Rocha Moya: ¿Por cuánto tiempo lograrán sostenerlo?

El oficialismo mexicano definió ayer su estrategia frente al caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de tener vínculos con una organización criminal mexicana: cerrar filas a su alrededor y manejar el caso como si se tratara de uno en el cual todo se resuelve “controlando la narrativa”.

La estrategia, definida desde Palacio Nacional, está construida alrededor de un argumento que, al menos en primera instancia, suena lógico –y hasta sólido– si sólo se toma en cuenta a la gradería donde se encuentran los afines: la Fiscalía estadounidense no acompañó de ninguna prueba el documento con la acusación, el cual hizo público el miércoles pasado.

En estricto sentido, eso es cierto. El problema es que, de acuerdo con las reglas que rigen el proceso en los Estados Unidos, esa es la forma correcta de presentar una acusación. Y sí: en efecto, también deben presentarse pruebas, que en nuestro país deberán valorarse para decidir si se concede o no la solicitud de extradición, pero eso debe ocurrir cuando se lleve a cabo el juicio respectivo, no ahora.

Explicar los detalles técnicos de un caso de este tipo es sumamente complicado, e incluso quienes son versados en Derecho no necesariamente los entienden porque se trata de una metodología para juzgar que es distinta a la que se utiliza en nuestro país.

Por ello, en un primer momento resulta eficaz el difundir un mensaje breve, sencillo y –en apariencia– fácil de probar: no se va a proteger a nadie que haya violado la ley, pero si no se presentan pruebas “contundentes”, entonces no puede concederse la razón a un gobierno extranjero.

El problema para el oficialismo es que tal estrategia no resuelve el problema de fondo, pues únicamente sirve para mantener la cohesión y el respaldo de quienes forman parte de tus seguidores. En otras palabras, sólo sirve para “controlar la narrativa” ante el grupo de quienes te van a respaldar, al margen de lo que digas.

Pero el fondo real es de carácter formal y jurídico: la Fiscalía de Estados Unidos ha presentado una acusación puntual en contra de un gobernador mexicano en funciones y le ha solicitado al nuestro que lo detenga con fines de extradición. Ello obliga a la activación de los mecanismos bilaterales que establecen las reglas para atender la solicitud, y en ese terreno ya no se trata de “controlar la narrativa”.

Peor aún: plantear que “ante la ausencia de pruebas” sólo puede concluirse que el caso tiene motivaciones políticas únicamente conduce a una pendiente resbaladiza, por la cual puede llegarse a un escenario aún más indeseable que el actual: convertir el caso, en efecto, en una discusión política.

La encrucijada es tan clara como compleja de resolver: atender el tema como un asunto de estricta legalidad y, cuando las pruebas se exhiban –que ocurrirá–, aceptar que Rocha Moya debe ser sometido a juicio; o intentar la vía de la politización, lo cual tendría un costo muy alto no sólo para el morenismo, sino para el país entero.