Ve Human Rights Watch impunidad en 83% de homicidios dolosos

Del total de casos de homicidio doloso investigados por las Fiscalías estatales del País, el 83 por ciento no logra judicializarse e identificar a un sospechoso, advierte un informe de Human Rights Watch (HRW).

De cada cinco casos, expone, en menos de uno se identifica a algún sospechoso y se abre una causa penal ante un Juez.

TE PUEDE INTERESAR: Tras un mes del regreso de Trump, Centros de Atención a Migrantes en la frontera, están vacíos

Entre 2010 y 2022, detalla, las Fiscalías estatales abrieron alrededor de 300 mil investigaciones por homicidio doloso y sólo en 51 mil casos, el 17 por ciento del total, pudieron identificar formalmente a un sospechoso. Se trata, remarca HRW, de “una cifra tremendamente baja”.

En tanto, señala el informe Doble Injusticia, la mayoría de las investigaciones por homicidio doloso en México no avanzan más allá de la etapa inicial.

En 2022, las Fiscalías estatales abrieron 28 mil 700 investigaciones por homicidio doloso (sin incluir feminicidios), y sólo abrieron una causa penal ante un Juez en 5 mil 300 casos, 18 por ciento del total.

”Se abre una carpeta de investigación, que incluye la información obtenida en la escena del crimen y cualquier acto de investigación realizado al inicio del caso, pero, por lo general, nunca se identifica formalmente a un sospechoso, no se solicita una orden de aprehensión ni se presenta una imputación”, apunta HRW.

“Una vez abierta la investigación, también suelen producirse graves retrasos en la realización de entrevistas y en la recogida de evidencias pruebas clave. En algunos casos, se producen retrasos en la identificación de las víctimas, lo que puede provocar demoras en otros actos de investigación. En otros casos, los fiscales no consiguen identificar la víctima y no continúan la investigación”.

El informe advierte sobre una amplia gama de problemas sistémicos que impiden el esclarecimiento de los homicidios, incluyendo la falta de investigadores, fiscales y peritos calificados; la escasez de materiales y recursos básicos necesarios para realizar estudios forenses, y sistemas excesivamente formales y burocráticos para coordinar las indagatorias, lo que provoca graves retrasos en la adopción de medidas básicas en el seguimiento de los casos.

Advierte además sobre incentivos perversos y prácticas de investigación anticuadas que fomentan la construcción de casos sobre pruebas y testimonios débiles, alterados, fabricados u obtenidos mediante amenazas o tortura, y la ausencia de protección adecuada para testigos y familiares de las víctimas.

En tanto, señala, la tasa de condenas por homicidio doloso se ubicó en 2022 en 0.9 por cada 10 víctimas.

HRW subraya que es evidente el fracaso del enfoque adoptado desde hace dos décadas por el gobierno mexicano para intentar frenar la violencia criminal y que ha consistido básicamente en desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

“En muchos casos, los esfuerzos y propuestas destinadas a mejorar los resultados del sistema de justicia penal se han centrado en debilitar las garantías procesales y socavar la independencia judicial. Sus resultados han sido igualmente pobres”, apunta.

El informe plantea una serie de recomendaciones para avanzar en la procuración de justicia, entre las que se encuentran fortalecer los servicios profesionales de carrera en las fiscalías; invertir en personal, formación, materiales y equipamiento; mejorar la coordinación en las investigaciones de homicidios; desarrollar políticas estratégicas de persecución penal y proteger la independencia judicial.