Salvador Cienfuegos, ‘fugitivo’ desde agosto de 2019 en pesquisa de la DEA
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El gobierno mexicano pedirá a Washington el expediente contra el ex titular de Sedena
Desde las primeras semanas del año, el gobierno de EU estaba “trabajando en diferentes opciones para detener” al general Salvador Cienfuegos Zepeda, pese a “no tener un calendario” para hacerlo.
Según documentos desclasificados tras la detención del mando militar, en una reunión informativa celebrada a las 10 de la mañana del viernes 17 de enero pasado, en la que se refieren a él como “Salvatore Zepeda”, le refrendan la etiqueta de “fugitivo”.
De hecho, en ese momento se cumplían cinco meses desde que el 14 de agosto de 2019 fueran ingresadas en la corte del distrito este neoyorquino (EDNY) el dictamen y la orden de detención .
En la acusación, firmada por el fiscal Richard Donahue, se acusa a Cienfuegos Zepeda —también identificado como El Padrino— de cuatro cargos, tres de ellos por conspirar para manufacturar, distribuir e importar mariguana, cocaína, metanfetaminas y heroína, y uno más por lavado de dinero.
El 16 de julio de 2020, en uno de los primeros documentos que firmó como fiscal general del EDNY, Seth DuCharme actualizó el plan para atrapar al general mexicano.
Informó a la juez Carol Bagley Amon que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) ya habían detectado que Cienfuegos Zepeda, que se encontraba en México y que “la última vez que había cruzado a Estados Unidos fue en 2019”, en los meses previos a que su acusación estuviera lista.
Aclaró que los agentes de la DEA continuaban “intentando localizar y arrestar al acusado”. Sin saberlo, el ex secretario de Defensa les facilitó el trabajo a quienes planeaban arrestarlo, al viajar a Los Ángeles, California, el 14 de octubre pasado.
También se liberó la orden emitida el 27 de agosto, en la que se aclara que el caso del general había sido reasignado a la juez Amon en lugar de Brian Cogan, a quien en algún momento se relacionó a dicho proceso.
En septiembre de 2019, Amon sentenció a 20 años de prisión y cinco más en custodia a Édgar Veytia, El Diablo, ex fiscal de Nayarit, asociado al grupo criminal de Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2.
En la orden de arresto se acusa al general de haber brindado protección a esa banda delincuencial a cambio de sobornos. Así, la reasignación de la juez Amon se debe a que Veytia puede ser uno de los testigos claves contra el ex titular de la Sedena.
En otro documento se informó que Michael Robotti se integraba al grupo de fiscales relacionados al caso de Cienfuegos, donde seguirá haciendo mancuerna con Ryan C. Harris, con el que ya trabaja en los casos de Genaro García Luna e Iván Reyes Arzate, que se procesan en esta misma corte. Ambos fiscales fueron parte del equipo que logró la cadena perpetua para Joaquín El Chapo Guzmán.
Molestia de México El gobierno federal solicitará a EU toda la información del juicio contra Salvador Cienfuegos para que en caso de que existan pruebas “contundentes” se le abra en México un proceso legal, así como al personal a su cargo que pudo estar involucrado en actividades delictivas, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia matutina, el mandatario aclaró que esta información se le daría a la Fiscalía General de la República, pues por ahora no hay ningún expediente abierto contra el mando militar.
Advirtió que si hay algún elemento del Ejército señalado de tener vínculos con el narcotráfico y se logra comprobar su culpabilidad será cesado y puesto a disposición de las autoridades.
El Presidente aprovechó para defender a la Secretaría de la Defensa, al explicar que aun en el supuesto de que resultara responsable el general Cienfuegos, no debe de culparse o descalificarse “de tajo” a las fuerzas armadas.
Además, dejó en claro que como comandante supremo de las fuerzas armadas, será el único vocero en torno al caso de Cienfuegos, porque es un asunto delicado y para evitar un golpeteo político injusto contra los militares.
Reprochó que en EU “sacan información y resuelven sin dar a conocer al gobierno de México lo que están investigando. Es su derecho, porque se trata de un gobierno soberano, pero también nosotros tenemos que hacer lo mismo”.
