Déjalos que se maten, respondió Ruiz Ferro

Tres días después, en efecto, Ruiz Ferro tuvo que mandar a levantar a los muertos: eran 45, en su mayoría niños y mujeres. Por ello, su actuación y la de varios funcionarios de su administración está hoy siendo investigada por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos en Acteal, creada en diciembre de 2006 y encabezada por el fiscal Mariano López Pérez.

La respuesta del mandatario consta en la declaración que Jacinto Arias -acusado de dar las armas al grupo que perpetró la masacre- rindió en la averiguación previa iniciada por la Fiscalía.

La dependencia lleva 12 meses tratando de reconstruir lo que ocurrió ese 22 de diciembre en Acteal, para deslindar la responsabilidad en la matanza de Ruiz Ferro, del ex secretario de Gobierno, Eduardo Homero Tovilla Cristiani; del ex procurador de Justicia, Jorge Enrique Hernández Aguilar, y el ex subsecretario de Gobierno Uriel Jarquín Gálvez, entre otros.

La indagatoria documenta la indiferencia de Ruiz Ferro y su gabinete ante los avisos de la crisis que se gestaba en Acteal, y de la que fueron alertados por lo menos desde cinco meses atrás, según testimonios que constan en el expediente. Sobrevivientes de la matanza también señalan al ex gobernador, al que acusan de ser autor intelectual de la masacre junto con Zedillo.

"Con los autores intelectuales, los que estaban en función en aquel tiempo, no se ha hecho justicia. Por ejemplo, los funcionarios del gobierno, Julio César Ruiz Ferro y todos sus funcionarios. Sabemos que son ellos los que planearon esa masacre, pero hasta la fecha no se ha hecho justicia. Nosotros lo que queremos es justicia", asegura Diego Pérez Jiménez, presidente de la sociedad Civil Las Abejas, organización independiente de productores rurales a la que pertenecían las víctimas.

"Sabemos que los grupos paramilitares fueron organizados, acompañados con los militares que existen aquí en las comunidades, en los campamentos. Aquí en Majomut, en Los Chorros, había muchos campamentos militantes. Sabemos que a los militares quienes les otorgan las armas son funcionarios del gobierno", dice convencido.

Jacinto Arias cumple una sentencia de 36 años y tres meses de prisión, como autor material de la masacre en el penal de El Amate, en Cintalapa, Chiapas. Diez años después, asegura que solicitó la ayuda de las autoridades estatales y federales, incapaz de contener la guerra que enfrentaba a priístas y cardenistas, por un lado, con integrantes y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por el otro.

El 19 de diciembre, recuerda, encabezó una comisión que se entrevistó con Ruiz Ferro, y le refirió que de lado de los priístas y cardenistas ya había 18 muertos.

En el otro bando también había bajas, pero Jacinto no las cuenta quizá porque todavía cree en el mito que difundieron zapatistas sobre sus muertos: "decían que no morían, que se convertían en mariposas, en murciélagos y que seguían presentes en sus territorios", según la leyenda que circuló en la región.

"Cuando le pedí (a Ruiz Ferro) que interviniera para la solución del conflicto que se estaba agravando en mi municipio, ya que dos días antes, el 17 de diciembre, habían matado al señor Agustín Vázquez Secum, me respondió que él mandaría a levantar los muertos. Entonces comencé a llorar porque no encontraba apoyo del gobierno del estado", relata en entrevista.

Antonio Pérez Arias, quien fungía entonces como secretario municipal de Chenalhó, refiere que, al menos desde el 26 de mayo de 1997, se reportaron tanto al gobernador Ruiz Ferro como al secretario de Gobierno Uriel Jarquín, el procurador de Justicia, Jorge Enrique Hernández, los enfrentamientos constantes con los zapatistas de Pohló.

"(El 26 de mayo Ruiz Ferro) nos contestó que no nos preocupáramos, que inmediatamente iba a intervenir, y que además enviaría a elementos de seguridad pública; sin embargo, no lo hizo y así fueron pasando los meses", relata.

A fines de septiembre, tras la muerte de dos priístas en un enfrentamiento entre ambos bandos por la mina de grava de Majomut, Ruiz Ferro ordenó la instalación del destacamento de seguridad pública en Majomut. Fue única respuesta de las autoridades locales a la creciente violencia en Los Altos de Chiapas.

" Pero no fue la solución a los problemas, ya que también tenían miedo por las agresiones de los zapatistas, se lo comentamos al gobernador y ya no nos hizo caso", recuerda.

EL UNIVERSAL trató de obtener la versión del ex gobernador. Lo buscó la semana pasada, pero en su oficina informaron que salió de la ciudad y regresa hasta enero. Se le envió un correo electrónico que hasta la fecha no ha respondido.

Ernesto Zedillo también fue alertado de la crisis en Acteal. El 1 de octubre, casi tres meses antes de la masacre, en gira por San Cristóbal de Las Casas, recibió de Jacinto Arias una solicitud para que civiles de Chenalhó pudieran portar armas y usarlas en legítima defensa ante agresiones de zapatistas. Zedillo no respondió, pero tampoco tomó medidas.

De los testimonios recabados hasta ahora por la Fiscalía, se desprende que el "grupo de autodefensa" (como se hacían llamar los autores de la matanza) tenían 10 armas largas; en realidad ocho, ya que dos les habían sido aseguradas en un retén semanas antes. Sin embargo, hay más de 50 indígenas sentenciados por usar esas armas en la matanza.

La Fiscalía busca establecer si esas armas y los grupos creados para resistir a los zapatistas, fueron auspiciados por alguna autoridad. Pero, a 10 años de la masacre, esa es sólo una de las muchas preguntas sin respuesta que existen en torno a la matanza de Acteal.