Segob formaliza petición de datos biométricos; INE no los otorgará, alega

Los datos personales de los más de 90 millones mexicanos los “cuidarán celosamente” y  no serán entregados, dijo el consejero del INE, Lorenzo Córdova, tras la petición formal que realizó Olga Sánchez Cordero, de solicitar al instituto electoral los datos de los ciudadanos.

A través de su cuenta de twitter, el funcionario electoral declaró que "las y los consejeros del INE le manifestamos la imposibilidad legal de que el Instituto entregue los datos personales de las y los ciudadanos que resguardamos".

De  igual manera, dio a conocer que los consejeros del Instituto se reunirán con la Secretaría de Gobernación para conocer las propuestas de la Segob “con la mejor voluntad de colaborar, pero con una premisa y convicción”, y expone que acordaron iniciar un diálogo para analizar qué rutas legales son viables para "garantizar el derecho a la identidad sin vulnerar la protección de los datos personales que las y los ciudadanos le confiaron al INE y que nosotros celosamente protegemos".

Recordemos que la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) acceso a la base de datos biométricos de 90.1 millones de ciudadanos que posee el Padrón Electoral, ya que, alegó, se busca evitar el robo de identidad agregando los datos a la Clave Única de Registro de Población (CURP), sin embargo esta explicación no convence a distintos sectores.

Según García Ricci, sólo hay dos maneras en las que la información podría ser compartida con el gobierno federal. La primera sería crear una ley en la que al INE se le obligue a hacerlo, ya que de otra manera se estaría violentando la finalidad de la Ley General de Protección de Datos Personales.

La segunda sería que cada mexicano que cuente con una credencial de elector firme un consentimiento. Este indicaría que sus datos se utilizarán con un fin distinto al de consumar su derecho democrático de votar por sus representantes.

No obstante, el catedrático advirtió que los datos en manos de las autoridades podrían ser usados con fines anti democráticos como la persecución a opositores y activistas que vayan en contra de su ideología.

(Con información de Infobae y agencias)