red de personas y empresas boletinadas entre 2012 y 2025 por la OFAC, resultado de que en varias ocasiones se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México.

Los primeros señalamientos en junio de 2012 se concentraron en Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de María Alejandrina Salazar Hernández, quien también fue boletinada, así como en Ovidio Guzmán López, hijo de Griselda Natividad López Pérez, mencionada en esas acusaciones.

Con el paso de los años el cerco se amplió. En enero de 2015, la OFAC sancionó a la familia política de Jesús Alfredo, su suegro y su cuñado, Víctor Félix Félix y Víctor Félix Beltrán, señalados de ser operadores financieros al servicio de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.

Luego vino una pausa de casi una década, y en mayo de 2023, las investigaciones alcanzaron a la familia materna de Ovidio y Joaquín. El Departamento del Tesoro incluyó a Noel López Pérez, hermano de Griselda López, y a sus sobrinos Ricardo y Saúl Páez López, acusados de supervisar laboratorios de drogas sintéticas, túneles transfronterizos y de vender precursores químicos.

A partir de 2023, las agencias estadounidenses aceleraron el desmantelamiento de la red financiera y expusieron a decenas de operadores financieros, traficantes y productores de fentanilo y metanfetamina, así como al círculo de seguridad más cercano a Los Chapitos.

En total, en los últimos 13 años, las autoridades han sancionado a 59 personas físicas y 37 empresas vinculadas con la facción de Los Menores, como también son llamados.

Para esta investigación se rastrearon las personas físicas y morales señaladas por la OFAC en registros públicos y bases de datos oficiales, lo que permitió identificar otras 35 empresas relacionadas con la red, aunque éstas no han sido sancionadas por la autoridad.

A pesar de las acusaciones, sólo seis compañías han sido disueltas de manera oficial, otras cerraron sus establecimientos, cambiaron de nombre o de logotipo, e incluso trasladaron su domicilio a otras ciudades.

Unas 10 compañías y personas físicas de distintas familias obtuvieron permisos oficiales, como licencias municipales de construcción para edificar torres de condominios, fraccionamientos, casas residenciales, plazas y locales comerciales, en ciudades de Sinaloa y Baja California.

También se encontró que al menos 16 empresas boletinadas fueron proveedoras de los gobiernos de Sinaloa, Baja California y Sonora, así como de dependencias del gobierno federal. Además, algunas recibieron apoyos productivos del gobierno como tractores y toneladas de semillas.

Cada una de las familias desempeñó un papel clave en la estructura criminal. Unos proveyeron los insumos para producir droga, otros actuaron como intermediarios para trasladar el dinero de Estados Unidos a México, y algunos invirtieron en proyectos inmobiliarios de gran magnitud. El objetivo fue convertir el dinero ilícito en capital aparentemente legítimo.

Frente al Océano Pacífico, a pie de playa, se levanta Grand Sunset, una torre de 19 pisos que promete lujo y exclusividad. Los departamentos se ofertan desde cuatro millones 711 mil pesos e incluyen alberca, acceso controlado a la playa, gimnasio, sala de cine, spa, jacuzzi y hasta un minisúper. La magnitud del proyecto está asentada en los documentos oficiales que reportan una inversión de 61 millones de pesos. El edificio es una de las apuestas financieras de José Raúl Núñez Ríos y su familia en Mazatlán, Sinaloa, un destino turístico que atraviesa un desarrollo inmobiliario acelerado marcado por la construcción de cientos de torres, algunas de más de 30 pisos.

Abogado, originario de Rosario, sur de Sinaloa, Núñez Ríos comenzó a adquirir sus empresas a finales de 2020, según consta en los registros públicos. Compró y remodeló dos antiguos hoteles, construyó dos torres de condominios y fundó una inmobiliaria. Sus negocios son múltiples: un colegio con preescolar y primaria, una agencia de publicidad, un club de criptomonedas, una tienda de vestidos de gala, entre otros. También registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), los logotipos de dos bandas de música regional, un medio de comunicación y al menos dos restaurantes de sushi.

En las 16 compañías rastreadas para esta investigación, Núñez Ríos comparte acciones con su mamá y su papá, un tío, sus dos hermanos, su esposa y su cuñada.

La bonanza, sin embargo, fue breve. A finales de septiembre de 2024, en los inicios de la fractura interna del Cártel de Sinaloa, avionetas sobrevolaron las principales ciudades del estado y lanzaron volantes con los nombres de 19 personas presuntamente vinculadas a Los Chapitos. Entre ellas, Núñez Ríos y su esposa. En los volantes se les relacionó con Víctor Manuel Barraza Pablos, alias El 40, supuesto jefe de plaza en Mazatlán.

