Militares y políticos decidirán sobre presupuesto para ciencia; académicos y científicos, ‘invitados’

Manejo del presupuesto, expedición del reglamento de becas y del Sistema de Investigadores, asignación de temas de investigación, selección de temas de posgrado, así como crear y desintegrar Centros Públicos, son solo algunas de las facultades que tendrán la secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y Marina (SEMAR) en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT); organismo que reemplazará al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) según la Ley de Ciencia y Tecnología aprobada el pasado miércoles en fast-track por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la iniciativa, la nueva dependencia tendrá una Junta de Gobierno integrada por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Bienestar, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, Economía, Educación Pública, Energía, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Marina, y de Salud.

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En la ley actual no se contempla a las Fuerzas Armadas dentro de la Junta.

Los representantes de estas secretarías tendrán voz y voto en las sesiones de la Junta. En contraparte, las voces académicas y científicas no tendrán voto en las decisiones del organismo público, además de que solo serán escuchadas mediante invitación de la propia Junta de Gobierno.

Así, las Fuerzas Armadas tendrán mayor peso en las decisiones del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías que ciudadanos y ciudadanas de la comunidad científica.

“A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas, servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y, en general, a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno”, estipula la iniciativa aprobada.

Mientras tanto, a los representantes de las secretarías federales no se les obligará a contar con antecedentes o actividades científicas, ya que, estás, serán “preferentemente las que tengan entre sus funciones promover la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en la dependencia de que se trate”.

Además del personal de las secretarías, la presidenta o presidente de la Junta de Gobierno invitará “a seis representantes de la comunidad y de los sectores social y privado” a formar parte del órgano con voz y voto.

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Con posicionamientos encontrados, políticos, instituciones y científicos reaccionaron a la aprobación en lo general en la Cámara de Diputados del dictamen que expide la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Mientras que algunos celebraron la reforma, que pasó al Senado de la República para su análisis y discusión, otros la reprobaron porque advirtieron sobre el impacto que podría tener para el desarrollo de la ciencia en el país.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien ha sido un férreo defensor de la propuesta, estuvo entre los primeros en pronunciarse al respecto.

A través de Twitter, calificó la aprobación en San Lázaro como un “triunfo histórico” para “consolidar y reivindicar el carácter humanista de la política científica y tecnológica del país”.

Sin embargo, la aprobación no fue recibida con buenos ojos por otros miembros del gremio.

La investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Alma Maldonado, afirmó que este miércoles fue un “día penoso para la comunidad científica mexicana”.

Con información de Aristegui