Procuradora de Tlaxcala fabricó un secuestro, para presumir lucha anticorrupción
Desde hace más de un año siete expolicías de Tlaxcala están presos y acusados de secuestro exprés, pero la víctima rescatada reconoció que eran inocentes, y fotos demuestran que no estaban en el lugar de los hechos.
“La basura se va dónde debe estar, afuera…”
Con esas palabras, la procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso anunció la noche del 21 de enero del 2015 que acababa de detener un grupo de policías estatales a los que en ese momento acusó públicamente de secuestrar a cuatro personas. ”Vamos a tener mano dura…. El gobernador es un hombre de resultados” dijo la funcionaria tras encabezar las capturas y el rescate de una de las presuntas víctimas.
Pero la evidencia posterior a la detención presentada en el juicio revela que la acusación en realidad es falsa, y según la defensa, fabricada.
La “víctima rescatada” por la procuradora reconoció ante el juez que nunca estuvo secuestrado ni fue salvado, era “completamente falso” que los policías le hubieran hecho algo, por lo que a los detenidos debía considerárseles “inocentes”.
Los otros tres casos de secuestro tampoco se han demostrado en el juicio porque una de las personas murió en un accidente, mientras que los otros dos no han testificado ya que cuando llegan al juzgado, el Ministerio Público no se presenta. La audiencia, se ha tenido que posponer tres ocasiones por lo menos.
Estas acusaciones, que la procuradora dijo que ya existían contra los policías antes de su captura, en realidad se presentaron después de la detención pues de acuerdo con el expediente, las víctimas reconocieron a los agentes por sus fotos publicadas en el periódico tras ser consignados.
No es todo. Fotos que también se publicaron en la prensa, confirman que varios de los policías acusados estaban en un operativo por un intento de linchamiento, en el mismo momento en que según la Procuraduría llevaban secuestrada a la supuesta víctima.
Entre esos policías se encuentra el Delegado de la Policía Estatal en Apizaco, Juan Yáñez Osornio, que según su abogado fue obligado con golpes y maltratos a firmar una declaración falsa. La constancia médica de la propia Procuraduría revela que dicho agente fue consignado con lesiones severas y un peritaje psicológico que presentaba rasgos de tortura.
“No estamos hablando de un caso cualquiera, sino una detención que encabezó una procuradora de este país, una de las autoridades máximas, sin que mediaran preceptos constitucionales (…) a esto se suma la noticia criminal de que hubo supuestos actos de tortura y la procuraduría tiene por distintas razones investigar el caso, pero no ha movido ni un solo dedo” dijo Jorge Lara, defensor de Yáñez
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene abierta una investigación por la presunta tortura que padecieron varios de los agentes detenidos, mientras que un juez federal integra una demanda de amparo en contra del auto de formal prisión dictado contra los policías.
Animal Político solicitó a la Procuraduría de Tlaxcala una entrevista con la procuradora con varias preguntas por anticipado en torno al caso. Solo se recibió un posicionamiento en respuesta, en el que la dependencia sostiene que respetarán la determinación que tome el juez responsable del proceso.
El caso oficial
El 21 de enero siete elementos de la Policía Estatal fueron detenidos por agentes ministeriales encabezados por la procuradora Alicia Fragoso. Entre los aprehendidos estaba el mismo director de la Policía Estatal (segundo en la escala jerárquica por debajo del comisionado) José López Pérez, el delegado en Apizaco Juan Yáñez Osornio, y cinco elementos más.
En la entrevista que dio esa misma noche, Fragoso dijo que ya tenían una investigación abierta por cuatro denuncias de secuestro exprés y que tras una persecución habían logrado rescatar a una de las víctimas. Advirtió que haría una “limpieza” de todos los malos elementos, e incluso dijo que se haría presión para que “jueces corruptos” no los liberaran
Tres días después, la procuraduría anunció que consignaba a los siete policías por secuestro exprés y reiteró que una víctima (Gesarel Hernández Santa Cruz de 19 años) fue rescatada. Después se integraron tres acusaciones más de personas que supuestamente reconocieron a los policías por una foto en el periódico.