Un mes después de los volantes, Núñez Ríos y su familia se retiraron formalmente de sus negocios. En un mismo día, el 25 de noviembre de 2024, los Núñez, incluidos su mamá, su papá y su esposa, cedieron de forma gratuita los derechos de sus acciones en al menos ocho compañías a varias personas y familiares. En conjunto, las acciones cedidas representan un capital social de 12 millones 575 mil 700 pesos, pero su valor real podría ser mayor.

Seis meses más tarde llegó un señalamiento de mayor peso. El 9 de junio de 2025, la OFAC acusó a Núñez Ríos de colaborar con Iván Guzmán Salazar y financiar las actividades delictivas de Barraza Pablos.

“Núñez compró propiedades y estableció empresas de desarrollo inmobiliario, construcción y hotelería en Mazatlán y en distintas regiones de Sinaloa, en lo que parece ser un esfuerzo por lavar las ganancias ilícitas del narcotráfico. Núñez se alineó con Los Chapitos y está financiando la guerra de Barraza contra los rivales de la facción en Mazatlán”, detalla el comunicado de la OFAC.

La autoridad financiera boletinó también a 10 compañías de Núñez Ríos y su esposa, entre ellas la inmobiliaria IMB 24 SIETE, compañía responsable de desarrollar, construir y promover el proyecto Sunset Sábalo.

Ubicado a una cuadra de la playa, en pleno corazón de la zona turística, Sunset Sábalo, una torre de ocho niveles, ofrecía departamentos de entre 90 y 100 metros cuadrados desde dos millones de pesos. A diferencia de Grand Sunset, este edificio no alcanzó a concluirse. Los cimientos y cuatro pisos de concreto quedaron detenidos en la etapa de obra negra. En redes sociales, el último rastro del proyecto data de diciembre de 2024. Su sitio web fue suspendido.

Los Marin González, celulares y comida rápida

Un video de TikTok en la cuenta de SmartDepot suma más de 293 mil reproducciones. En el anuncio de apenas cuatro segundos, una joven promociona un equipo iPhone 11 Pro a mitad de precio. El descuento es una ganga para la fecha en la que ocurre el video, diciembre de 2022. La cuenta de la tienda de celulares suma más de 14 mil seguidores con videos en los que anuncian las promociones y los nuevos modelos disponibles en sus tres sucursales ubicadas en Mazatlán, Culiacán y Cancún, Quintana Roo. “Yo tengo uno de Smart Depot y es de súper buena calidad”, asegura un usuario de TikTok en los comentarios.

Un año y medio después de ese video, en marzo de 2024, este popular negocio de celulares fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado de operar como una fachada para lavar dinero ilícito, presuntamente controlada por los hermanos Marín González.

Arturo D’Artagnan y Porthos Marín González, los más jóvenes dentro de la red financiera, apenas en sus veintitantos años, fueron acusados de implementar un mecanismo clásico de lavado de dinero conocido como Black Market Peso Exchange (BMPE).

Los hermanos, que llevan los nombres de la novela de Alejandro Dumas, participaban como una especie de brokers o facilitadores para los traficantes de droga. En Estados Unidos recibían los dólares en efectivo que los traficantes habían obtenido por la venta de cargamentos de droga. Con ese dinero compraban teléfonos celulares a empresas estadounidenses que exportaban los dispositivos a Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Ya en México, los Marín y sus socios utilizaban las tres tiendas Smart Depot, además de Celulandia Taller & Store. Una vez que se vendía la mercancía, el dinero en pesos mexicanos era entregado a los traficantes.

La última publicación en el TikTok de Smartdepot ocurrió el 22 de marzo de 2024, el mismo día que la OFAC boletinó a los hermanos Marín González, a su cuñada Adilene y al hermano de ella, Iván Robledo Arredondo, acusados de encabezar el esquema de blanqueo de dinero con las tiendas de celulares, dos negocios de comida rápida y dos tiendas de ropa.

Al igual que Smartdepot, los negocios de comida rápida estaban bien posicionados. Bufaluss, un negocio de alitas y hamburguesas, y Dulce Volcano, de postres, despachaban juntos en unos pequeños puestos ambulantes instalados en cuatro food parks de Culiacán.

Después del fichaje de las autoridades, los puestos de Bufaluss y Dulce Volcano cambiaron de nombre, imagen y ubicación, pero mantuvieron el mismo concepto. Actualmente, además de los negocios en Culiacán, tienen un puesto al interior de un food park en Tijuana, Baja California.

Las tres sucursales de SmartDepot cerraron y sus redes sociales quedaron inactivas. Por su lado, una tienda de Celulandia Taller & Store aún funciona en Los Mochis, norte de Sinaloa.

Los Zamudio y los súper laboratorios

La red familiar de los Zamudio Lerma es una de las más amplias vinculadas a Los Chapitos. Entre febrero y julio de 2023, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra a cinco hermanos: Ángel Guillermo, Daniel, Jorge Alberto, Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, además del hijo de uno de ellos, Ludim Zamudio Ibarra.

