Quieren pruebas antidoping para diputados, jueces y secretarios de Estado
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La iniciativa plantea reformar la Constitución para exigir exámenes toxicológicos periódicos a legisladores, magistrados y secretarios de Estado, con sanción de destitución si resultan positivos
CDMX.- El diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca hacer obligatorios los exámenes toxicológicos a los principales servidores públicos del país, incluidos diputados, senadores, secretarios de Estado, magistrados y jueces.
La propuesta tiene como objetivo, según el legislador, garantizar que quienes ocupen cargos de elección popular o de alta responsabilidad “lo hagan con plena idoneidad y sin estar afectados por sustancias que puedan comprometer su desempeño”.
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Canturosas Villarreal argumentó que el consumo de drogas ilícitas o el abuso de sustancias psicoactivas puede deteriorar la capacidad de juicio, la toma de decisiones y el liderazgo de los funcionarios, lo que repercute directamente en la confianza ciudadana y en el ejercicio del poder público.
La iniciativa establece que los exámenes de detección de drogas deberán aplicarse a los diputados y senadores al inicio de cada periodo ordinario de sesiones. En el caso de los secretarios de Estado, se realizarían de forma anual, al igual que a magistrados de Circuito y jueces de Distrito durante su ejercicio.
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El legislador recordó que, desde hace varios años, los integrantes del Congreso de Baja California Sur se someten a pruebas toxicológicas de manera obligatoria, en cumplimiento de la ley estatal, lo que ha servido -dijo- como ejemplo de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con el texto de la iniciativa, los análisis incluirían la detección de estupefacientes, psicotrópicos, inhalantes o fármacos que puedan alterar las facultades mentales o físicas de los servidores públicos.
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Asimismo, se plantea que los resultados sean públicos y que, en caso de arrojar positivo, se imponga la sanción de destitución inmediata del cargo, al considerar que la integridad y el desempeño ético son requisitos indispensables para el servicio público.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde será analizada antes de someterse a votación. Con información de El Universal
