Demanda de Humberto contra Aguayo podría inhibir libertad de expresión: AI

La organización Amnistía Internacional asegura estar preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México, por lo que urgió a las autoridades mexicanas a garantizar que el sistema de justicia civil no sea utilizado para hostigar y desacreditar a los periodistas.

Tras ser del conocimiento público la demanda por difamación del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, en contra del periodista mexicano Sergio Aguayo, luego de que éste publicara en enero pasado un artículo sobre la detención en España del político priista, Amnistía Internacional condenó que dicha acción vulnera los derechos humanos.

“Toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo cual en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular Amnistía Internacional está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”.

La demanda en contra de Aguayo exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares (más de 10 millones de pesos mexicanos) por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, asegura en un comunicado la organización, el ex Gobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece para este tipo de demandas, un monto que ronda los mil 400 dólares (poco más de 26 mil pesos mexicanos).

Dicho recurso legal fue presentado el pasado 28 de junio y aceptado el día 30 en el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), luego de que el también ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijera sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que Aguayo dijo que Moreira “desprende el hedor corrupto”.

Además, Moreira ha anticipado que procederá legalmente de nuevo en contra de Aguayo “por las nuevas infamias que ha vertido contra mi persona”, afirmó.

Al respecto, Amnistía Internacional considera que “la suma exigida como reparación en la demanda es excesiva y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público”.

Lo anterior ya que de acuerdo con la organización, la opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte “del ejercicio legítimo de su libertad de expresión”, siendo que los asuntos de interés público “deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales” y, por lo tanto, “funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos”.

Por ello, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades mexicanas para que se aseguren de que “el sistema de justicia civil no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacifico de los derechos humanos”.

En ese sentido, la organización refiere que las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público.

El pasado 13 de julio, el investigador de El Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada, dijo que la demanda por 10 millones de pesos que interpuso en su contra Humberto Moreira Valdés es para tratar de obstaculizar la entrega de expedientes solicitados al Gobierno sobre la masacre de Allende, en donde fueron asesinadas y desaparecidas decenas personas.

En entrevista con SinEmbargo el académico indicó que solicitó ya al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas revisar la demanda para que “demuestre que me puede proteger frente a la intimidación de este tipo”.

“Yo establecí como una primera hipótesis de trabajo que podía ser por la investigación que estoy conduciendo desde El Colegio de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la matanza de Allende en 2010 y 2011. Estoy a la espera de una conversación con el Gobernador de Coahuila [Rubén Moreira] para hoy por la tarde o mañana más temprano. Cuando hable con el Gobernador podré decir si esa hipótesis es correcta o no”, dijo.

El 15 de enero de este año, Humberto Moreira fue detenido y enviado a una prisión de Madrid. La investigación en su contra en el país vasco comenzó en 2013 cuando la justicia de Estados Unidos, que indagaba al ex Gobernador de Coahuila por blanqueo y malversación, pidió a la española varias diligencias.

En enero pasado, El País dio a conocer que el Gobierno de Enrique Peña Nieto puso a disposición de Humberto Moreira Valdés toda la maquinaria diplomática y legal de su Embajada en España para conocer cada detalle de su situación legal, atender a su familia y sacarle de la cárcel.