Extradición de exgobernador Borge, un acto de justicia con visión electoral

México.- La extradición de Roberto Borge, exgobernador del estado de Quintana Roo acusado de corrupción, es positiva pero despierta sospechas entre la ciudadanía, que relaciona el suceso con el afán de limpiar la imagen del oficialismo previo a los comicios de mediados de 2018.

"No se puede menospreciar un acto de justicia, pero no debemos acostumbrarnos al elemento mediático. (...) Tampoco es suficiente la captura del cabecilla, se tienen que desmantelar los sistemas de corrupción a lo largo del país", dijo a Efe Dario Ramírez, director de Comunicación de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Borge, quien fue gobernador del turístico estado de Quintana Roo de 2011 al 2016 por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue este jueves extraditado desde Panamá a México.

Fue detenido el pasado 5 de junio cuando se disponía a tomar un vuelo a París. Su último refugio había sido la lujosa Torre Trump de Panamá, propiedad del hoy presidente de Estados Unidos.

En México, Borge enfrentará diversas causas. A nivel federal, por lavado de dinero, y en el ámbito local por los ilícitos de aprovechamiento ilícito del poder, peculado (malversación de fondos públicos) y desempeño irregular de la función pública.

Se estima que realizó un quebranto al erario público de Quintana Roo de alrededor de 3.000 millones de pesos (unos 156 millones de dólares), disparando de manera exponencial la deuda del estado.

Su caso no es el único. Según un recuento de Mexicanos contra la Corrupción, hay actualmente 24 exgobernadores con escándalos de corrupción.

Dieciocho de ellos son del PRI, tres del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), uno del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y dos más en alianzas PAN-PRD.

Uno de los casos más sonados y recientes es el de Javier Duarte.

El ex gobernador del oriental estado de Veracruz entre 2010 y 2016 por el PRI fue extraditado desde Guatemala el pasado julio.

Se le señala de desviar recursos públicos hasta dejar el estado en bancarrota y con los índices de impunidad y violencia por las nubes, un mandato caracterizado además por el asesinato de 17 periodistas.

Otro caso flagrante es el de César Duarte, gobernador del norteño estado de Chihuahua por el PRI y hoy prófugo, cuenta con una orden de localización y detención de Interpol, y es acusado de malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

"Son los tres iconos de la corrupción 'peñista' y la justicia ha llegado a medias. No se reivindica, ni combate la impunidad, y esta es una señal contraria" a la lucha contra la corrupción, remarcó Ramírez.

Para el experto, hay una falta de "voluntad política" real en perseguir a los corruptos, alimentando un engranaje que, según datos del Banco Mundial, le cuesta al país cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB), unos 108.000 millones de dólares.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, vive su último año de mandato con continuas críticas por su ineficaz combate a la corrupción, lo que llevado su popularidad a cotas paupérrimas.

Para hacer frente a esta lacra -principal causante, junto con la ola de violencia, de que solo el 25 % de los mexicanos apruebe su gestión- Peña Nieto anunció en 2015 la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras medidas.

Pero no fue hasta 2017 que se puso en marcha, con notables carencias.

"El fiscal Anticorrupción sigue ausente, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) acéfala y los magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción, no están. El sistema está moribundo", denunció Ramírez.