Imputarán nuevo delito a Juan Collado, este miércoles será su audiencia
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Será un nuevo delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con funcionarios federales
El abogado Juan Collado Mocelo será imputado por la Fiscalía General de la República por un nuevo delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con funcionarios federales, convirtiéndose en la segunda causa penal en su contra.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Preventivo Norte citó a las 10:00 horas de mañana, para la celebración de la audiencia inicial.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la audiencia fue solicitada por la Fiscalía General de la República para imputarle un nuevo delito.
El litigante fue detenido en julio de 2019 y actualmente enfrenta un proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por este caso, la FGR solicitó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, el 5 de febrero de este año, que se declare penalmente responsable a Collado porque puso “en peligro el sano desarrollo de la economía nacional”, al omitir reportar ganancias derivado de la participación en la empresa Libertad Servicios Financieros.
La fiscalía considera que Juan Collado “se sitúa en un grado de culpabilidad superior a la (pena) mínima”, al tomar en consideración la afectación a los bienes, las circunstancias personales en las que se encontraba al momento del hecho delictivo, “como un abogado de prestigio nacional, miembro de grupos sociales cercanos a personalidades del poder”, circunstancias que lo obligaban a comportarse de distinta manera.
En la acusación escrita, la FGR aseveró que a través de Libertad Servicios Financieros se realizaron transferencias financieras a España, Andorra y otras partes de Europa, sin comprobar la procedencia de los recursos, además de que simuló la compra de otras compañías.
A partir de una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera, se acusó a Collado y a otras personas de conformar un “grupo delictivo” que, desde hace nueve años, bajo un reparto de funciones esenciales, lograron vender ficticiamente una propiedad que fingieron adquirir y no les pertenecía.
