Candidato de PT-Morena tiene dos sentencias por violencia familiar, y aún así fue ratificado

TOLUCA, Méx.-  Victorino Sánchez, candidato del PT y Morena a la presidencia municipal de Santiago Tianguistenco, fue ratificado esta tarde por el Tribunal Electoral del Estado de México (TTEM), a pesar de haber sido sentenciado en dos ocasiones por “violencia familiar”, pues a mediados del 2015 lanzó por las escaleras a quien era su esposa y el 6 de febrero del 2016 casi la mata por estrangulamiento, después de propinarle una gran paliza que la hizo abortar de dos meses.

Aurora Guadalupe Ortiz Quiroz, la víctima, perdió está tarde la batalla legal que emprendió ante diversas de instancias, autoridades y dirigentes partidistas de diversos niveles en el Estado de México, para evitar que un agresor, su exesposo, ocupe un cargo público de elección popular.

Desde antes de su postulación por el Partido del Trabajo (PT), Aurora buscó a dirigentes de esa fuerza política para entregarles el expediente y luego ante autoridades del Instituto Electoral (IEEM), pero nadie le hizo caso. Los acuerdos entre las dirigencias del Partido del Trabajo y Morena operaron sin tomar en cuenta los antecedentes del aspirante y terminaron por impulsarlo.

Los antecedentes no son simples

La sentencia condenatoria 85/2016 dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle en abril del 2017, declaró que el hoy candidato a la alcaldía de Santiago Tianguistenco es de personalidad agresiva y “generador de violencia”, además de imponer medidas de protección a favor de Aurora y su hija (entonces de 4 años), para prohibirle acercarse a ambas a menos de cien metros.

Otra “sentencia definitiva”, pero de carácter penal, emitida por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tenango del Valle (con registro 178/2017) del 13 de septiembre de 2018, resolvió que: “Victorino Sánchez Samaniego, es penalmente responsable de los hechos que la ley tipifica como violencia familiar, cometida en agravio de víctima menor de edad de identidad reservada y Aurora Guadalupe Ortiz Quiroz”. En este caso fue sentenciado a dos años de prisión.

Derivado de estas sentencias, se le condenó además a pagar una pensión regular a su hija, considerada también víctima de la violencia, lo cual Victorino Sánchez ha combatido incansablemente y a la fecha adeuda 128 mil pesos, aunque en días recientes, tras conocer que Aurora comenzaba a difundir su caso, acudió a depositar los primeros dos meses después de no hacerlo por largo tiempo.

Luego de que los candidatos fueron designados y su caso fue ignorado por completo, la víctima acudió al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), donde promovió un Juicio Ciudadano Local, el cual quedó registrado con el número JCL/242, mismo que hasta este lunes fue resuelto, aunque lo interpuso desde el pasado 15 de mayo.

Resolución del Tribunal

Con dos votos en contra y tres a favor, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), ratificó el acuerdo 113 emitido por el consejo general del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en el que se aprobó la candidatura de Victorino Sánchez Samaniego a la alcaldía de Tianguistenco

Al resolver el Juicio Ciudadano Local JCL/242/2021, la mayoría de los magistrados votaron a favor de la resolución diseñada por el magistrado Jorge Esteban Muciño, por considerar que la víctima del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia no tiene interés jurídico en el caso, por lo que su demanda fue finalmente “desechada de plano”.

De acuerdo con la visión del magistrado Muciño y la de otros dos de sus compañeros magistrados, la víctima en este caso, quien promovió el Juicio Local Ciudadano, impugnando la calidad del candidato, “no tiene legítimo interés jurídico”, toda vez que no participó en el proceso de selección interna del Partido del Trabajo (PT), el cual lo postuló.

Pese a lo anterior, dos magistrados no estuvieron de acuerdo en esta resolución y dieron sus respectivos votos particulares en contra, lo que abre la puerta para que asunto pueda ser llevado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La magistrada Martha Patricia Tomás Pescador advirtió que el juicio promovido por la víctima, si bien no encajaba en los supuestos que atienden los Juicios Ciudadanos, debería ser analizado a fondo como un “asunto especial”, toda vez que se trata de la víctima del candidato, quien al tener una sentencia por violencia familiar y al haber sido también sentenciado al pago de una pensión (que adeuda en parte), no reúne el perfil que exige la ley y no cuenta, por lo tanto, “con un modo honesto de vivir”.

En el mismo sentido votó el magistrado Víctor Óscar Pasquel Hernández, quien fue todavía más lejos, al hacer un análisis más profundo del caso y advertir que al haber sido condenado por violencia familiar, Victorino Sánchez “no es elegible”, pues viola el artículo 119 de la Constitución local.

También dijo que al haber sido condenado por violencia familiar “carece de un modo honesto de vivir” y que el interés de la víctima es prevenir que otras mujeres del ayuntamiento pudieran ser víctimas del petista una vez que ocupe el cargo, por lo que sí tiene derecho legítimo al impugnar su candidatura.

“Nadie mejor que ella -la víctima- está legitimada para poner en duda la ciudadanía del candidato, derivado de su comportamiento en el núcleo familiar, pues la intención de la actora es prevenir que otras mujeres sean víctimas del candidato en el ámbito político, en el ámbito del ejercicio del cargo si es electo”, advirtió el magistrado, quien a diferencia de su compañera, estimó que ni siquiera era necesario tratar el asunto como especial, ya que para él, quedaba claro que Victorino Sánchez “es inelegible” y su candidatura viola el artículo 119 de la Constitución Política local.

Finalmente, el caso fue rechazado y “desechado de plano”, con tres votos a favor y dos votos particulares en contra.

Este asunto se perfila en convertirse en el primer caso en que un candidato agresor y sentenciado por violencia doméstica, logra evitar las recientes reformas aprobadas el año pasado por la 60 Legislatura local, para evitar justo lo contrario.