Atrae Suprema Corte amparo sobre bullying escolar
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La Primera Sala estará en posibilidad de fijar diversos criterios para precisar lo que se ha denominado como bullying, o maltrato físico y psicológico escolar y discriminación.
Ciudad de México.- Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo que permitirá establecer criterios al analizar casos de bullying escolar.La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 211/2014, presentada por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
De esta manera, al revisar casos relacionados al tema se deberán privilegiar en el análisis diversos principios y derechos constitucionales que se estiman violados, como son, el de no discriminación, y los derechos a la educación, el interés superior del menor y el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, así como de los tratados aplicables sobre derechos humanos.
El caso deriva de una demanda de responsabilidad civil presentada por una señora, en representación de su menor hijo, en contra tanto de la institución educativa a la que éste último asistía, como de una de sus profesoras, ya que, según la madre del menor, su hijo fue víctima de maltrato físico y psicológico.
El juez civil estimó que no se acreditó la acción de la quejosa y, por lo mismo, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas. La inconforme promovió el amparo.
Al resolver este asunto, la Primera Sala estará en posibilidad de fijar diversos criterios, para precisar lo que se ha denominado como "bullying", o maltrato físico y psicológico escolar y discriminación, así como su aplicación en el orden jurídico nacional, en donde no se encuentra expresamente regulado.
Esta discusión fijará sus alcances en relación con los derechos humanos, como determinar la factibilidad de tenerse por probada la acción a través de pruebas indirectas teniendo en cuenta la complejidad o poca probabilidad de contarse con pruebas directas.
También podrá determinar si al tratarse de un asunto en el que está involucrado un menor, el juez está obligado a allegarse los medios probatorios necesarios para emitir su resolución y valorar el nivel probatorio del testimonio del menor.
