PRI, abierto a una fiscalización total
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El tricolor demandó a la PGR que investigue y llegue hasta las últimas consecuencias en torno a las acusaciones hechas sobre lavado de dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto
Ciudad de México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue y llegue hasta las últimas consecuencias en torno a las acusaciones hechas por la coalición de izquierda y el PAN contra su partido sobre el supuesto lavado de dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto.
Ayer, su equipo jurídico presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público Federal por esta acusación, vertida por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, respaldada por las dirigencias del PRD y PAN, para que investigue.
El partido demandó que "al comprobarse la falsa imputación" de las acusaciones de sus adversarios "se castigue a quienes irresponsablemente han hecho de la mentira un instrumento de propaganda política".
La denuncia de hechos incluye los documentos que el tricolor ha presentado en su momento ante el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "como respuesta a estas acusaciones sin sustento" de sus adversarios.
En conferencia de prensa, el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, y los líderes de la defensa jurídica del triunfo presidencial, Jesús Murillo, Benito Neme y Raúl Cervantes, dijeron que su partido está abierto a una fiscalización total.
El PRI sostuvo que la única imposición y fraude en la elección presidencial de 2012 sería desconocer el triunfo obtenido por Peña Nieto para después darle la victoria al candidato que perdió los comicios.
Coldwell recordó que los líderes nacionales del PRD y del PAN, Jesús Zambrano y Gustavo Madero, ratificaron sin presentar pruebas "las mentiras y especulaciones" del candidato Andrés Manuel López Obrador sobre supuesto lavado de dinero en la campaña priísta.
"El CEN del PRI niega categóricamente el uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial, o que se hayan rebasado los topes de gasto de campaña", dijo.
En tanto, Murillo Karam, coordinador jurídico de Peña, aceptó que el PRI contrató con un intermediario tarjetas de prepago, pero aclaró que tuvieron como objetivo dotar de recursos para comidas y traslados a más de 300 mil representantes de casilla y sostuvo que no se usaron para la compra de votos.
Agregó que no hay ninguna relación de la campaña presidencial de Peña con el despacho de Gabino Fraga para triangular un presunto lavado de dinero: "No hay lavado, no tenemos que ver con ningún despacho... que la PGR determine quién está cometiendo un delito".
Raúl Cervantes, abogado del CEN del PRI, consideró que López Obrador y los partidos que integran el Movimiento Progresista no han acreditado jurídicamente sus acusaciones y pidió que también se castigue a quienes han hecho falsas declaraciones ante la autoridad.
