Los ‘sitios de exterminio’ en México no son nuevos. Se han ubicado, al menos, desde hace 15 años
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En los últimos 15 años se ha multiplicado la localización de lugares como estos donde distintos cárteles desaparecen a sus víctimas y en algunos también dejaron muestras de reclutamientos forzosos
CIUDAD DE MÉXICO- El reciente hallazgo en Teuchitlán, en el occidente de México, de un rancho con restos óseos y más de 700 objetos personales que fue utilizado por el crimen organizado como centro de reclutamiento y también “de exterminio”, en palabras del colectivo de búsqueda de desaparecidos que lo encontró, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que no es nueva en México aunque los gobiernos intenten evadirla.
Las autoridades localizaron en septiembre el rancho, ubicado en territorios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero inexplicablemente la investigación no avanzó. Tampoco esto es nuevo.
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En los últimos 15 años se ha multiplicado la localización de lugares como estos donde distintos cárteles desaparecen a sus víctimas y en algunos también dejaron muestras de reclutamientos forzosos. Son fincas, barrancos, zonas lacustres o construcciones donde se han enterrado, quemado o disuelto a personas bajo el presupuesto de que si no hay cuerpo, no hay delito. En México hay más de 52,000 personas sin identificar en morgues y cementerios y miles de restos calcinados que sólo pueden cuantificarse por kilos.
Al igual que la cifra de desaparecidos no deja de crecer desde 2006, ahora oficialmente hay más 120,000, tampoco se ha detenido el hallazgo de estos lugares, generalmente gracias al trabajo de colectivos de familiares.
AP visitó uno de estos sitios en 2022 en las afueras de Nuevo Laredo, en la frontera con Texas donde una pequeña habitación de una casa en ruinas hacía de horno y una torreta, de chimenea. Cuando los peritos entraron ahí por primera vez, una masa compactada de restos humanos y escombros de 50 centímetros de altura cubría el suelo e incontables trozos de huesos humanos estaban esparcidos por todo el rancho.
La administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) habló por primera vez de “sitios de exterminio”, pero los expertos piden cautela para que un concepto tan impactante no suponga un análisis simplista de procesos criminales complejos, dice el antropólogo Luis Fondebrider, ex miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja. También para “no banalizar” un término ligado a delitos de lesa humanidad, comenta Santiago Corcuera, asesor de varios organismos de Naciones Unidas.
Las familias de los desaparecidos lo utilizan para mostrar la envergadura de sus hallazgos. Lo preocupante, agrega Corcuera, es que “algunas veces pueden tener razón” porque en ciertas regiones de México sí hay indicios de que se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Estos son algunos de los hallazgos de mayor impacto de las últimas dos décadas.
“EL POZOLERO” (BAJA CALIFORNIA)
En 2009, la confesión ante las autoridades de un hombre estremeció a México. Santiago Meza, hoy todavía encarcelado, dijo que su trabajo entre 1996 y 2009 fue deshacer en “sosa cáustica” entre 150 y 300 cuerpos en fincas del Cártel de Tijuana. Los arrojaba en contenedores metálicos sin verles la cara. Luego, enterraba los restos o los tiraba a arroyos o drenajes.
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Se le apodó “El Pozolero” (el pozol es un caldo típico mexicano). Dijo que no era el único ni el primero que disolvía cuerpos y reveló cinco lugares específicos que tardaron años en revisarse. En 2017 se ubicó uno de ellos con miles de fragmentos óseos.
LAS FOSAS DE SANFERNANDO (TAMAULIPAS)
México no estaba habituado a encontrar grandes enterramientos clandestinos. A partir de 2011, eso cambió con el hallazgo de medio centenar de fosas con casi 200 cuerpos en San Fernando, la misma localidad del noreste del país donde, un año antes, habían sido asesinados 72 migrantes en un rancho.
En esos enterramientos, atribuidos a los Zetas, también se encontraron rastros de cómo algunos jóvenes era obligados a luchar entre ellos con mazos y si sobrevivían los incorporaban a las filas del cártel.
La recuperación de tantos cuerpos y la incapacidad de las autoridades para procesarlos fue el inicio de la aparición de cientos de fosas de una a otra esquina de México. Entre las más grandes, presumiblemente abiertas con excavadoras, unas de Veracruz, en el Golfo de México, a las que se llegó porque un informante anónimo entregó a un colectivo de familiares un mapa con la ubicación.
CÁRCEL DE PIEDRAS NEGRAS (COAHUILA)
Ubicada junto a la frontera con Texas, en el estado de Coahuila, la cárcel de Piedras Negras fue un centro de operaciones y ejecuciones del cartel de Los Zetas al menos entre 2010 y 2011. Pudo ser un secreto a voces en la localidad pero la sociedad mexicana sólo supo lo que realmente pasaba allí en 2017, cuando el Colegio de México —una universidad pública— publicó una investigación basada en expedientes oficiales.
No sólo modificaban vehículos o uniformes tácticos, sino que 20 cocineros tenían la tarea de disolver en tanques de 200 litros de diésel los cadáveres de sus víctimas que, en ocasiones, eran asesinadas allí mismo de un disparo o un martillazo en la cabeza y a veces desmembradas.
LA BARTOLINA (TAMAULIPAS)
Quien ha visitado el lugar conocido como “La Bartolina”, que significa calabozo, en el extremo noreste de la frontera entre México y Estados Unidos, no lo olvida.
