Exigen esclarecer la muerte de reos en Nuevo León, piden trato digno para presos
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HRW y Cadhac hacen un llamado al gobernador para que atienda denuncias por abusos en prisiones de la entidad
MONTERREY, NL.- Human Rights Watch y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), exigieron al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, poner atención y resolver presuntos actos de extorsión, abuso y maltrato en perjuicio de los internos, por parte de bandas del crimen organizado, además de aclarar tres muertes sospechosas que se registraron los dos últimos meses en penales del estado.
A través de una carta, Human Rights y Cadhac, externaron a Rodríguez Calderón su profunda preocupación por información que han recibido respecto a condiciones abusivas existentes en las cárceles de la entidad.
Refirieron que, en los últimos dos meses, tres personas han muerto en circunstancias sospechosas en las cárceles estatales Apodaca 1 y 2, y además recibieron denuncias de que bandas delictivas que controlarían las cárceles, “golpean a internos y los obligan a pagar sobornos”.
Asimismo, recibieron información sobre personas con síntomas de COVID-19 que son aisladas en condiciones antihigiénicas y degradantes, y a quienes no se les ha brindado tratamiento médico.
Recalcaron que, conforme al derecho mexicano y al derecho internacional, las autoridades estatales tienen la obligación de proteger la vida y la integridad personal de todos aquellos que están privados de su libertad, mientras las autoridades penitenciarias están legalmente obligadas a proporcionar alimentos, agua, ropa de cama y atención médica.
Además, las autoridades no pueden negar ninguno de estos servicios ni participar en ningún tipo de trato o pena cruel, inhumana o degradante, asentaron.
“A fin de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Nuevo León, lo instamos a que ordene que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre estas denuncias y las tres muertes que ocurrieron en las últimas semanas, para poder determinar el alcance de estos abusos e identificar y sancionar a los responsables”, puntualizaron las organizaciones.