Según la OFAC, los Zamudio Lerma operaron como proveedores de precursores químicos utilizados en súper laboratorios de drogas sintéticas, instalaciones capaces de producir hasta cuatro kilos de estupefacientes por cada ciclo de fabricación.

Aunque no está claro en qué momento la familia incursionó en el negocio de las drogas, sí es posible rastrear la antigüedad de su entramado empresarial. La mayoría de sus compañías fueron constituidas en la década de 1990 y principios de 2000, y abarcan giros como bienes raíces, construcción, venta de materiales para obra, autopartes y estaciones de gasolina.

Para esta investigación se identificaron 13 empresas vinculadas con la familia Zamudio, seis de las cuales ya habían sido previamente boletinadas. En esta estructura, los hermanos comparten acciones con sus padres, esposas e hijos.

Los Zamudio Lerma son propietarios de dos plazas comerciales en zonas de alta plusvalía en Culiacán, como la colonia Chapultepec y el Desarrollo Urbano Tres Ríos. Además, obtuvieron licencias municipales para construir y remodelar tres viviendas, dos locales comerciales y dos bodegas entre 2018 y 2020. Con una de sus gasolineras proveyeron combustible a diversas dependencias del gobierno de Sinaloa y a la Junta de Agua Potable de Culiacán, entre 2019 y 2022.

Mientras aún no figuraba en los listados del gobierno estadounidense, en marzo de 2019 Luis Alfonso, uno de los hermanos Zamudio Lerma, fue beneficiado con un tractor de 120 mil pesos, entregado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado.

Tras las sanciones de la OFAC, algunos integrantes de la familia han impugnado en tribunales los bloqueos de cuentas ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En fechas recientes, los hermanos obtuvieron amparos y suspensiones judiciales que les permitieron frenar el congelamiento.

En abril de 2025, Ángel Guillermo Zamudio obtuvo un amparo contra el bloqueo de sus cuentas personales y las de su empresa, Materiales de Construcción Aeroc. Ángel argumentó que las autoridades no le notificaron el inicio del procedimiento administrativo ni le permitieron conocer las razones del bloqueo. Además, señaló que la restricción a sus cuentas bancarias le impedía cumplir con sus obligaciones fiscales, lo que vulneraba sus derechos.

Un juzgado federal con sede en Culiacán le concedió el amparo, y aunque la UIF interpuso un recurso de revisión, éste fue desechado por un Tribunal Colegiado de Mazatlán.

Meses antes, su hermano Jorge Alberto y su sobrino Ludim Zamudio Ibarra consiguieron amparos similares y con los mismos argumentos.

Los Favela, proveedores de gobierno

Durante años, los Favela construyeron una red empresarial que operó en dos frentes: por un lado, suministraron materiales de laboratorio y productos químicos a instituciones públicas, por el otro, abastecieron con los mismos insumos los laboratorios ilícitos de Los Chapitos.

Sumilab es su empresa más antigua, la crearon en junio de 2001 y fue fundada por tres de los hermanos Favela: Jorge Luis, Francisco y Víctor Andrés, además de su cuñado, Jairo Verdugo Araujo. Por varios años, la familia sólo tuvo esa empresa de productos químicos, pero entre 2017 y 2021, Jorge Luis abrió otras tres compañías dedicadas a la industria químico-farmacéutica en Sinaloa y Sonora.

En mayo de 2023, las autoridades detectaron que Sumilab abastecía de precursores químicos a la facción de Los Menores, aunque entonces ninguno de los hermanos Favela fue identificado de manera directa. Ese señalamiento llegó después. En octubre de 2025, la OFAC incluyó en su lista negra a los tres hermanos Favela y su cuñado Verdugo Araujo, además de 12 compañías de su propiedad.

De acuerdo con las autoridades, tras el primer boletín de 2023, la familia abandonó varias de las empresas y cedió sus acciones a presuntos prestanombres. También retiró el logo exterior en la sede de Sumilab. Sin embargo, las investigaciones aseguran que la familia mantuvo su participación en el negocio de la producción de fentanilo.

Los señalamientos de 2023 tampoco interrumpieron la relación con las dependencias públicas. Cientos de contratos muestran que las empresas familiares mantuvieron negocios con varios gobiernos, al menos hasta junio de 2025, según una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Entre 2018 y el primer semestre de 2025, siete de las 12 empresas boletinadas prestaron servicios a hospitales, juntas de agua potable, centros de investigación científica y universidades públicas en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur.

Las compañías acumularon 630 contratos, en su mayoría por adjudicación directa, por un monto total de 35.7 millones de pesos, destinados principalmente a la compra de materiales de laboratorio y productos químicos, los mismos insumos que le proveían a Los Chapitos.