Validará certificados de bachiller
COMPARTIR
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que "regularizará" aquellos certificados de bachillerato emitidos por instituciones particulares, que sin tener un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), tramitaron el documento, pero utilizando el registro de otra escuela privada que sí cuenta con el reconocimiento oficial, a fin de que los estudiantes "no se vean afectados".
Al anunciar la aplicación en todo el país de operativos conjuntos entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la SEP, dentro del Programa Especial de Verificación y Vigilancia Regreso a Clases y Escuelas Particulares 2008, el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, reconoció que a través de denuncias ciudadanas se detectó a escuelas privadas que "sí cuenta con un RVOE, pero lo utilizan literalmente para maquilar certificados a instituciones que no cuenta con éste, y cobran por el servicio de 5 mil a 15 mil pesos por documento".
El compromiso de la dependencia, destacó, es que "cualquier alumno que haya pasado por el sistema educativo de bachillerato, y que podamos verificar las condiciones bajo las cuales realizó sus estudios, vamos a regularizar estos certificados para que no se vean afectados".
Y aseguró que los "ciudadanos que se aproximen a la SEP a resolver un asunto de este tipo, les garantizamos que van a tener un certificado de bachillerato con validez oficial". Informó que de las 10 escuelas que se han detectado hasta el momento por presunta venta de certificados, dos ya han sido verificadas, mientras que las seis restantes "no han abierto sus puertas". Sin embargo, reconoció que han sido "cientos de estudiantes" los que han pasado por sus aulas en años anteriores,
El funcionario agregó que se requiere la denuncia directa de padres de familia y alumnos para "tener nombre y apellido del estudiante, y con estos datos hacer un operativo", pues aseguró que se debe seguir un proceso administrativo, y en los dos casos conocidos, "esperaremos a que transcurran los 10 días, después de la última advertencia que impuso la Profeco, para turnar el caso a la Procuraduría General de la República, denunciando no sólo un engaño al consumidor, sino el uso de un registro para un acto ilegal".