Reportan dos detenidos tras el hallazgo de más de 380 cuerpos en crematorio de Ciudad Juárez

En un caso que ha generado conmoción a nivel local y nacional, las autoridades de Chihuahua concluyeron las labores de recuperación de 383 cuerpos localizados en un crematorio de la colonia Granjas Polo Gamboa, en Ciudad Juárez. El hallazgo, considerado uno de los mayores escándalos funerarios en la historia reciente del estado, ha derivado en una investigación penal y administrativa que continúa abierta.

Durante las últimas horas, la Agencia Estatal de Investigación (AEI) ejecutó la detención de dos personas relacionadas con el caso. Se trata de José Luis Arellano Cuarón, propietario del establecimiento, y Facundo Martínez Robledo, quien se desempeñaba como empleado del mismo. Ambos enfrentarán cargos por el delito de Inhumación, Exhumación y Respeto a los Cadáveres o Restos Humanos, según lo establecido en el Código Penal, así como posibles violaciones a la Ley General de Salud por el manejo inadecuado de restos humanos bajo resguardo de servicios funerarios.

Las penas contempladas para estos delitos pueden ir de dos hasta dieciséis años de prisión, dependiendo de la interpretación judicial y la gravedad de los hechos. Así lo informó el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, quien ofreció detalles durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con la investigación, los cuerpos fueron entregados al crematorio por seis funerarias locales: Luz Divina, Capilla Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamérica y Amor Eterno. Todos los cadáveres presentaban algún tipo de tratamiento funerario, lo que sugiere que ya habían sido preparados previamente para la cremación. Sin embargo, esta nunca se llevó a cabo. En su lugar, los cuerpos fueron almacenados, sin que existiera evidencia de un proceso de disposición final conforme a la normativa.

Los restos humanos fueron hallados en diversas condiciones, pero actualmente permanecen en cámaras refrigeradas, donde están siendo clasificados y preservados para su posterior identificación. El fiscal precisó que la identificación no dependerá únicamente de los familiares, sino que también se aplicarán métodos forenses y análisis de documentación para establecer la identidad de cada uno.

Respecto a la hipótesis de que los cuerpos podrían estar relacionados con personas desaparecidas, Jáuregui Moreno explicó que es poco probable. El embalsamamiento y otras técnicas de conservación aplicadas dificultan determinar el tiempo exacto que llevaban almacenados, pero sugieren que fueron entregados formalmente por funerarias y no corresponden a víctimas de desaparición.

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Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales por parte de los familiares, aunque se prevé que, conforme avancen las notificaciones, puedan surgir reclamaciones relacionadas con el trato a los cuerpos o el incumplimiento de los servicios contratados.

En paralelo, se investiga el posible papel de funcionarios públicos o de las funerarias involucradas. La Fiscalía aseguró que la indagatoria será profunda y que se buscará deslindar todas las responsabilidades, tanto penales como administrativas.

Según la documentación disponible, el crematorio operaba con permisos vigentes expedidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo que ha abierto cuestionamientos sobre la supervisión y seguimiento del cumplimiento normativo por parte de las autoridades regulatorias.

Marcelo Ruiz, representante de la Unión de Funerarias en Ciudad Juárez, reconoció públicamente que algunos miembros del gremio recurrieron a los servicios del crematorio implicado. Sin embargo, indicó que aún no se ha precisado qué funerarias fueron ni en qué periodos. Recordó que esta situación no es inédita en la ciudad: durante la pandemia, se reportó un caso similar con el hallazgo de 63 cuerpos en la misma zona y, posiblemente, en el mismo establecimiento.

El caso ha encendido las alarmas sobre la regulación del sector funerario en Ciudad Juárez, evidenciando la necesidad de un sistema de control más estricto y de mayores mecanismos de supervisión sobre la disposición final de los restos humanos. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan nuevas detenciones o sanciones conforme avance el análisis de cada cuerpo y cada caso.

Hasta el momento, no se han presentado denuncias formales por parte de los familiares, aunque se prevé que, conforme avancen las notificaciones, puedan surgir reclamaciones relacionadas con el trato a los cuerpos o el incumplimiento de los servicios contratados.

En paralelo, se investiga el posible papel de funcionarios públicos o de las funerarias involucradas. La Fiscalía aseguró que la indagatoria será profunda y que se buscará deslindar todas las responsabilidades, tanto penales como administrativas.

Según la documentación disponible, el crematorio operaba con permisos vigentes expedidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), lo que ha abierto cuestionamientos sobre la supervisión y seguimiento del cumplimiento normativo por parte de las autoridades regulatorias.

Marcelo Ruiz, representante de la Unión de Funerarias en Ciudad Juárez, reconoció públicamente que algunos miembros del gremio recurrieron a los servicios del crematorio implicado. Sin embargo, indicó que aún no se ha precisado qué funerarias fueron ni en qué periodos. Recordó que esta situación no es inédita en la ciudad: durante la pandemia, se reportó un caso similar con el hallazgo de 63 cuerpos en la misma zona y, posiblemente, en el mismo establecimiento.

El caso ha encendido las alarmas sobre la regulación del sector funerario en Ciudad Juárez, evidenciando la necesidad de un sistema de control más estricto y de mayores mecanismos de supervisión sobre la disposición final de los restos humanos. Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan nuevas detenciones o sanciones conforme avance el análisis de cada cuerpo y cada caso.