Filtración del colectivo Guacamaya revela que AMLO mantiene estrategias de la “guerra contra el narco”

Ciudad de México- En el informe “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena”, fue realizado por las organizaciones Data Cívica e Intersecta y se hizo público el día de ayer, se llevó a cabo un análisis de la base de datos que las autoridades mexicanas recopilan acerca de los eventos de violencia y homicidios que consideran vinculados al crimen organizado y su combate entre 2017 y 2020.

Es a partir del estudio de dicha base de datos, misma que no es de dominio público y que las organizaciones recopilaron a partir de los miles de correos filtrados el año pasado en el hackeo conocido como “Guacamaya Leaks”, que se infiere sobre la perspectiva que el Ejército tiene en su lucha contra el narcotráfico, sus sesgos y sus negligencias.

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“López Obrador dijo el 30 de enero de 2019 que oficialmente ya no había guerra (contra el narco). Sí, la hay, y se maneja muy similar a los sexenios anteriores”, precisó en una conferencia de prensa Alicia Franco, coordinadora del equipo de datos de Data Cívica.

Por su parte, AMLO ha reiterado que él aplica una política de “abrazos, no balazos” y que su estrategia contra el crimen organizado tiene su fundamento en políticas sociales.

En tanto que, en el 98.9 % de los 58,183 hechos violentos registrados en el país y que fueron recopilados en el informe, en los que perdieron la vida 70,898 personas, las autoridades reportaron que al menos uno de los muertos era un “presunto delincuente”, sin tener la información suficiente para clasificarlos de esta forma.

Si se toma en cuenta que entre 2017 y 2020 hubo 130,583 homicidios, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi), esto significa que el Gobierno atribuye el 54.2 % de ellos a la lucha contra el narcotráfico.

Además, tan solo en el 5.4 % de los casos se registró a qué grupo delincuencial supuestamente pertenecía la víctima; mientras que en el 52.6 % se anotó su nombre; así como también en el 73 % se incluyó el calibre del arma empleada; y en el 22.3 % se reportaron acciones de seguimiento legal.

Así mismo, la información sobre los eventos, que es de por sí escasa, se reduce aún más cuando es como resultado de un enfrentamiento en el que las autoridades dispararon.

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Siendo así, que el nombre de la víctima tan solo aparece en el 36 % de los casos, y el calibre y el seguimiento legal en el 8 %.

“Cuando están presentes (las autoridades), el reporte empeora. Y si reconocen que emplearon armas de fuego, es aún peor”, expresó Franco.

En este sentido, con esta ocultación de información, continuó la coordinadora de Data Cívica, las autoridades criminalizan a civiles y justifican, minimizan o encubren la participación del Estado en sucesos violentos.

Continuando con esa estrategia, señala el informe, los homicidios que están vinculados al crimen organizado aumentaron 11 puntos porcentuales durante el sexenio de López Obrador, no obstante a que solo hay información de sus dos primeros años en el poder.

“Se ha apostado por una política de guerra y estos diagnósticos nos dicen que (las autoridades) tienen que sustentar la idea de que las Fuerzas Armadas estén en la calle”, detalló Mónica Meltis, directora de Data Cívica.

ESTA ESTRATEGIA ES UNA CONTINUACIÓN DE SEXENIO ANTERIORES

Tanto Data Cívica como Intersecta, opinan que esta base de datos es una continuación de la que fue recopilada en los sexenios de los expresidentes, Felipe Calderón (2006-2012), quien decidió declarar la llamada “guerra contra el narco”, y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Es con base con eta información, profundizaron, la base de las estrategias de seguridad pública de López Obrador.

“La base de datos es la misma, la misma categorización estigmatizante, e incluso se ha profundizado”, acentuó Meltis.

¿IMPORTAN LAS VÍCTIMAS?

En opinión de Estefanía Vela, directora de Intersecta es con dicha estigmatización de las víctimas que el Estado mexicano pretende instaurar una narrativa en la que “la gran mayoría de las víctimas no importen”.

Por otra parte, en todos los eventos en los que tuvo participación alguna autoridad en un cruce de fuego, el 9.3 % del total, se registraron como “agresión”, dando a entender que fueron ellos la parte agredida y que simplemente repelieron un ataque.

Asimismo, esto sucede incluso en los casos en que los que la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobaron que las autoridades asesinaron civiles.

“Esta narrativa de que (los miembros del crimen organizado) se matan entre ellos no es nueva, y se utiliza para librarse de responsabilidad en muchos de estos homicidios”, concluyó Franco.

Con información de la Agencia EFE.