Propone Muñoz Ledo democratizar los medios

El diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) propuso que telecomunicaciones, radio y televisión deben ser reguladas por un órgano autónomo, de participación ciudadana y creado por el Congreso.

Señala que en la Constitución se debe definir a los medios de comunicación como instrumentos de información y libre expresión de la sociedad plural.

Expresa en una iniciativa de reformas que los medios de comunicación electrónica deben ser de servicio público y prohibir que se ejerzan en ellos prácticas discriminatorias.

El proyecto de Muñoz Ledo garantiza a entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias, la explotación del espacio radioeléctrico, que en medio siglo, la legislación ha favorecido el crecimiento del sector comercial.

La propuesta incorpora al catálogo de temas legislativos del Congreso, la facultad de dictar leyes sobre radio, televisión, telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico, que de acuerdo con Muñoz Ledo debe incluirse antes de votar leyes en ese campo.

Su iniciativa difiere de una del PAN, presentada por Javier Corral el jueves, en cuyo proyecto el órgano regulador dependería del Ejecutivo y que propone una legislación sin reformas a la Constitución.

Muñoz Ledo en entrevista dijo que la otra iniciativa favorece los intereses de las empresas privadas, pues sin reforma constitucional podrían conseguir amparos ante reclamos de que respondan al interés social, no de lucro. Y no hay justificación para que el órgano regulador de los medios dependa del gobierno: Debe ser una institución autónoma del Estado, subrayó.

Reseña las relaciones entre el Estado y los medios. Primero se dieron concesiones ventajosas para los dueños de las empresas mediática, cuyo poder económico creció desmesuradamente y su capacidad de dominio rebasó al aparato estatal.

"Los difusores de medios electrónicos se adjudicaron un papel preponderante en la formación de una opinión pública dirigida a sus propios intereses. Han adquirido un poder
más amplio que la mayoría de los funcionarios públicos y que los empresarios en general".

Los medios electrónicos "abusan de sus herramientas para inducir el voto, inventar escándalos políticos o disimular hechos graves, crear imágenes positivas de algunos personajes o destruir la reputación de otros, sin que todo esto les haya implicado responsabilidad alguna".

Han desvirtuado la libertad de expresión, para convertirla en una práctica sistemática de embestidas a personas y al poder político, colocándolos a la par en un estado de sometimiento e indefensión, que justifica reformar la Constitución en sus artículos 6, 7,27 y 73, a fin de llevar a los medios a un esquema de responsabilidad social y de fortalecimiento de la democracia, dijo Muñoz Ledo.

El organismo autónomo ciudadano que se establecería sobre una base constitucional en materia de medios regularía los regímenes de concesiones y de permisos, con la facultad de otorgar y revocar esas explotaciones.

Dicha institución vigilaría que los contenidos de la programación y los medios respeten y promuevan la pluralidad y los derechos humanos.

Y deberá asegurar el derecho de réplica y el acceso a la utilización de los medios, en condiciones de igualdad de los sectores público, privado, comunitario y educativo.