Publicidad ilegal en redes marcó elección judicial 2025: 394 candidaturas incurrieron en gasto prohibido
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No obstante que configura un delito, gran parte de las candidaturas a ministros y magistrados compraron publicidad en redes sociales, lo que en muchos casos fue determinante para obtener la victoria.
De acuerdo con una extensa investigación del Observatorio Electoral Judicial (OEJ), fueron 394 los contendientes que recurrieron a esta estrategia.
En su informe especial el organismo afirma haber detectado mil 951 anuncios pagados durante dichas campañas, para cuya identificación se utilizaron entre 30 y 40 hashtags, como “elecciones”, “ministro”, “candidata” o “magistrado”.
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El 75 por ciento del total invertido se concentró en las candidaturas a ministras y ministros de la Corte, y de las 63 personas que compitieron (aunque una se retiró), 53 concentraron mil 195 anuncios, destaca el reporte.
Los resultados de sus monitoreos, llevados a cabo a lo largo de varias semanas, fueron solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que podría derivar en la aplicación de las sanciones respectivas, informó Luis Fernández, titular del OEJ.
El también director ejecutivo de Práctica Laboratorio para la Democracia dijo que, en efecto, la propaganda en redes sociales fue clave para el triunfo de candidaturas en la elección judicial.
Esto, a pesar de que las reglas del proceso señalan que no se podía contratar publicidad digital, ni por interpósita persona.
El informe del Observatorio revela, sin embargo, que al menos 394 aspirantes invirtieron entre 2.3 y 3.1 millones de pesos para publicitarse en plataformas como Facebook, Instagram, Threads y Messenger.
“Lo que encontramos es que claramente no lo hacen de manera directa, sino a través de terceras personas, en medios de comunicación comprados, en empresas que están disfrazadas de personas o medios”, explicó.
Entre quienes más invirtieron, figuran candidatas que actualmente ocupan puestos clave, como la ministra Loretta Ortiz, quien encabezó la lista con 86 anuncios y un gasto estimado de entre 418 mil y 539 mil pesos.
En orden descendente, le sigue Yasmín Esquivel, con 390 anuncios y una inversión de hasta 483 mil pesos; Giovanni Assael, quien, con 13 anuncios, destinó entre 197 mil y 364 mil pesos.
En el mismo orden, está Ingrid de los Ángeles Tapia, quien no logró un cargo, seguida de Ariadna Camacho (Tribunal de Disciplina Judicial), Lenia Batres y Arístides Rodrigo Guerrero.
En posterior entrevista para MVS Noticias, Luis Fernández aseguró que la información fue entregada de forma detallada al INE para su investigación.
“Nos mandaron un oficio —el INE/UTF/DRN/12710/2025— al Observatorio y nos solicitaron que respondiéramos con la información detallada sobre quiénes habían pagado pauta y cómo estaban establecidas las relaciones con las candidaturas”, dio a conocer.
El OEJ también presentó datos sobre encuestas falsas que daban ventaja a ciertas personas candidatas, a pesar de no estar registradas oficialmente ante el INE.
En el denominado “Informe especial: gasto en redes sociales de candidaturas, una infracción constante en la elección judicial de 2025”, consultado por VANGUARDIA, se encontró que candidatos y candidatas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 incurrieron, directa o indirectamente, en gastos irregulares para publicidad en redes sociales, apoyos no orgánicos y encuestas ficticias, prácticas estrictamente prohibidas por la legislación electoral”.
Hallazgos más recientes, con registros hasta el 31 de mayo, permitieron confirmar y ampliar los primeros resultados que el organismo había presentado.
En su informe, el OEJ refiere su interés de aportar elementos técnicos que permitan al INE y, en su momento, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinar posibles irregularidades y actuar en consecuencia.
Dos terceras partes del gasto en publicidad se concentra en 11 candidaturas (10 de ellas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la otra del TDJ), sumando entre ellas de 1.7 a 2.2 millones de pesos.
El informe llama la atención acerca de que 6 de las 9 candidaturas a la SCJN que son virtuales ganadoras, según los conteos al 2 de junio, suman cantidades que superan los 84 mil pesos y alcanzan hasta casi medio millón de pesos.
En suma, la investigación evidencia patrones preocupantes en el desarrollo de la elección judicial 2025, particularmente en 3 dimensiones críticas:
-- Uso masivo de publicidad pagada en redes sociales mediante terceros (97.5% de los casos).
-- Operación de estructuras digitales no orgánicas para favorecer candidaturas específicas, y
-- Difusión sistemática de encuestas sin sustento metodológico.
Estas prácticas, además de contravenir lo establecido en el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y el 136 del Reglamento de Elecciones del INE, “generaron asimetrías que comprometieron el principio de equidad en la contienda”.
Finalmente, el Observatorio planteó una interrogante: “¿cómo actuarán las autoridades electorales ante estas irregularidades ya consumadas durante el proceso?”.
Lo anterior, considerando que la legitimidad de los resultados depende en gran medida de la capacidad institucional para investigar, sancionar y, en su caso, reparar estas vulneraciones, especialmente cuando se trata de cargos que exigen los más altos estándares de integridad, subraya el reporte especial.
