Protestan por tres feminicidos en Morelos

Cuernavaca.- La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos protestó de forma airada por el homicidio de tres mujeres en menos de 24 horas, con lo que el número de crímenes violentos de damas creció a 13 casos en lo que va del año.

El organismo no gubernamental criticó la ausencia de políticas de prevención del delito en favor de la mujer y el cumplimiento de un protocolo de investigación como lo establece la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos.

Los decesos de las mujeres ocurrieron entre el lunes y martes en los municipios de Ayala, Temixco y Emiliano Zapata.

Sobre el último caso, la Procuraduría General de Justicia informó que un juez de garantías concedió orden de aprehensión contra la pareja sentimental de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía especializada, el concubino de la víctima es el presunto responsable del feminicidio. Claudia "N" fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio la mañana del lunes luego de ingerir bebidas alcohólicas con su pareja.

De 2011 al 2012 el índice de homicidios contra las mujeres subió de 40 a 49 casos de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia, pero del 2006 a la fecha Morelos se posicionó en el lugar número 14 en la incidencia de homicidios contra la mujer.

Los homicidios son cometidos por familiares, novios y amigos, en espacios como el hogar.

Para la CIDH de Morelos, la PGJ incumple con el decreto legislativo porque debería haber emitido, en un plazo no mayor a 180 días naturales, los protocolos para la investigación de desapariciones y un plazo no mayor a 60 días naturales para emitir los lineamientos de investigación del feminicidio.

"Ha transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido y no tenemos conocimiento público de que la PGJ haya cumplido con lo establecido en este Decreto de hace ya más de 240 días", expuso José Martínez Cruz, coordinador estatal del organismo ciudadano.

En Morelos, desde el 2 de septiembre de 2011, entraron en vigor las reformas al Código Penal, Código de Procedimientos Penales y la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que clasifica el asesinato de mujeres como feminicidio e imponen una sanción de 30 a 70 años de prisión al o los agresores.

Con las modificaciones también se establece la obligación de crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de mujeres, que integre la estadística criminal y victimar para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia, por parte de la procuraduría estatal.