Es un área lacustre en la desembocadura del Río Bravo controlada por el Cártel del Golfo del que la prensa local empezó a hablar en 2016 pero para las autoridades no existió durante años. Cuando el comisionado de Búsquedas de Tamaulipas, Jorge Macías, llegó al lugar por primera vez en torno a 2018 vio “pelvis, cráneos, fémures, todo ahí tirado... Me dije, ‘no puede ser’, no daba crédito”, contó a AP hace cuatro años.
En 2022, las autoridades habían recuperado más de 500 kilos de restos óseos de ese lugar y los trabajos aún continúan. En todo Tamaulipas se han localizado, al menos, 15 lugares que los servicios periciales estatales consideraron “sitios de exterminio”. Y los hallazgos no cesan.
“DESDE QUE LLEGUÉ ESTOY LLORANDO. ACTIVISTAS RECORREN LA FINCA EN TEUCHITLÁN
Cuando los integrantes del colectivo “Guerrero Buscadores de Jalisco”, integrado por personas que buscan a sus familiares desaparecidos, llegaron la semana pasada a un remoto rancho en las afueras de la segunda ciudad más grande de México gracias a una denuncia anónima, sólo tuvieron que empujar la puerta que estaba abierta.
Una vez dentro, se pusieron a trabajar con herramientas sencillas, picos, palas y barras de metal, realizando el trabajo que supuestamente habían realizado los investigadores estatales seis meses antes.
Lo que hallaron avergonzó a las autoridades estatales y conmocionó a México: docenas de zapatos, montones de ropa y lo que parecían ser fragmentos de huesos humanos. Familias consternadas de todo el país ya han comenzado a comunicarse con prendas de vestir que dicen reconocer.
“Desde que llegué estoy llorando, pero ¡ay Dios! es bien difícil, es bien difícil estar en un lugar donde se les quitaba la vida a las personas”, dice una activista mientras va narrando en vivo por Facebook en el interior de la finca en el occidente de México, donde fueron encontrados numerosos restos óseos calcinados y más de 500 indumentarias, los zapatos, la ropa y maletas.
Los miembros de “Guerrero Buscadores de Jalisco” acudieron el jueves junto con las autoridades al “Rancho Izaguirre”, en el municipio de Teuchitlán del estado de Jalisco, para avanzar en las labores de búsqueda de restos humanos en el predio de cerca de una hectárea que era controlado por el crimen organizado.
A más de una semana del hallazgo de numerosos restos óseos convertidos casi en polvo por efecto del fuego y más de 200 pares de zapatos y otras vestimentas que dio a conocer el colectivo, México aún sigue conmocionado por el caso que ha reavivado la vieja herida de los desaparecidos, que suman más de 120.000 en la actualidad.
El caso ha desatado una fuerte controversia luego de que se conoció que hace seis meses la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco intervinieron el predio, apresaron a diez personas e incluso iniciaron algunas labores de búsqueda en el lugar que poco después suspendieron sin que hasta la fecha se haya ofrecido una explicación.
La polémica llegó a tal punto que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó esta semana a la Fiscalía General de la República asumir el caso para determinar posibles responsabilidades por omisión y fallas en las investigaciones.
No fue sino gracias a la labor de Guerrero Buscadores de Jalisco que el caso logró reavivarse tras la denuncia que realizó el 5 de marzo sobre localización en el “Rancho Izaguirre” de numerosos restos calcinados que estaban bajo capas de ladrillo y tierra, y cientos objetos personales.
Al regresar al predio, Maribel, una de las integrantes del colectivo, no puede evitar estremecerse. “Ha sido el hallazgo más impactante. A pesar que sacamos muchas fosas con cuerpos seccionados, aquí jamás imaginamos encontrar tal atrocidad”, dijo desde las afueras de la finca la activista que pidió a la prensa que la identificara con su primer nombre por seguridad.
Mientras tanto en el interior del predio las autoridades avanzaban en las labores de clasificación y resguardo de las diversas evidencias y prendas de vestir que aún permanecen en una gran bodega, y la división de las áreas de la finca para seguir con las labores de búsqueda de más restos humanos.
La Fiscalía de Jalisco informó esta semana que en el “Rancho Izaguirre” se encontraron “seis lotes óseos”, un área de entrenamiento táctico y otra de acondicionamiento físico, pertenencias de víctimas y personas que pudieron estar involucradas en actividades ilícitas, medicamentos, artículos de higiene personal y pesas para hacer ejercicio, entre otros objetos.
Ante la presión de numerosas personas que buscan a sus familiares desaparecidos y que temen que pudieron ser llevados al “Rancho Izaguirre”, la Fiscalía de Jalisco publicó desde el 11 de marzo en su página de internet centenares de fotografías de las vestimentas y objetos que fueron localizados en el predio.
Guerrero Buscadores de Jalisco también ha difundido en sus redes sociales imágenes y videos de sus hallazgos. Maribel precisó que hasta la fecha han recibido alrededor de 500 mensajes de muchos familiares que han identificado prendas de vestir.
Ante el revuelo que se ha generado entorno caso, la activista dijo que espera que la Fiscalía “haga el trabajo bien” en esta oportunidad y avance de manera efectiva en las investigaciones. “Lo que queremos es parar ya todo esto, todo lo que es la desaparición, pero también que se pare toda esta atrocidad”, agregó.
Por María Verza, Diana de la Mora y Dabiola Sánchez, The Associated Press.
