Aumenta el crimen por nuevas rutas migratorias

OAXACA, OAX.- El blindaje del gobierno federal en la frontera sur del país y de los trayectos tradicionales de la migración empujó a grupos criminales dedicados al tráfico de personas y drogas a buscar rutas alternas.

Una de ellas atraviesa  tres regiones de Oaxaca, lo que ha generado un incremento en la criminalidad en dichos territorios con un saldo de al menos 16 personas desaparecidas y más de 100 carpetas de investigación por homicidios y secuestros.

En entrevista Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal General de Oaxaca, explica que la reciente alza en delitos de alto impacto en la región de la Cuenca del Papaloapan y la Cañada, en el norte del estado, se debe a que los traficantes de personas han dejado de cruzar desde el Istmo de Tehuantepec hacia Tuxtepec y luego a Veracruz, y en su lugar han optado por atravesar la Sierra Mazateca para llegar a Puebla.

Está ruta, sobre la que ya se compartió información a instancias federales, abarca varios municipios de ambas regiones como Ixcatlán, Jalapa de Díaz, Ayautla, Huautepec y Huautla de Jiménez, para después bajar a Teotitlán de Flores Magón y posteriormente seguir su camino a Tehuacán, ya en Puebla y llegar a la Ciudad de México.

De acuerdo con el fiscal, los grupos criminales “rediseñan” sus estrategias para dominar espacios territoriales y transportar droga y cualquier sustancia ilícita, por lo que considera que al igual que en todo el país, en este momento en Oaxaca hay una disputa por controlar territorios.

“Lo que estamos viendo en esta región es todo este fenómeno criminal de tránsito de personas (…) los grupos criminales han encontrado una ruta alterna que los hace transportar sus productos ilícitos, o bien a personas, desviándose hacia la zona de Huautla de Jiménez”, explica.

Este ruta alternativa, dice, es la razón de que estas comunidades registren un alza de delitos y que sólo en Huautla ha dejado 11 denuncias por desaparición de personas y otras cinco en otros municipios de la región como Jalapa de Díaz, donde la semana pasada Arturo García Velásquez, edil en funciones, quien fue aprehendido por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, luego de un cateo a su casa en el marco de una investigación por las desapariciones en la zona.

El fiscal explica que hace un año, tras la entrada de las primeras caravanas de migrantes centroamericanos a México, comenzaron las labores de inteligencia por el aumento de la criminalidad en esta región, mismas que permitieron mapear, a través de análisis telefónicos,  los puntos de la ruta y que ha regido las recientes acciones de la dependencia, como cateos simultáneos y la aprehensión de al menos 13 presuntos responsables del delito de desaparición.

Prefieren arriesgarse a ser detenidos PALENQUE, CHIS.-  El cerco policiaco-militar que instaló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la frontera sur de México no detiene el ingreso de decenas de migrantes centroamericanos, pero  los orilla a caminar por rutas como la de Tenosique, Tabasco, y Palenque, Chiapas, donde son víctimas de secuestro, asaltos y extorsiones.

Desde Ciudad Hidalgo —en la frontera con Guatemala— hasta el Istmo de Tehuantepec,  se han  desplegado   6 mil elementos de la Marina y militares que conforman la Guardia Nacional (GN),  Policía Federal (PF) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

En la ruta de Tenosique y Palenque, a pesar de la vigilancia, el flujo de migrantes continúa y se incrementaron los casos de secuestro, según ha informado  la Casa del Migrante La 72,  en Tenosique.

De acuerdo con la organización, de julio a septiembre de este año ha presentado 36  denuncias  por  secuestros ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En  algunos casos se han  pagado hasta 6 mil dólares de rescate.

Bajo la lluvia o el sol, con mochilas al hombro, cargando botellas  de  agua, cartones para dormir y un poco de comida, decenas de migrantes caminan unos 80 kilómetros   de la frontera El Ceibo, Guatemala, a Tenosique.

Se adentran entre la maleza, por potreros y pantanos,  para no ser detenidos por efectivos de la Guardia Nacional y el INM, pero se exponen a otros riesgos  que los  acechan,  como el crimen organizado.

Geovany, un migrante hondureño de 21 años, dice que prefiere arriesgarse a andar por  esos caminos  a esperar a que lo maten  los pandilleros, como el les llama, pues asegura que querían obligarlo a trabajar para ellos en el narcotráfico.