Impunidad ¿hasta cuándo?La ley de la plata o plomo

Se pudiera pensar que los dos hechos no guardan relación alguna. Sin embargo, obedecen a lo mismo.

Lydia Cacho denunció a una red de pederastas protegida por poderosos políticos y empresarios. Pero, en lugar de castigar a los culpables, el Gobernador poblano activó el aparato del Estado en contra de la periodista.

Fue una acción orquestada en la que concurrieron diversas autoridades. Así lo determinó el dictamen del ministro de la Suprema Corte Juan Silva Meza. Así lo estimaron otros cuatro ministros.

Sin embargo, el voto en contra de otros seis ministros prácticamente exoneró al Mandatario de Puebla. El presidente de la Suprema Corte llegó al extremo de afirmar que aunque hubiera admitido la validez de la grabación que conocimos todos, sólo se hubiesen acreditado "irregularidades menores".

Los delitos de Mario Marín quedaron impunes.

Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, quien fue alcalde de Río Bravo, diputado y senador por Tamaulipas, denunció a las autoridades locales y al Gobierno de su estado por tener vínculos con el narcotráfico.

En enero sufrió un atentado. El 29 de noviembre fue asesinado.

Hasta hoy, los delincuentes a los que se refería el denunciante no han sido castigados.

Los autores del atentado y del asesinato también están libres.

Nuevamente, esos crímenes han quedado sin castigo.

En los últimos siete años han sido asesinados 30 periodistas, pero no hay un solo responsable detenido.

Como tampoco han sido castigados los autores de las miles de ejecuciones que se han dado en el país.

Injusticia en cachos... niño in fraganti.

Muchos nos preguntamos por qué.

Quizá encontremos parte de la respuesta en la explicación que dio el martes pasado el Presidente de la república al periodista José Cárdenas.

"Se requiere tanto para combatir al crimen organizado, que lo que menos voy a hacer es ponerme a ver quién tiene la culpa de esto, ¿no?... Yo lo veo, por ejemplo, en el caso de autoridades locales, alcaldes que cuando les llegan con la ley de plata o plomo, pues no tienen mucha alternativa.

"¿Qué tenemos qué hacer? En lugar de ver si el señor presidente municipal es culpable porque lo dejó operar en su zona, y ahora no sólo controla la droga, sino los secuestros, las extorsiones, las violaciones, pues mejor, señores, vamos a colaborar y vamos a limpiar la policía y vamos a rescatar ese municipio", dijo Felipe Calderón.

Juan Antonio Guajardo Anzaldúa ya había sido víctima de un atentado. La Procuraduría General de la República lo sabía y le asignó dos guardaespaldas para su protección. Sin embargo, los dos escoltas y otros tres acompañantes también fueron victimados.

Probablemente el ex alcalde de Río Bravo nunca supo que esta ley de "la plata o el plomo" estaba vigente y que, por lo tanto, era inútil y hasta ocioso pretender encontrar responsables.

No hubo tiempo para encontrar a los culpables porque el problema es muy grande.

Juan Antonio Guajardo pudo haber sido víctima de su ignorancia. Como también lo fue Lydia Cacho.

"Plata o plomo" es el dilema. No hay "mucha alternativa", dice el Presidente.

Quizá la inadvertida ley de "la plata o el plomo" también sirva para explicar por qué.