Gobiernos y partidos siguen opacos, solo 23% cumple con la transparencia
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De 23 instancias de gobierno vinculadas al Ejecutivo y a la Administración Pública Federal, sólo la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Hidrocarburos han iniciado el proceso para publicar la información que les ordena la ley de transparencia
Un año y medio no fue suficiente para que la Oficina de Presidencia o las diferentes Secretarías de Estado a nivel federal ordenaran y publicaran la información que, por ley, están obligados a poner a disposición de cualquier ciudadano.
Aunque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se promulgó en mayo de 2015 y desde entonces notificó a las oficinas de gobierno su obligación de publicar datos de gestión y uso de recursos públicos en sus sitios web, una revisión de éstos muestra que en el gobierno federal no hay avances.
Ninguna Secretaría de Estado tiene disponible la información que debería ser publica y transparente, según una evaluación realizada por la organización Iniciativas Humanas y Sociales A.C.
De 23 instancias de gobierno vinculadas al Ejecutivo y a la Administración Pública Federal, sólo la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Hidrocarburos han iniciado el proceso para publicar la información que les ordena la ley, aunque todavía no tienen los datos completos.
Esto a pesar de que el primer plazo para cumplir con las obligaciones en transparencia venció el pasado 5 de mayo y todavía hubo un segundo término que concluyó este 4 noviembre.
El incumplimiento en transparentar información —a la que están obligados más de 800 instancias de gobierno de los tres niveles: federal, estatal y municipal— llevó al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia a aprobar un nuevo plazo: el 4 de mayo de 2017.
Leer: Por segunda ocasión, gobiernos, partidos y sindicatos ignoran plazo para transparentar información
¿Qué arrojó la revisión?
La evaluación de Iniciativas Humanas y Sociales A.C. contempló a 193 sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno.
De éstos, el 77% no tiene la información ordenada y publicada según indica la Ley General de Transparencia.
Además de las Secretarías de Estado y la Oficina de la Presidencia que incumplieron con los dos plazos, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicación o el mismo Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fallaron con esta obligación.
La ley indica que las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno deben publicar y actualizar cada tres meses en su sitio web y en la Plataforma Nacional de Transparencia información como salarios y prestaciones, viáticos, contratos, deuda pública, reglamentos o gasto en comunicación social. Deben hacerlo en formato de datos abiertos y con el “máximo desglose posible”.
Sólo cumplen 3 gobiernos estatales y 4 partidos políticos nacionales
La evaluación contempla también a los partidos políticos nacionales. De éstos, ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Social han avanzado en transparentar información pública, según las nuevas obligaciones que marca la legislación en la materia.
El Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, ya tienen públicos los datos correspondientes.
En cuanto a los gobiernos estatales, Colima, Michoacán y Tamaulipas son los únicos tres de los 32 estados con información disponible y armonizada.
Hidalgo muestra avances, pero el resto de los estados no ha trabajado para cumplir con la legislación.
A nivel municipal, la evaluación de Iniciativas Humanas y Sociales A.C. incluyó a los 47 municipios más poblados del país, que cuentan con al menos medio millón de habitantes cada uno.
De éstos, sólo 10 cumplen con sus obligaciones en transparencia: los municipios de Mérida, Chihuahua, Querétaro, León, Iztapalapa, Saltillo, Tlalpan, Tlaquepaque, Reynosa y Matamoros.
El estudio también revisó los poderes Legislativo y Judicial estatales, donde poco menos de la mitad de los sujetos obligados cumplieron.
En junio de 2016, sólo 10 sujetos obligados tenían información pública y ordenada. Cinco meses después, son apenas 39.
