'En México se ignoran los graves abusos contra personas con discapacidad'
COMPARTIR
Disability Rights International acusa que, tras 20 años de trabajo en el país, no ha visto avances para evitar que personas con discapacidad intelectual sean víctimas de tortura, violencia sexual y esterilización forzada.
En México nada ha cambiado desde hace dos décadas que Disability Rights International denunció por primera vez que en el país operaban centros de detención para personas con discapacidad intelectual en donde se cometían abusos, tortura y esterilización forzada.
Ante la falta de avances y compromiso de parte del Estado mexicano, esa organización internacional anunció este martes que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar casos de abusos y violaciones en contra de personas con discapacidad que se cometen con el consentimiento de autoridades.
“En México hemos visto los abusos más atroces cometidos contra personas con discapacidad que están internadas en contra de su voluntad, pero cuando les hemos reportado a las autoridades han decidido no hacer nada. En México hemos acumulado veinte años de frustraciones en donde sólo vemos que los abusos, la violación sexual, la tortura, la esterilización forzada continúan”, dijo Eric Rosenthal, director ejecutivo de Disability Rights International (DRI).
Uno de los casos emblemáticos de la denuncia de DRI es el de Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales S.C. que alojaba a 37 personas con discapacidad intelectual y recibía recursos públicos tanto federales como locales.
El Gobierno de la Ciudad de México informó el pasado 5 de mayo que esas personas fueron reubicadas en otros centros y que en abril pasado la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México clausuró las instalaciones tras dar seguimiento a dos denuncias por abusos cometidos en la institución.
Sin embargo, las autoridades de la capital mexicana fueron notificadas por DRI sobre los abusos cometidos en Casa Hogar Esperanza desde junio de 2014 y una vez más en mayo de 2015, cuando esa organización publicó el informe “Sin Justicia. Tortura, tráfico y segregación en México”.
“En junio de 2014 notificamos a las autoridades para que la institución fuera cerrada inmediatamente por los abusos allí cometidos que constituían tortura contra las personas con discapacidad ahí recluidas. Un año después que regresamos a la Casa Esperanza insistimos y tampoco pasó nada. En lugar de eliminar los abusos hicieron lo opuesto. Nadie está en prisión por los abusos cometidos y aunque les presentamos el caso, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ni siquiera se asignó un expediente al caso”.
Entre las violaciones a derechos de las personas con discapacidad que desde 2014 denunció DRI ante autoridades mexicanas están la esterilización forzada de mujeres internas como respuesta a los abusos sexuales de los que son víctimas.
“Cuando pregunté por qué esterilizaban a las mujeres internas me respondieron que porque no podían protegerlas de abusos sexuales y era mejor evitar las consecuencias de esos abusos que seguramente podían ocurrir”, explicó Eric Rosenthal.
También se denunció el uso de jaulas de un metro cuadrado para encerrar y “contener” a niños y adultos; la presencia de personas con las manos atadas detrás de la espalda para limitar su movimiento o grupos de 25 pacientes que permanecían todo el día en un espacio de 10 metros caminando en círculos.
Con jaulas y suciedad: así son algunos albergues infantiles financiados por el GDF
“La primera vez que visitamos centros como Casa Hogar Esperanza (en 2014) una mujer me dijo ‘sácame de aquí’. Un año después ella misma me dijo que era violada constantemente por el mismo personal de la institución. Todas esas cuestiones fueron ignoradas hasta ahora”, explicó Rosenthal.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que hasta abril de 2016 reubicó a las 37 personas víctimas de abusos de Casa Hogar Esperanza, es decir, dos años después de recibir los reportes de violaciones constantes.
Sin embargo, Disability Rights International denuncia que la reubicación ocurrió en otras instituciones en las que también se priva de libertad a personas con discapacidad intelectual en contra de su voluntad.
“Las personas con discapacidad tienen el derecho a vivir en una comunidad como cualquier otro ciudadano. No hay forma de proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad mientras las mantengan en el encierro involuntario. Eso es lo que ocurre en México y por eso acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Eric Rosenthal.
En opinión de DRI, el Estado mexicano falla en garantizar los derechos de las personas con discapacidad y han ignorado a las organizaciones civiles que exigen garantías a esos derechos.
“Tan pronto como las personas con discapacidad intelectual son internadas en contra de su voluntad en una institución en México, el gobierno les retira casi todos sus derechos. No pueden decidir a qué hora despertar, a qué hora comer, cuándo bañarse, cómo pasar su tiempo libre, qué ropa usar, cuando dormir o qué medicamento tomar (…). Son básicamente prisioneros de por vida aún cuando no han cometido ningún crimen”, dijo Robert Okin, médico psiquiatra de DRI, experto en tratamiento con visión de derechos humanos de personas con discapacidad intelectual.
Amenazas e intimidación
Disability Rights International denunció que fue víctima de amenazas e intimidación en la víspera de informar a la prensa sobre la posibilidad de acudir ante la CIDH por violaciones a personas con discapacidad en México.
La organización anunció una conferencia de prensa para este martes, pero el equipo de trabajo en México recibió mensajes que los orilló a cancelar el evento.
Eric Rosenthal explicó que el equipo recibió mensajes que decían que de llevarse a cabo la conferencia de prensa se interrumpiría el evento con violencia poniendo en riesgo tanto a periodistas como a los integrantes de la organización internacional.
Desde hace al menos seis meses, el equipo recibe mensajes para acusarlos de promover la violación a derechos de personas con discapacidad por publicar su situación actual y los señalan como responsables de todo mal que pueda ocurrirle a las personas con discapacidad de las que refieran su caso.
Los defensores de derechos humanos no celebraron la conferencia de prensa planeada y tuvieron que realizar reuniones privadas con algunos medios de comunicación tras las amenazas.