La foto de los agentes detenidos apareció en la primera plana de un diario local, y también en las notas de portales de medios nacionales. En la imagen, difundida por la procuraduría, se aprecia el rostro golpeado de alguno de los capturados.
Evidencia clave
En los meses posteriores a la consignación, la defensa de los acusados ha presentado evidencia que desvirtúa el caso. Los abogados de Yáñez Osornio entregaron copia de todos los elementos a Animal Político.
En primera instancia se demostró que la detención no fue en flagrancia, ni con orden de aprehensión. La declaración ante el juez del entonces Comisionado estatal de la Policía, Orlando May Zaragoza, quien estuvo presente en los hechos, evidencia como la procuradora justificó la captura.
“Le preguntaron (los agentes) a la señora procuradora que por qué los detenía. Al verse muy cuestionado solo dijo que los detuvo por el simple derecho de ser la procuradora” narró el comisionado, quien a la postre terminó renunciando al cargo.
Luego la defensa demostró que la narración de los hechos era inverosímil. Según la “confesión” de Yáñez (que se alega fue obtenida con tortura) la tarde del 21 de enero él junto con elementos a su mando retuvieron a Gesarel Hernández en Apizaco, y por varias horas no lo dejaron ir hasta que entregó dinero y droga.
Pero distintos documentos, entre ellos fotografías publicadas en la misma prensa un día después de las detenciones, demuestran que Yáñez y sus agentes no estaban en Apizaco secuestrando a alguien sino en Santa Apolonia Teacalco, a donde llegaron en apoyo por un intento de linchamiento. Desde ahí se desplazaron a s cuartel tras ser notificados de la presencia de la procuradora.
El 11 de agosto de 2015 la defensa consiguió que el joven presuntamente rescatado por la procuradora testificara tanto en un juicio de amparo como en el proceso principal. Lo hizo por escrito para desmentir la acusación.
“Manifiesto que ni el día veintiuno de enero del 2015 ni en ninguna otra fecha he sido víctima de ningún secuestro, ni de levantón, ni de extorsión alguna; ni tampoco he sido rescatado ni en esa fecha ni en ninguna otra” dijo Gesarel.
Gesarel dijo además que era falsa la declaración que firmó en la Procuraduría en donde señaló que los policías se lo habían llevado el 21. Aclaró que el colaboraba con ellos voluntariamente, dándoles datos de puntos de venta de droga.
“Si a alguna persona se le ha detenido por la realización de actos de supuesta agresión, secuestro, robo, privación de la libertad u otras conductas en mi contra, debe considerársele inocente” concluye Gesarel.
Justicia postergada
Además del caso de Gesarel, los siete expolicías están acusados del secuestro exprés de otras tres víctimas, una de las cuales falleció en un accidente vehicular por lo que ya no puede ratificar su dicho.
Las otras dos personas que son una pareja, fueron ubicadas también a petición de la defensa para que se presenten a declarar pero la audiencia se ha pospuesto ya en tres ocasiones debido a la ausencia del Ministerio Público.
“Han acudido al juzgado con la intención de declarar que no fueron secuestrados pero en el momento en que llegan desaparece el agente del MP. Esto es increíble dado que el Ministerio Público debería ser el principal interesado en que las víctimas puedan robustecer su caso y promover pruebas” dijo el abogado de Yáñez.
El defensor advirtió además que estas tres acusaciones atentan contra los derechos humanos de su cliente y demás procesados, pues se sustentan en un supuesto reconocimiento hecho sobre la exhibición pública de los detenidos, que es una violación al principio de presunción de inocencia.
Dado que según la defensa no hay otras pruebas en el expediente en contra de Yáñez (quien de hecho tiene reconocimientos por su labor y había superado el control de confianza como los demás implicados) es indispensable desvirtuar las declaraciones de las victimas antes de pedir el cierre de pruebas y se dicte sentencia.
