Se amparan contra captura ex gobernador de Durango y más de 100 de sus empleados

Tras la captura, el 14 de junio pasado, de Rafael Herrera Piedra, primo del exgobernador Jorge Herrera Caldera, por presunto desvío de recursos, suman ya más de 100 amparos promovidos ante los juzgados de Distrito en Durango por parte de funcionarios de la pasada administración para evitar ser aprehendidos.

En esta cifra se incluye al propio exgobernador, Herrera Caldera; al expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolonio Betancourt, y prácticamente a todo el gabinete legal del sexenio anterior, así como exservidores de segundo y tercer nivel en diversas áreas de la administración, sobre todo en temas de finanzas, construcción y salud, que son las que han presentado mayores irregularidades.

También se amparó la extitular del Instituto de la Mujer Duranguense, la exfiscal del estado, el extitular de la Comisión Estatal de Agua, quienes fueron operadores en Desarrollo Social, y la exdirectora del DIF Estatal.

Galdino Torrecillas Herrera, consejero jurídico del estado, reveló lo anterior y precisó que hay cuatro denuncias en contra de quienes condujeron los destinos de la Secretaría de Finanzas de la administración anterior, cuya titular era Cristina Díaz Herrera, la cual presentó un recurso de amparo, pero será llamada por la justicia.

Tras las investigaciones de la Contraloría y la Consejería Jurídica, la primera detención de un exfuncionario se hizo el 1 de noviembre de 2016, y fue la exsubsecretaria de Finanzas, Leonor Gutiérrez Flores, quien fue vinculada a proceso; ella lleva un arraigo domiciliario, pero aún sigue con el proceso.

El segundo arresto se dio el pasado 14 de junio, cuando se detuvo al primo del exgobernador, Jorge Herrera, quien ya fue vinculado a proceso y se encuentra en el centro penitenciario capitalino en proceso por fraude de más de 24 millones de pesos.

El consejero jurídico Galdino Torrecillas también reveló que las investigaciones no sólo incluyen a exfuncionarios, sino que han revelado que hubo empresarios que resultaron beneficiados en la pasada administración y que estaban coludidos en actos de corrupción.

Además de la gran deuda de 15 mil millones de pesos heredada por el gobierno de Herrera Caldera, hay investigaciones por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, quienes ubicaron una falta de comprobación de 4 mil millones de pesos