Gobiernos de MC contrataron a empresario relacionado con el CJNG

CIUDAD DE MÉXICO- En marzo de 2014, Alejandro de León de la Mora se presentó en las oficinas del notario Enrique Casillas, en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para constituir la empresa Materiales para Construcción Algu, S.A. de C.V., y así quedó asentado en el acta notarial.

Tres años después, con esa empresa empezó a obtener contratos de obra pública: 32 en total entre 2017 y 2021. La suma de los trabajos fue de 53.9 millones de pesos. Sólo uno fue asignado por licitación pública nacional; el resto, por adjudicación directa o invitación.

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En aquellos años, Tepatitlán de Morelos, municipio de los Altos Sur de Jalisco, estaba gobernado por el partido Movimiento Ciudadano, primero por Héctor Hugo Bravo Hernández (2015-2018) y después por María Elena de Anda Gutiérrez (2018-2021). El gobierno estatal de Enrique Alfaro corrió a partir de diciembre de 2018.

Mientras la empresa contratista realizaba la construcción de líneas eléctricas y alumbrado público en el municipio, Alejandro de León también participaba en negocios ilegales en Centro y Sudamérica, según se lee en informes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia y en acusaciones de los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos, que pudieron ser consultados gracias a la filtración de más de 13 millones de documentos realizado por el grupo de hacktivistas autodenominado Guacamaya (el mismo que filtró los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional en México) y que sistematizó el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), llamado #NarcoFiles.

Para comprobar la identidad de Alejandro de León se compararon documentos oficiales, como la CURP, pasaporte, fecha de nacimiento y RFC.

La Fiscalía de Colombia realizó una investigación a partir de una alerta de Reino Unido. También se coordinó con Estados Unidos. Este último país solicitó una parte de la estructura en extradición.

”Entre enero de 2015 y abril de 2018, o alrededor de dichas fechas, siendo ambas fechas aproximadas, e inclusive dentro de la jurisdicción extraterritorial de Estados Unidos, los acusados Antonio José Ardila Torres, alias Coro y El Coronel; Alirio Lancheros Pinilla, alias Canas (...) y Alejandro de León de la Mora, alias El Güero, junto con otras personas, a sabiendas e intencionalmente concertaron para distribuir una sustancia controlada (...) cocaína”, según se lee en la acusación del gobierno estadounidense.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirma que “una investigación realizada por las autoridades del orden público identificó una organización de tráfico de drogas (DTO) que ha operado a lo largo de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica desde al menos 2015, que es responsable de la importación de grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos a través de Centroamérica y/o México y Europa. La DTO opera en Colombia, Venezuela, Costa Rica, México y en otras partes, y tiene lazos con varios cárteles de droga”.

LA OPERACIÓN COOPER

Fue en 2021 cuando la policía colombiana inició una operación de vigilancia con el nombre clave Cooper, tras recibir un pitazo de los servicios de inteligencia de la Embajada del Reino Unido.

Alejandro de León, alias El Güero, había arribado a Colombia y se hospedaba en un hotel céntrico de Bogotá. Tenía programada una reunión en un restaurante ubicado en el barrio de Usaquén con un grupo delictivo que encabezaba un exmilitar: José Ardila Torres, conocido como Coro o Coronel.

A la reunión llegó acompañado por narcotraficantes mexicanos que las autoridades colombianas ubicaron como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según información de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, Alejandro de León era el enlace con grupos delictivos colombianos dedicados al tráfico de cocaína que salía de ese país sudamericano, subía por Centroamérica y cruzaba México para llegar a su destino final en Estados Unidos.

En noviembre del año pasado EL UNIVERSAL publicó la historia de la Operación Cooper, que concluyó con la detención de 12 integrantes de la célula criminal. Alejandro de León no estuvo entre los detenidos.

”Lo que se sabe acá, cuenta un habitante de Tepatitlán consultado bajo la reserva de su identidad es que Alejandro de León trabajaba con el grupo”. La persona con la que se habló evitó mencionar las cuatro letras del grupo criminal de mayor crecimiento en los últimos años en México: el CJNG.

Lo que está en documentos es que en julio de 2022 Alejandro de León donó las acciones de su empresa a un familiar y dejó la sociedad. No hay movimientos notariales posteriores en la empresa que estén reflejados en los registros de la Secretaría de Economía.

Se buscó a Alejandro de León para conocer su versión sobre estos datos, pero no pudo ser localizado.

LOS CONTRATOS

Aunque se constituyó en 2014, fue hasta tres años después que la empresa empezó a obtener contratos, primero con la renta de maquinaria para el desazolve del río Pegueros y al poco tiempo con contratos para hacer pavimentación.

Todos los contratos que los representantes de la empresa firmaron en 2017 fueron por adjudicación directa, de acuerdo con información que se obtuvo a través de una solicitud de información y con documentos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ese año la empresa facturó un total de 6.06 millones de pesos al municipio. En 2018 consiguieron facturar 37.1 millones de pesos.

De los contratos por adjudicación directa, nueve están firmados por el emecista Héctor Hugo Bravo Hernández y sólo uno, destinado a la construcción del parque Alameda, corrió por cuenta de la administración de la también emecista María Elena de Anda Gutiérrez.

El de 2019 fue un año con muy pocos ingresos para la empresa por parte del gobierno municipal, pues sólo recibió dos extensiones de contratos por 323 mil pesos.

Entre 2020 y 2021 lograron 12 contratos de obra pública, pero lejos de los montos que obtuvieron con Bravo Hernández, pues en conjunto lograron 10.4 millones de pesos.

En 2021 fue el último año en el que la empresa Materiales y Construcciones Algu obtuvo contratos con las administraciones emecistas, pues el PAN logró la alternancia de gobierno en Tepatitlán con el arribo del alcalde blanquiazul Miguel Ángel Esquivias Esquivias, y dejó de contratar a la empresa.

Se solicitó entrevista con el director de Obra Pública de la actual administración municipal de Tepatitlán y con el presidente suplente, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta a la petición.

”ES UNA BUENA EMPRESA”

En enero de 2019, tras concluir su trienio como presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, médico de profesión, se integró al gobierno del emecista Enrique Alfaro Ramírez, con lo que quedó al frente de la coordinación de los programas de Salud Municipal en la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. En abril del año pasado fue nombrado titular de la Dirección General del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, el ente administrativo de la Secretaría de Salud.

Y a principios de este año, cuenta en entrevista, regresó a Tepatitlán tras ser nombrado otra vez candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal.

Cuestionado sobre los contratos que su administración entregó a Materiales para la Construcción Algu, dijo que la contrató porque Alejandro de León “es un empresario que ayudó mucho a Tepa: siempre invertía en obras de muy buena calidad”. También se buscó a María Elena de Anda Gutiérrez, pero no pudo ser localizada.

EL DATO

53.9 millones de pesos obtuvo en contratos la empresa Materiales para Construcción Algu, la mayoría por adjudicación directa.