Tortura ignorada
En su declaración ante el juez Yáñez Osornio dijo que fue torturado con múltiples golpes, cortes en las muñecas y toques eléctricos. Esto para que firmara o pusiera una huella en una declaración de culpabilidad.
El dictamen de integridad física que la Procuraduría de Tlaxcala incluyó en la consignación de Yáñez, firmado por la médico legista Paula Andrade, confirma que el comandante presentaba “lesiones que tardan en sanar más de 15 días”, o sea de consideración.
Luego, un dictamen piscológico realizado por una perito en esa materia designada por el juzgado, establece que el comandante presenta un cuadro de trastornos compatible con quien ha sido víctima de tortura. La prueba física, que falta para completar el llamado protocolo de Estambul, no se ha realizado porque el juzgado no ha encontrado peritos en criminalística disponibles.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará en próximos días los estudios correspondientes sobre tortura a Yáñez. En el caso de otros tres detenidos, ya se hizo y el resultado fue positivo.
Pese a esto, la defensa dice que no ha sucedido nada y ni siquiera la procuraduría ha iniciado la averiguación para indagar los posibles actos de tortura.
“En esos momentos donde todo mundo está volteando a ver a México por las crisis de derechos humanos no se ha abierto una sola averiguación o acta circunstanciada ni se ha citado a los elementos a declarar (…) Hay directrices de que a la primera noticia incriminatoria de tortura, las autoridades tienen que actuar pero aquí no ha ocurrido” dijo el abogado Lara Rivera.
Silencio y drama
Animal Político buscó a la Procuraduría de Tlaxcala con varias preguntas sobre el caso, entre ellas que otros elementos además de las declaraciones existían y porque el MP no se presentaba en las audiencias. A través de Comunicación Social la dependencia respondió que no se podía dar una entrevista, pues el caso no se litigaría en los medios.
“Vamos a respetar el procedimiento que se lleva a cabo en este momento y no daremos comentario mayor en otra vertiente. Es el juez a quien le tocará determinar y nosotros nos vamos a reservar. Seguimos aportando pruebas y respetaremos la opinión del jue” indicó la dependencia.
La procuraduría no detalló a que pruebas se refería ni dio algún otro detalle.
Araceli Gómez, esposa de Yáñez, lamentó que lo que calificó como “un caso fabricado” haya terminado con la carrera de su pareja, quien llevaba más de 20 años de una trayectoria policial “intachable”, sin ningún antecedente negativo y por el contrario, con varios reconocimientos a la eficiencia.
Explicó que cuando pudo hablar con su esposo luego de la detención, este le narró todos los maltratos que recibió y la forma en como lo torturaron, al punto en que le entintaron el dedo cuando ya estaba inconsciente, para poner su huella en la declaración que el atribuyeron y luego desmintió.
Aunque no tiene duda de que terminarán demostrando la inocencia de su esposo, Araceli señaló que el daño ya está hecho en todos los sentidos. De entrada tuvieron que vendar prácticamente todo el patrimonio con el que contaban para costear su defensa.
“Todo nuestro patrimonio ya se fue en esto. Los papas de mi esposo y mis papas están ayudando. El ya no quiere ser policía cuando esa era su vida. Yo estaba estudiando Derecho pero me tuve que salir también porque ya no había dinero y la verdad se me quitaron las ganas. A nosotros y a las familias de los demás policías nos han destrozado la vida” dijo.
Apenas el pasado 4 de marzo los familiares se manifestaron afuera de la procuraduría de Tlaxcala para exigir que ya no retarden más el juicio y las audiencias. Pero ni en esta ocasión ni en otra fueron recibidos por la procuradora.
-¿Y tú no has buscado hablar con ella directamente? – se le pregunta a Araceli Gómez
– La verdad no, le tenemos miedo… no dudaría que a mí también me fabrique algo.
