Virginia Guillén, anfitriona de fiesta millonaria de XV años de su hija, podría enfrentar inhabilitación o encarcelamiento

Virginia Guillén Ávalos, trabajadora auxiliar de Pemex y esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario gasolinero y cercano al PRD en Tabasco, podría enfrentar desde su baja e inhabilitación en el servicio público hasta nueve años de prisión por el delito de defraudación fiscal por no haber declarado todos sus bienes y propiedades ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como la forma en que los obtuvo.

EL UNIVERSAL dio a conocer este 7 de abril que la anfitriona de la fiesta de XV años que sacudió la opinión pública en Tabasco ha adquirido casas, terrenos y una camioneta BMW con pago de contado con sueldo de 38 mil pesos al mes como auxiliar técnico “B” en Pemex, pero olvidó reportar qué pasó con los bienes en su última declaración.

Luego de que Pemex informó que presentó una denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra Virginia Guillén Ávalos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que antes de hablar de sanciones debe avanzar la investigación del Órgano Interno de Control, para evitar que se cometa una injusticia.

”Tiene que hacerse la investigación. Quien tiene que determinarlo no es el director de Pemex, sino la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el propio Órgano Interno de Control (...) la instrucción que tienen todos, pero particularmente Raquel Buenrostro, es que se hagan primero las investigaciones y ver qué es lo que procede”, dijo la Mandataria.

Las posibles sanciones

En entrevista con EL UNIVERSAL, el fiscalista Mauricio Trahyn, miembro de El Colegio de Abogados, precisó que la sanción más inmediata a la que un servidor público puede estar expuesto por estas irregularidades podría ser una suspensión sin goce de sueldo por 30 días hasta el despido de su puesto actual y la inhabilitación en el servicio público hasta por 20 años, de acuerdo con el tipo de falta que encuentre la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en sus indagatorias.

”Cuando hay este tipo de declaraciones omisas, que puede haber conflicto de intereses, aquí es donde el Órgano Interno de Control tendría que hacer las investigaciones. Cada año, el 30 de mayo se presenta la declaración y si una persona no declaró de acuerdo con sus bienes u ocultó información, pues aquí ya viene un caso de corrupción que abre investigación”, precisó el especialista.

Otro caso es la declaración ante el SAT, a la cual están obligadas todas las personas que reciben remuneraciones de cualquier tipo. De acuerdo con fichas de información temáticas disponibles en la web del Servicio de Administración Tributaria, si mientes u omites información en tu declaración anual, puedes ser acreedor a multas que van desde los 2 mil hasta los 50 mil pesos.

Por múltiples irregularidades, el SAT puede abrir investigaciones penales para determinar el verdadero valor y monto total de los bienes de una persona.

Si no está pagando los impuestos reales a lo que dice poseer, eso podría constituir el delito de defraudación fiscal, mismo que se castiga con desde tres meses hasta nueve años de prisión, dependiendo del monto de lo defraudado.

“Ante el SAT siempre tienes que demostrar cómo es que obtienes esos recursos, y puedes decir, es válido: ‘son donaciones de mi marido’, y, de acuerdo con el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, están exentos; pero la investigación puede llegar al cónyuge: de dónde obtiene esos ingresos que le permiten transferirle o donarle esas cantidades”, comentó Mauricio Trahyn.Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, reiteró que desde esa organización se ha insistido en qué tan importante es revelar la situación patrimonial de un funcionario y aquellos intereses que podrían entrar en conflicto con la función que desempeña.

“Una empresa del tamaño e importancia de Petróleos Mexicanos tiene que asegurar que cualquiera de las relaciones de sus funcionarios y trabajadores no afecte decisiones comerciales o de negocios de la empresa”, destacó.

*50 mil pesos es el monto máximo de multa por mentiras u omisiones en la declaración anual.