Investigan a Raúl Beyruti Sánchez, “El Rey del Outsourcing” por una supuesta defraudación fiscal por más de 77 mdp

CIUDAD DE MÉXICO- Prófugo de la justicia por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 4.3 millones de pesos, el empresario tiene en curso dos carpetas de investigación por el supuesto fraude al fisco, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Una de ellas es por la presunta defraudación del pago del ISR en el ejercicio fiscal de 2018, por un monto de 57 millones 41 mil 588.31 pesos, y otra por el mismo impuesto, aunque correspondiente al ejercicio 2017, por la suma de 20 millones 750 mil 645.13 pesos.

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Ambas indagatorias iniciaron por querellas presentadas el 28 de septiembre y el 14 de octubre de 2022 por Diego Mauricio Ríos Esquivel, director de Investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal de la Procuraduría Fiscal de la Federación, según informes de la Secretaría de Hacienda.

Las carpetas de investigación están a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la FEMDO.

Hasta donde se pudo verificar, por el momento el Ministerio Público Federal no ha judicializado ninguno de esos casos, es decir, no ha pedido la orden de aprehensión o un citatorio a un centro de justicia, para que Beyruti comparezca a una audiencia de imputación.

La defraudación fiscal no se encuentra dentro del catálogo de delitos con prisión preventiva de oficio, es decir, en principio un imputado por este ilícito puede llevar su proceso en libertad.

Beyruti, sin embargo, se encuentra evadido de la justicia desde el 27 de septiembre de 2021, cuando un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, instruyó su aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El problema para el empresario es que a fines de febrero un tribunal colegiado le negó el amparo contra dicho mandamiento de captura, que incluye un delito -la delincuencia organizada- con prisión preventiva de oficio.

Es decir, continúa vigente la orden de captura y no puede suspenderla con una demanda de amparo.

Desde el año pasado, se aprobó una jurisprudencia regional que prohíbe aplicar la prisión oficiosa, sin embargo, no todos los impartidores de justicia del Edomex, donde se encuentra la causa penal de Beyruti, obedecen ese criterio en teoría obligatorio.

En el caso por el que se ordenó su aprehensión, la FGR imputa al empresario haber recibido en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de cuatro “factureras”, entre 2014 y 2017.

Las empresas Pioneros en Administración S.A. de C.V., Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V., Tikhvin, S.A. de C.V., Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V. y Global Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V, le hicieron los depósitos por concepto de honorarios asimilados.

Constituidas entre el 2008 y el 2015 en San Luis Potosí, Cancún, Isla Mujeres y la Ciudad de México, la FGR asegura que todas son empresas “de papel” y que sus depósitos habrían sido operaciones simuladas.

Por Abel Barajas, Agencia Reforma.