Llamadas telefónicas serán prueba judicial

Así lo dictaminaron ayer las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados al dar luz verde a las reformas al Sistema Penal Mexicano.

Entre las novedades del proyecto del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución, destaca la implementación de los juicios orales, y que las policías podrán ingresar sin orden judicial a un domicilio en caso de amenaza inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, y en el caso de flagrancia.

Con la reforma, se permitirá presentar llamadas telefónicas como prueba por parte de una de las personas que participen en la conversación, explicó César Camacho (PRI), presidente de la comisión de Justicia.

"Se pueden presentar las llamadas de las conversaciones, siempre y cuando las aporte una de las personas involucradas en la conversación, porque la persona misma es una de las partes que tuvo que decir algo", dijo, aunque aclaró que el espionaje telefónico sigue prohibido.

Se pretende que hoy mismo, la reforma sea presentada al pleno, para que mañana sea votada.

Antes de aprobarla, los legisladores discutieron las reservas en lo particular del articulado.

En la sesión conducida por los presidentes de las comisiones de Justicia, César Camacho, y de Puntos Constitucionales, Raymundo Cárdenas (PRD), los diputados hicieron ver sus dudas y posicionamientos en temas polémicos, como la facultad que se da a la policía para ingresar a un domicilio sin orden judicial.



LOS JUICIOS ORALES


La propuesta propone un cambio estructural, para pasar del actual modelo tipo mixto preponderantemente inquisitivo, a uno "garantista" de corte acusatorio y oral.

Es decir, se partirá de la presunción de la inocencia para el imputado.

También se podrá pedir arraigo a una persona por parte del juez de control y a solicitud del Ministerio Público, siempre y cuando sea necesario para el éxito de la investigación.

César Camacho indicó que se busca devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

En la sesión, destacaron las participaciones de diputados como Rogelio Carbajal (PAN), Layda Sansores (Convergencia); Pilar Ortega (PAN) y Eduardo de la Torre Jaramillo (PAN).

La diputada Claudia Cruz (PRD) consideró necesario en el debate que el Estado indemnice a los inculpados cuando no se le otorgue una defensa jurídica "de calidad".

Salvador Ruiz Sánchez (PRD) consideró que se debería quitar el concepto de "calidad" porque se volvería un asunto empresarial.