Ampararían a funcionarios destituidos por caso Ayotzinapa

Acapulco.- Como una arbitrariedad que violenta la Ley Orgánica de la Procuraduría de Guerrero, calificó el colegio de Abogados Penalistas de Guerrero, la destitución de siete servidores públicos de la dependencia estatal, por estar presuntamente vinculados en la muerte de dos normalistas, el pasado 12 de Diciembre de 2011.

Dicho cuerpo colegido consideró que, con fundamento en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado, el funcionario estatal infringió la norma debido a que no es el titular de la Procuraduría si no encargado de despacho de la dependencia estatal.

En conferencia de prensa, el presidente de dicho colegio Alfredo Pérez Zárate, mencionó que debido a que el encargado de despacho de la procuraduría de Guerrero Juan Manuel Herrera Campos, no ha sido ratificado por el Congreso en la Procuraduría, los siete servidores públicos destituidos y presuntamente sujetos a investigación pueden obtener el beneficio del amparo.

"Los sub procuradores, a propuesta del Procurador General de Justicia, serán nombrados y removidos por el gobernador del Estado. Los demás servidores públicos de confianza serán nombrados y removidos por el titular de la Institución", señaló.

Consideró que con esta acción solo se demuestra una vez más que la salida política siempre se antepone a la cuestión jurídica con la que se demanda un estado de derecho y agregó que se observa "un rompimiento a la legalidad y al estado de derecho".

"Una arbitrariedad en cuanto a la destitución de los funcionarios, policías ministeriales y servidores públicos que recientemente fue dado a conocer por el encargado de despacho de la Procuraduría", expresó.

Dijo que el Colegio de Abogados lamenta que la Procuraduría viole sus normas con la aplicación de actos de autoridad al no fundamentarlos en la ley, y reiteró que "no hay fundamento en la figura jurídica como encargado de despacho" de Juan Manuel Herrera para remover del cargo a los siete servidores públicos.

Estimó que con estas acciones se demuestra que "en Guerrero estamos en un estado de excepción" donde se viola la ley a capricho y voluntad y lamentó que "un doctor en derecho viole su propia ley orgánica".

El presidente del colegio de abogados, dijo que en la fiscalía guerrerense "hay un vacío de autoridad" y comentó que sin tener personalidad para participar en las reuniones, el también subprocurador de control regional y procedimientos penales interactúa ante un sistema de seguridad sin tener la representación adecuada.

Sugirió al gobierno de Guerrero que sí quieren que continúe en el cargo y cuente con la figura legal, que lo propongan y validen ante el Congreso local.

Finalmente aclaró que no representa a nadie de los siete destituidos y precisó que su pronunciamiento lo baso como presidente de un colegio de abogados de la entidad porque no se pueden quedar callados ante esta irregularidad en la aplicación de la ley.