Separación forzada en frontera de EU impide que niños vean a sus padres desde 2018; hay más de 3 mil víctimas

Al menos mil 360 niños migrantes no se han reunido con sus padres en los últimos seis años, específicamente después de que el gobierno estadounidense los separara de manera forzada en la frontera con México, reveló el informe Tenemos que llevarnos a los niños: Tras seis años de la política de Tolerancia Cero, la rendición de cuentas es nula.

Destacó que el gobierno de Estados Unidos se negó, durante días o semanas, a revelar a los padres las circunstancias y el paradero de sus hijos tras ser separados, lo que concuerda con la definición de desaparición forzada, según las organizaciones Human Rights Watch, Texas Civil Rights Project y la Clínica Internacional de Derechos Humanos Lowenstein, de la Facultad de Derecho de Yale.

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”Las separaciones forzadas de familias también pueden haber constituido tortura, que ocurre cuando un agente del Estado provoca de manera deliberada sufrimiento grave con fines indebidos. Incluso un único caso de desaparición forzada o tortura es un delito conforme al derecho internacional”, puntualiza el informe.

Al analizar documentos de política y correos electrónicos gubernamentales, se estableció que funcionarios separaron de manera deliberada a los niños de sus padres para disuadir a otras familias con intenciones de entrar a EU de manera irregular.

“Hubo altos funcionarios que intervinieron con rapidez para mantener a niñas y niños separados de sus padres cuando agencias federales comenzaron a procurar la reunificación de las familias”, explicaron las organizaciones.

De este modo, el gobierno de Estados Unidos separó a más de 4 mil 600 menores migrantes de sus padres entre 2017 y 2021.

Los mil 360 niños cuyo paradero todavía no se ha informado representan casi 30% de los menores separados durante la primera administración del presidente electo Donald Trump.

Indicó que esto se logró a través de una aplicación de dos leyes federales.

”En primer lugar, se procesó a los padres por ‘ingreso indebido’, un cargo federal de gravedad menor. En segundo lugar, se utilizó el periodo breve de transferencia de los padres del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza [CBP, por sus siglas en inglés] al Servicio de Alguaciles, mientras comparecían ante los tribunales, para tratar a sus hijos como si no estuvieran acompañados”, detalla el documento.

De este modo, el CBP aplicó otra ley para transferir a los menores a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos responsable de los niños migrantes no acompañados en el país.

Aunque una orden judicial de junio de 2018 frenó las acciones del gobierno federal para separar de manera sistemática a todas las familias que ingresaran a Estados Unidos sin documentación, la orden judicial permitió separaciones por otros motivos, y las autoridades siguieron apartando a cientos de niños y niñas hasta fines de 2019.

En ese entonces, el gobierno le comunicó a un tribunal que más de 2 mil 800 niños habían sido separados a la fuerza de sus padres entre mayo y junio de 2018.

”A fines de 2018, la separación forzosa de familias había costado a los contribuyentes estadounidenses 80 millones de dólares, según una estimación (...), el costo real era sin duda mucho mayor”, refiere el análisis citado.