Irían a juicio político los jueces del caso de la hija de Marisela Escobedo
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El Congreso de Chihuahua deliberará hoy sobre los jueces que liberaron al asesino de Ruby; en su decisión incluirá a los policías y agentes del MP que integraron el expediente de investigación
CHIHUAHUA.- Este martes el Congreso de Chihuahua decidirá, en sesión extraordinaria, si somete a juicio político a los jueces que liberaron a Sergio Barraza, asesino de Ruby Marisol Frayre, hija de la activista Marisela Escobedo.
De acuerdo con diputados priistas consultados, todo apunta a que los impartidores de justicia sí serán sometidos a juicio político en razón de su actuación en este caso.
La decisión de los diputados locales, al término de la sesión que se prevé inicie entre las 11:00 y las 12:00 horas de este martes, incluirá también a los policías y ministerios públicos que integraron el expediente de investigación, el cual presenta fallas y omisiones, que al parecer provocaron la decisión de los jueces de liberar al asesino.
La sesión se desarrollará de manera privada, toda vez que el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Fernando Mendoza, dijo que en base a los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establecen "que cuando se trata de un juicio de procedencia o de un juicio político, la sesión debe ser a puerta cerrada".
Antes, los jueces Carolina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Váquez y Rafael Boudib Jurado presentaron ante el pleno del Supremo Tribunal de Justicia la contestación a los señalamientos que hacen, en la que argumentan que su decisión de exonerar a Sergio Barraza se basó en la investigación presentada por el Ministerio Público, en el cual nunca demostró la culpabilidad del imputado, "ni siquiera determinaron la causa de la muerte de Marisol", precisaron.
Los juzgadores que dejaron en libertad al asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo indican que el juicio contra ellos es improcedente, y señalan "la ineptitud" del Ministerio Público para sustentar sus acusaciones.
Advierten que si el Congreso decide realizar el juicio político en su contra, ellos exigirán su derecho de audiencia y defensa, y una vez que sean legalmente notificados, acudirán al juicio de amparo y pedirán asilo político en el extranjero, además de acudir a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
