Promete SCJN imparcialidad a científicos acusados por FGR
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CDMX.- Al reunirse con una comisión de los 31 investigadores y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico —acusados por la FGR de peculado, “lavado” de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada—, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, advirtió que el Poder Judicial de la Federación “seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”.
Tras el encuentro privado, José Franco, maestro y doctor en Física por la Universidad de Wisconsin-Madison, sostuvo que el presidente de la Corte se reunió con los integrantes de la comunidad científica “porque él aprecia el trabajo de los científicos de México”, dijo.
En el encuentro participaron otros cuatro de los 31 científicos y exfuncionarios acusados por la fiscalía: Enrique Cabrero, doctor en Ciencias de Gestión por la Escuela H.E.C. en Francia, quien se desempeñó como director general del Conacyt de 2013 a 2018; Julia Tagüeña, doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt de 2013 a 2018 y coordinadora general del foro de 2019 a 2020.
También estuvieron presentes Gabriela Dutrénit, doctora en Economía de la Innovación por la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, Inglaterra, y coordinadora del foro entre 2012 y 2014, así como Rodrigo Roque, doctor en Derecho, quien fue director adjunto de Asuntos Jurídicos del Conacyt en 2013 y 2014.
“Nosotros solicitamos la reunión porque creíamos que era importante manifestarle nuestro agradecimiento por el manejo tan profesional e imparcial que hubo por parte del juez que atendió nuestro caso. Consideramos que el Poder Judicial ha tenido un desarrollo claramente diferente a lo que conocemos en la historia”, indicó José Franco, quien fuera coordinador general del foro de 2014 a 2018.
La reunión se llevó a cabo luego de que el juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, negara en dos ocasiones que se giraran órdenes de aprehensión contra los 31 integrantes de la comunidad científica.